Fotomontaje de Cordópolis
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba ha iniciado una investigación judicial a raíz de una querella presentada por Hartmann & Morato Sports S.L., antigua Bitton Sport, acreedora del Córdoba CF SAD, según adelantó Cordópolis en una información que firman Nacho Serrano y Álex Jiménez.
La empresa querellante cuestiona la legalidad de la operación mediante la cual la Unión Futbolística Cordobesa SAD adquirió la unidad productiva del club y pasó posteriormente a competir bajo la denominación de Córdoba CF.
La querella, a la que ha tenido acceso Cordópolis, denuncia posibles delitos de administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Entre los querellados figuran Luis Rubiales, Alejandro Blanco, Javier González Calvo, Francisco Estepa y diversas personas y sociedades relacionadas con la actual propiedad del club.
La tesis principal de los querellantes es que la operación permitió trasladar los activos deportivos y comerciales más valiosos a una nueva sociedad, mientras las deudas permanecían en la antigua entidad concursada. Según esta versión, los acreedores resultaron gravemente perjudicados, ya que debieron asumir importantes quitas y largos plazos de espera para recuperar sus créditos.
La querella también pone en duda la rapidez con la que se tramitó el concurso de acreedores y la posterior venta de la unidad productiva tras la detención de Jesús León en 2019. Los denunciantes consideran que dicha celeridad podría indicar que la operación estaba preparada con anterioridad.
Otro de los argumentos centrales es la supuesta falta de transparencia en el proceso de venta. Se sostiene que existieron otros potenciales compradores dispuestos a presentar ofertas superiores, pero que no tuvieron acceso efectivo a la información necesaria para competir en igualdad de condiciones. Por ello, se cuestiona que el precio pagado reflejara el valor real del club.
Uno de los aspectos más novedosos de la querella es la atención que presta al papel de la RFEF, presidida entonces por Luis Rubiales. Según la denuncia, la Federación pasó de rechazar inicialmente la inscripción de la nueva sociedad a autorizar finalmente su participación como Córdoba CF. Los querellantes consideran que este cambio de criterio pudo producirse por la intervención de personas con capacidad de influencia institucional.
En descargo de Luis Rubiales, conviene recordar que en aquella época la RFEF se opuso a la venta pero fue requerida por el Juzgado para que admitiera la venta de la unidad productiva del Córdoba y la inscripción de la entidad adquirenre con la denominación de Córdoba CF. El juez rechazó el recurso de la RFEF contra la venta.
En cuanto a Alejandro Blanco, la querella le atribuye un supuesto papel de intermediación entre los inversores vinculados a Baréin, los gestores de la nueva entidad y Luis Rubiales. Para sostener esta hipótesis se citan reuniones, viajes y conversaciones difundidas por distintos medios de comunicación que, según la parte denunciante, apuntarían a gestiones destinadas a facilitar la inscripción federativa.
En descargo de Alejandro Blanco, por lo que hemos sabido en IUSPORT, su actuación se limitó a poner en contacto a los interesados sin ninguna intervención adicional en la operación económica.
Asimismo, se cuestiona la actuación del administrador concursal Francisco Estepa, al entender que habría favorecido a la sociedad compradora en perjuicio de la sociedad concursada y de sus acreedores.
Por último, la denuncia solicita investigar el origen de los tres millones de euros empleados en la operación, al considerar que existen incógnitas sobre la procedencia de los fondos y sobre la identidad real de los inversores que respaldaban a la nueva sociedad. Por ello, se plantea la conveniencia de analizar un posible delito de blanqueo de capitales.
Conviene recordar que la apertura de diligencias no supone que los hechos estén acreditados ni que exista responsabilidad penal de los querellados. Significa únicamente que el juzgado aprecia indicios suficientes para iniciar una investigación y determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal o deben ser archivados.
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