El Gobierno aún está a tiempo de evitar la privatización de la justicia deportiva

Hace meses que llevamos advirtiendo en IUSPORT del propósito del Gobierno de "mutilar" al TAD en la nueva Ley del Deporte. Esto no es imputable al actual ministro ni al CSD de este momento, ya que el texto viene de la época del ministro Uribes e incluso de antes.

También hemos de decir que la idea originaria no proviene del propio Gobierno. Determinados poderes fácticos, para ser exactos dos instituciones deportivas muy importantes cuyos presidentes tienen hilo directo con la Moncloa, han logrado, hasta ahora, que el Anteproyecto de Ley recoja una vieja aspiración suya: volver al régimen anterior a la ley de 1980 en lo que a justicia deportiva se refiere.

Los que tienen años recordarán cómo era aquel régimen, al que alguien resumió de una forma muy gráfica aunque algo escatológica: "al amigo, el c., al enemigo por el c., y al indiferente, la legislación vigente".

Bien es verdad que esta manera de actuar de las federaciones deportivas no era exclusiva de estas organizaciones. Así se comportaba exactamente la Administración Pública en la época en la que "él" habitaba entre nosotros.

En la etapa predemocrática, las federaciones deportivas respondían expresamente las peticiones de 'los amigos', machacaban a los 'enemigos' y aplicaban el silencio administrativo (negativo entonces) a los 'indiferentes'.

Así, hasta que llegó la democracia y 'mandó a parar'. La Ley del Deporte de 1980 creó el Comité Superior de Disciplina Deportiva, luego denominado Comité Español de Disciplina Deportiva, que desde 2014 se llama Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Es decir, llevamos más de 40 años con un sistema de justicia deportiva que ha sido útil al mundo del deporte federado español, pues ha permitido que un tribunal del Estado, especializado y que goza de autonomía aunque algunos se empeñen en cuestionarla, resuelva con celeridad y gratuidad sobre las sanciones que los comités de las federaciones imponen cada semana a los clubes y deportistas.

No faltan quienes argumentan que este modelo español no está generalizado en el mundo, pero a eso nosotros replicamos que la comparativa no debe hacerse entre España y otros países, sino entre los últimos 40 años y cómo se hacían las cosas en la dictadura.

Quitémonos la venda de los ojos. Es obvio lo que pretenden quienes, desde fuera, apoyan el actual anteproyecto de ley del deporte, que deja reducido al TAD a la mínima expresión: volver a aquella época en la que las federaciones deportivas campaban a sus anchas.

Eso mismo habría ocurrido en el caso del Fuenlabrada si la RFEF hubiese tenido la última palabra. De no existir el TAD, o de estar mutilado como ahora se pretende, el equipo madrileño habría sido descendido al fútbol no profesional de forma totalmente arbitraria el pasado verano de 2020 sin que nadie lo hubiese podido evitar.

No hace falta recordar que, salvo contadas ocasiones en las que la justicia ordinaria concede una medida cautelar (no es fácil conseguirlo), las sentencias de los tribunales ordinarios siempre llegan tarde y eso lo saben aquellos que apuestan por la desaparición del TAD.

Si el Anteproyecto de Ley sale adelante tal cual está redactado, los sancionados cada semana, una vez resuelvan los comités de apelación de las federaciones, no tendrán otra que acudir al juzgado de primera instancia.

Pero ojo, aquí hay gato encerrado. Detrás de esta estrategia de los poderes fácticos está la idea de que un determinado tribunal arbitral privado, que ya existe en una organización muy importante de España, asuma el rol del TAD cuando este pase a 'mejor vida'.

Es decir, como dice la canción, "quítate tú para ponerme yo". Pretenden, ahí es nada, sustituir un tribunal público, con las garantías que ello conlleva, por otro privado, de naturaleza arbitral, que por propia definición depende de la adhesión de las partes y que será 'de pago', además de carecer de la autonomía y la cualidad garantista inherentes a un órgano público.

Dicho esto, por el bien de los clubes y deportistas, aún nos queda la esperanza de que el Gobierno rectifique el Anteproyecto de Ley antes de enviarlo al Parlamento o, en su defecto, sea corregido en sede parlamentaria.