El CSD debe cesar en sus actuaciones contra la independencia del TAD

Ya son varios los episodios que ponen de manifiesto un cierto desprecio del CSD hacia el tribunal del deporte más importante de España.

Pero con ser relevante, no es el desprecio lo que motiva este editorial. Es la toma de decisiones que afectan gravemente a su independencia, elemento imprescindible en cualquier sistema de resolución de conflictos.

Primero fue el desahucio

Durante décadas, el TAD estuvo ubicado en una sede propia, cedida por Patrimonio del Estado, un piso completo en la calle Ferráz, 16,  dotado de varios despachos y una sala de juntas.

Pero desde hace unos meses el TAD no disfruta de esa sede propia por voluntad del CSD, que lo ha reubicado en sus propias oficinas, en la calle Martín Fierro, 5.

Como puede advertirse, aquí el CSD no sólo atenta contra la independencia del tribunal, sino que le dificulta su funcionamiento, al reducirle su espacio y medios materiales.

Es más, para acceder al único despacho que ahora le "presta" el CSD hay que atravesar otros del propio organismo, lo que acrecienta la pobre imagen del tribunal.

Este episodio hay que anotarlo en el "debe" de María José Rienda, pues ocurrió en su mandato al frente del CSD.

Precariedad de medios

El segundo capítulo fue el recorte de medios humanos, recursos que tiene que facilitar el CSD, pues, como declaró el propio tribunal recientemente, carece de medios propios y se apoya en los materiales y humanos que pone a su disposición el CSD, organismo al que está adscrito.

Así lo relató el propio tribunal en una respuesta a un ciudadano que se quejó de la falta de publicidad de sus resoluciones, incumpliendo así una de sus obligaciones:

"Hasta el año 2018 en el Tribunal Administrativo del Deporte prestaban servicios dos administrativos del Consejo Superior de Deportes, con amplia experiencia en el desempeño de su labor, y atendían toda la labor administrativa de dicho Tribunal y entre ellas la de anonimizar las resoluciones emitidas por este órgano y su remisión al CSD para su inserción en la Web de dicho Consejo, y así cumplir con la obligación impuesta por el artículo 8.3 del RD 53/2014."

"La situación varió radicalmente ya durante el año 2018 y sobre todo durante el año 2019, hasta el punto que actualmente en el TAD presta servicios una única persona que ha sido contratada expresamente para ello desde el mes de enero del presente año, y los lunes y viernes es ayudada por otra persona del Consejo para despachar los asuntos urgentes. Durante todo el año 2019 igualmente el TAD contó sólo con otra persona en su oficina administrativa, que finalmente concursó y se fue a otro puesto a principios de este año, y es por este motivo de absoluta insuficiencia de personal por lo que no se ha cumplido la obligación impuesta por la norma citada".

"Esta situación ha sido puesta reiteradamente en conocimiento de los órganos directivos del CSD en numerosos escritos de este Tribunal y de palabra", concluye el TAD.

Este desafuero también hay que imputárselo a María José Rienda, aunque al haberse mantenido en el tiempo, afecta igualmente a la actual presidenta del CSD, Irene Lozano.

Renovación polémica

Y entramos en la era de Irene Lozano como presidenta del CSD.

Pues bien, en lo concerniente a designación de miembros, en el primer trimestre de este año 2020 se vivió una situación esperpéntica.

A pesar de la oposición mostrada por dos miembros del tribunal, María Lidia García y Manuel  Delgado, que rechazaron -con razón- la renovación, aduciendo que no habían agotado su mandato, la Comisión Directiva del CSD acordó el 25 de febrero su cese en la renovación parcial del TAD.

La renovación alcanzó a cuatro de los miembros, María Lidia García Fernández, Manuel Delgado, Koldo Irurzun y Julia Calvo Treviño.

Sin embargo, Koldo Irurzun era el único que había agotado el mandado de seis años, mientras que los otros tres (María Lidia García Fernández, Manuel Delgado y Julia Calvo Treviño) entraron tras producirse sendas vacantes por la dimisión de otros tantos. 

