La nueva ley del deporte o el regreso al pasado

Estamos a la espera de que el nuevo presidente del CSD dé a conocer el texto del anteproyecto de ley del deporte que, según dijo esta semana José Manuel Franco en el Congreso, entrará en el Parlamento en el otoño próximo.

Entretanto, nos permitimos mencionar algunos aspectos que nos parecen importantes del texto del que disponemos y que esperamos sean corregidos antes de su envío al Parlamento. Y es que el texto del anteproyecto divulgado por el Ministerio está lejos de ser coherente con la ideología progresista del actual Gobierno.

En general, lo que destila es un retroceso de 30 años, una vuelta al modelo que se quiso  dejar atrás por obsoleto, arbitrario y que sumía en el más absoluto desamparo a los clubes y deportistas frente a las federaciones. 

Recuérdese que en el Ancien Régime (nos referimos a la época anterior a 1990), el control público sobre la actividad federativa era mínimo. Ello dejaba indefensos a los clubes y deportistas cuando eran objeto de decisiones gravosas, en muchos casos arbitrarias, por parte de las federaciones.

Ante la inacción del poder público, los afectados, pocos pues es costoso, se veían abocados a acudir a la justicia ordinaria para impugnar aquellas decisiones, algo que conocían de antemano los dirigentes federativos, lo que les daba alas ya que las decisiones judiciales llegaban en algunos casos cuando el club o el deportista ya no estaban en activo.

El texto de la nueva ley del deporte auspiciado por el CSD en la época de María José Rienda, y que no nos consta haya sido modificado ni por el equipo de Irene Lozano ni por el de José Manuel Franco, plantea una redefinición de las políticas públicas del deporte muy preocupante:

- Se impulsan ciertos programas o políticas deportivas que palian la falta de compromiso, iniciativa o determinación de las organizaciones deportivas (Igualdad de la mujer, deporte inclusivo y para discapacitados. Mejora de la gobernanza, funcionamiento de las organizaciones deportivas).

- Se concede a las federaciones deportivas españolas un estatuto en el que se les otorgan los beneficios propios de entidades cuasi públicas, sin que esos privilegios se correspondan con el mantenimiento de los sistemas de supervisión actualmente previstos.

- Se plantea restringir el ámbito o alcance de la intervención pública en un momento y en un contexto en el que esa lógica o tendencia “privatizadora” no sólo no está justificada injustificada sino que  se estima contraproducente.

Alguien se ha olvidado de que, a la hora de decidir algo tan relevante como el modelo federativo, es imprescindible cuestionarse antes ¿qué modelo deportivo demanda o espera la sociedad española en la actualidad?; ¿un modelo mixto como el actual o uno predominantemente privado como el que perfila el texto presentado?

En este sentido, resulta contradictorio que un Gobierno progresista aplique al deporte una lógica opuesta a la que invoca para intervenir en otros ámbitos (género y discapacidad, por ejemplo), al abogar por reducir el alcance o ámbito de la intervención y supervisión pública en el deporte.

Así, por ejemplo, en el anteproyecto publicado se opta por caracterizar a las federaciones como entidades asociativas privadas, lo cual no es nuevo, pero reduciendo y limitando de forma significativa algunas funciones de control y supervisión del CSD.

Sin embargo, esa naturaleza privada exclusiva no es coherente con el reconocimiento del monopolio atribuido a las mismas sobre las competiciones oficiales, ni con la atribución de la representatividad internacional del deporte estatal o con la utilización por parte de las mismas de forma constante y recurrente de las denominaciones, símbolos y emblemas del Estado. Además, tal reducción de la intervención pública va claramente en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que no es poco.

Se aboga por un modelo organizativo poco coherente, que apuesta por profundizar en la autorregulación de las federaciones y en su dimensión o faceta privada en aquello que puede resultar beneficioso para los dirigentes de las federaciones, pero no se incluyen suficientes  contrapesos ni medidas que permitan evaluar la gestión o exigir responsabilidades asociadas a la mala praxis.

Por otro lado, la regulación de la organización y funcionamiento interno de las federaciones consolida el presidencialismo, modelo que es admisible, pero no es razonable que el presidente sea caracterizado como un empleado, ya que se trata de un representante.

Conviene recordar que el modelo de la ley de 1990, que nos ha traído hasta aquí (a nosotros nos parece "el menos malo") y que determinadas 'fuerzas opacas' quieren demoler, fue impulsado por uno de los mejores presidentes que ha tenido el CSD, Javier Gómez Navarro, precisamente del PSOE, un político de raza y con buena cabeza que supo leer la historia y cambiar el rumbo de la intervención pública en el deporte después de recorrerse España y consultar a todos los agentes y expertos posibles.

Con todo, nos queda la esperanza de que, bien antes de su envío al Parlamento, o durante su tramitación en las cámaras legislativas, el Gobierno se dé cuenta de que le han colado un texto contrario a sus postulados.

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DOSSIER IUSPORT: ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE