Antonio Aguiar Martes, 19 de Diciembre de 2023

Uribes, un exministro que debe desarrollar "su" ley como secretario de Estado

El mundo del deporte no lloró en julio de 2021 la salida de José Manuel Rodríguez Uribes del Gobierno. Gracias a "su" ley, entonces en tramitación, los deportistas y clubes quedaban expuestos, y así se ha confirmado, a la mayor indefensión que se conoce desde que "Él habitaba entre nosotros" (Franco, el que sólo respondía ante Dios y la Historia, no el expresidente del CSD).

El anteproyecto anunciado entonces por Uribes, que lamentablemente se convirtió en Ley, cayó en el gran error de demoler un sistema que había funcionado razonablemente bien desde 1990, no por convicción (él no procedía del deporte), sino por la influencia de dirigentes que tienen nombre y apellidos"; uno, que siempre ha anhelado reemplazar "olímpicamente" al propio CSD; y el otro, un presidente de Federación que tuteaba al presidente Sánchez mientras "le redactaba" la nueva ley y grababa a sus ministros, hasta que Moncloa, por cuestiones de "decoro", dejó de sostenerlo ante la presión internacional y de la Casa Real.

En el preámbulo del proyecto de ley de Uribes, el Gobierno lo admitía sin ambages para sonrojo de propios y extraños: "Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del Estado".

Como dijimos en su momento, el texto del proyecto del Ministerio de Uribes, que luego se plasmó en la ley, estaba lejos de ser coherente con la ideología presuntamente progresista del Gobierno que lo impulsaba.

Lamentablemente, los peores augurios que lanzamos en la época del ahora presidente del CSD se cumplieron. Se consumó un retroceso del deporte español de 30 años, una vuelta al modelo que se quiso dejar atrás en 1990, por obsoleto y arbitrario, que sumía en el más absoluto desamparo a los clubes y deportistas frente a las federaciones.

Aunque se quiso maquillar con cuestiones como el fomento del deporte femenino, la igualdad o el lenguaje inclusivo, la nueva ley se cargó de un plumazo los pilares que sustentaban el sistema semipúblico del deporte instaurado en 1990, privatizando las competiciones oficiales y la justicia deportiva.

Como es preceptivo, daremos los 100 días de gracia al nuevo presidente del CSD, de quién esperamos que "cambie de opinión", como gusta hacer al presidente del Gobierno, y tenga la valentía de reformar la nueva ley para restaurar la tutela pública en el deporte.

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