El Gobierno sigue con su cruzada contra el TAD y lo echa de su sede histórica

Hace tiempo que venimos contando que desde que María José Rienda llegó a la presidencia del CSD, los vientos no le son favorables al más alto tribunal del deporte español (en el ámbito administrativo).

Como saben los lectores de IUSPORT, el anteproyecto de ley del deporte promovido por Rienda y el ministro Guirao, actualmente congelado pero que podría retomarse tras las elecciones, mantiene el Tribunal Administrativo del Deporte, pero reduce considerablemente su esfera de actuación.

Pues bien, sin esperar a que su proyecto se convierta en ley, algo que está por ver, el actual gobierno en funciones ha dado una vuelta de tuerca más en ese proceso de ninguneo del TAD y no se le ocurre otra cosa que desalojarlo de la sede que ha tenido desde que se llamaba Comité Superior de Disciplina Deportiva.

Durante décadas, el TAD ha estado ubicado en una sede propia, cedida por Patrimonio del Estado, un piso completo en la calle Ferráz, 16. La foto que encabeza esta noticia se corresponde precisamente con esa sede histórica, dotada de varios despachos y una sala de juntas.

Pero ya no. El TAD ya no disfruta de esa sede por voluntad del CSD, que lo ha reubicado en sus propias oficinas, en la calle Martín Fierro, 5.

No sólo atenta el CSD contra la independencia del tribunal, sino que le dificulta su funcionamiento al poner a su disposiciòn un sólo despacho, donde presta sus servicios un funcionario, el único puesto a disposición del tribunal, muy eficiente por cierto según nos han informado.

Es más, para acceder a ese único despacho hay que atravesar otros del propio CSD, lo que acrecienta la pobre imagen que el tribunal ofrece por obra y gracia de María José Rienda.

En consecuencia, esperamos que los grupos parlamentarios tomen nota de este asunto y reviertan la situación a la vuelta de las elecciones del 10N.

Y es que, aunque no compartamos en todos los casos sus resoluciones, muchas y poderosas son las razones que aconsejan mantener el TAD tal cual lo conocemos hoy.

No solo eso, habría que reforzar su estructura, dotándolo -de verdad- de los medios humanos y materiales que necesita para que pueda trabajar con autonomía y eficiencia.

El futuro TAD que quiere este gobierno

De acuerdo con lo diseñado al respecto en el anteproyecto, la función revisora del TAD será asumida, en gran parte, por un tribunal arbitral (privado, por supuesto) que dista mucho de las características predicables de un órgano público jurisdiccional, o cuasi, como acontee en este caso.

Lamentablemente, Rienda se ha dejado guiar por un alto dirigente del movimiento olímpico y por un presidente de una gran federación española, los dos empeñados hace tiempor en liquidar el TAD.

Aparte del proyecto de ley, han sucecido otros episodios duros, como el conflicto con la AEPSAD, del que dimos cuenta en su día en IUSPORT. 

Volviendo al proyecto de ley, para empezar, el TAD garantiza la tutela judicial efectiva, cosa que no puede predicarse de un tribunal arbitral privado.

Mientras las resoluciones del TAD son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, los laudos arbitrales, como es sabido, solo son impugnables en casos muy tasados y nunca en cuanto al fondo de lo resuelto.

En segundo lugar, mientras el TAD es un órgano del Estado, sometido por tanto a la legislación administrativa, siempre garantista y bajo la lupa del Consejo de Estado, un tribunal arbitral privado es regido por la legislación privada y carece de control público.

Además, frente a la gratuidad propia del TAD, el tribunal arbitral privado  siempre es "de pago". Su funcionamiento se basa en un órgano de gobierno y una lista de árbitros a los que las partes deben retribuir.

En cuanto su operativa, no es lo mismo un tribunal que se renueva cada cuatro o más años, lo que le confiere estabilidad y contribuye a la fijación de doctrina, que un tribunal arbitral integrado por una larga lista de árbitros, cada uno "hijo de su padre y de su madre".

Con escasas excepciones, sus miembros, desde el extinto Comité Español de Disciplina Deportiva, han sido siempre juristas de prestigio. Los últimos presidentes, Enrique Arnaldo, Lidia Garcia y el actual, Julián Espartero, así lo atestiguan. Tres juristas de primer nivel, conocedores del ordenamiento jurídico global y, además, especialistas reconocidos en Derecho Deportivo.

Luego está la inmediatez. La experiencia demuestra que es más ágil el TAD que el TAS, por contraponer un tribunal arbitral conocido y del máximo nivel.

La operativa del Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausana, cuya utilidad no discutimos a pesar de su cuestionamiento reciente (en especial por el caso PSG), es lenta y cara. Extrapolar ese modelo a la liga española no nos parece nada atractivo.