Ahora más que nunca, el TAD por encima de todo

En nuestro último editorial de IUSPORT reflexionábamos sobre la resolución del TAD en el caso Rubiales y las consecuencias circunstanciales que en la misma hubieran podido influir derivadas de la composición de este órgano.

Sin embargo, dejar aquí el alcance del análisis realizado implicaría llevar a cabo un alicortado diagnóstico de la situación que padece ahora el más alto tribunal del deporte español. 

La responsabilidad sobre lo que ha acontecido en las últimas semanas, hasta la dimisión ayer de Rubiales, es atribuible a diversos actores, si bien, gran parte de la misma, cuantitativa y cualitativamente, corresponde a la propia Administración en la que el TAD se integra.

Como bien ponía de manifiesto en su columna el prestigioso jurista Alberto Palomar, es conocido el desalentador trato recibido por esta institución en los últimos años y que redujo a mínimos su consideración.

Esto explica que nadie se sorprendiera cuando la actuación legislativa estatal más reciente en materia de deporte -véase la Ley Orgánica 2021 de lucha contra el dopaje en el deporte y la Ley 39/2022 del Deporte-, dejara al TAD sin funciones de revisión en el procedimiento sancionador en materia de dopaje y lo condenara, prácticamente, a una función ornamental en el contexto de la disciplina deportiva, cediendo y satisfaciendo así los intereses de diversas instancias deportivas que anhelan la absoluta privatización del deporte oficial. 

Sin embargo, la aludida situación que ahora vive el TAD y la imagen pública que transmite, producto de su polémica resolución al negar el abuso de autoridad en el beso a Jenni Hermoso, así como el régimen jurídico al que se verá abocado cuando finalice el periodo temporal que prescribe la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2022, no puede hacernos olvidar la ejemplaridad de este órgano administrativo que, pese a su persistente precariedad, ha ejercido sus funciones con absoluta independencia y profesionalidad, elevándose así sobre las muchas presiones recibidas.

Buena prueba de ello es la incomodidad que sus actuaciones provocaron en determinadas organizaciones deportivas, especialmente en la RFEF. Fue el TAD el órgano que destituyó a Villar, decisión avalada por el Tribunal Supremo, y fue el TAD el que impidió la iniciativa antidemocrática de Rubiales de aumentar el cupo de miembros natos en la asamblea general de la Federación, entre otras decisiones incómodas para determinados poderes fácticos. 

De hecho, es pública y notoria la animadversión de Luis Rubiales contra este tribunal, como acredita el contenido del audio publicado por El Confidencial de una conversación con Irene Lozano, corroborado por el entreguismo de la entonces presidenta del CSD ante sus insidiosas manifestaciones, una dirigente que ahora pretende mostrarse como precursora. A lo que debe añadirse, entre otras circunstancias desagradables, la interposición de dos querellas de la RFEF contra algunos de sus miembros que fueron judicialmente rechazadas por infundadas.

Es más, en estos años de continuos vaivenes en el CSD y tras la forzada salida de algunos de sus mejores técnicos, el TAD se ha erigido como el órgano administrativo que ha procurado siempre, con mayor o menor fortuna, la imposición de la razón y el Derecho en la resolución de los conflictos deportivos, lo que ha sido especialmente destacable en los casos de arbitrarias actuaciones llevadas a cabo, no sólo por las más significativas organizaciones deportiva privadas, sino también cuando esos comportamientos han provenido de instancias integradas en la propia Administración (léase el caso del pasaporte biológico de la AEPSAD). 

Así, y a pesar de los atribulados momentos que ahora se atraviesan, creemos que estos no pueden eclipsar la trayectoria de los servicios prestados anteriormente por el TAD y, menos aún, justificar que se pueda poner en duda la necesidad de su existencia como órgano de control en relación con las competiciones oficiales y la representación del deporte español y de la marca España.

Si algo ha revelado de forma ilustrativa la lamentable situación originada por el inaceptable comportamiento de quien hasta ayer representaba oficialmente a la RFEF, agente colaborador de la Administración, es que no puede ser viable un sistema que delega en las federaciones importantes funciones públicas sin reservarse el control sobre su ejercicio y la correspondiente potestad de reprimir y sancionar comportamientos indebidos. El presidente del CSD admitió este déficit anoche en varias emisoras de radio y se comprometió a impulsar una reforma.

En IUSPORT hemos defendido siempre la existencia del Tribunal Administrativo del Deporte en cuanto que consideramos que es una institución que ha demostrado, sin ser infalible, utilidad, eficacia e independencia.

A pesar de las presentes vicisitudes, seguimos pensando que el TAD puede y debe seguir siendo una pieza clave en el sistema deportivo español, de modo que, contrariamente a los planteamientos normativos actuales, lo procedente sería que se reforzaran e incrementaran sus competencias y medios.

Y sobre todo, más allá de la experiencia y valía profesional de sus integrantes, es vital que se procure, como ya hemos dicho, su dedicación, objetividad, pluralidad y sentido del deber.