Se mantienen en sus cargos los otros tres: Cristina Pedrosa, Julián Espartero (presidente), y Jesús Avezuela Cárcel.

Aquel 25 de febrero fueron designados como nuevos miembros los siguientes, a propuesta de la presidenta del CSD: Pilar Juárez y Santiago Areal. 

Otros dos miembros, Eva María Fernández Cifuentes y Beatriz Rodríguez Villar, entraron a propuesta de las federaciones, si bien el CSD no informó a la propia Comisión Directiva de qué federaciones provenían esas propuestas, algo que daña también su credibilidad por la falta de transparencia.

Como recordarán los lectores de IUSPORT, esta renovación parcial no fue nada pacífica. Dos de los afectados, María Lidia García y Manuel  Delgado, miembros del TAD desde junio de 2015 y 2017, respectivamente, se dirigieron por escrito en dos ocasiones a la Comisión Directiva del CSD, a la que solicitaron sin éxito la suspensión del procedimiento.

La Abogacía del Estado, en un informe de fecha 28 de enero de 2020, concluyó “que el cómputo del mandato de los vocales designados en el Tribunal Administrativo del Deporte, para cubrir vacantes, debe coincidir con la duración del mandato de los titulares que dejaron el puesto vacante, de manera que aquellos deberán cesar, por renovación parcial, cuando correspondiera la renovación del puesto que han ocupado interinamente, con independencia del tiempo que lleven ejerciendo dicha titularidad interina”.

Ya hemos expuesto nuestra opinión discrepante sobre este asunto. María Lidia García y Manuel  Delgado (al igual que Julia Calvo Treviño, aunque esta no lo impugnó) no eran suplentes de nadie, eran miembros titulares con todos los derechos y deberes inherentes al cargo. Por consiguiente, no podían ser "renovados", eufemismo que escondía un cese a todas luces ilegal.

Los dos afectados ya han recurrido el cese en vía judicial.

Santiago Areal da un portazo y designan a un jurista sin experiencia en disciplina deportiva

Pero no quedó ahí el esperpento. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes designó este viernes 17 a Iván Espuela como nuevo miembro del Tribunal, en sustitución de Santiago Areal, quien dio un portazo el 11 de marzo, pocos días después de ser nombrado, en una dimisión que calificaríamos de turbia. 

Areal dimitió al desvelarse que había votado en contra del adelanto electoral en la RFEF, al igual que el resto de miembros del tribunal. En un segundo informe, el tribunal reiteró por unanimidad que no estaba justificado ese adelanto, pese a lo cual fue autorizado por la presidenta del CSD. Ha sido la crisis del coronavirus la que ha impedido que se lleve a cabo hasta la fecha

Pues bien, este viernes la Comisión Directiva aprobó el nombramiento de su sucesor, Iván Espuela, también a propuesta de la presidenta del CSD, organismo que no dio a conocer  el perfil profesional del designado, limitándose a comunicar que no incurría en ninguna causa de incompatibilidad.

Sin embargo, en IUSPORT hemos sabido que su única vinculación con el deporte (aparte de que es "aficionado"), es la de haber asesorado, "en el ámbito administrativo, a D. Alfredo Florez", que fue presidente del Comité de Apelación de la RFEF hace años, y la de tener "amplia experiencia en el campo del Derecho administrativo y tributario relacionado con el deporte".

Es decir, cero experiencia en las materias de disciplina deportiva y electoral deportiva, que son las que dan carta de naturaleza al TAD.

El golpe de gracia: nombramiento de nuevo secretario

Y llegó el golpe de gracia. Ocurrió también esta misma semana con la designación de un nuevo secretario.

La presidenta del CSD, Irene  Lozano, ha designado como nuevo secretario del TAD a su propio subdirector general régimen jurídico, Ángel Luis Martín Garrido.
 

A nuestro juicio, se trata de un ataque definitivo a la independencia del tribunal. Es cierto que el nombramiento es competencia de la titular del CSD, pero parece obvio que no se garantiza la independencia del tribunal colocando en su secretaría a un alto funcionario del propio organismo.

Obviando el hecho de que el secretario sólo tiene voz y no voto, lo cierto es que su dependencia jerárquica de la presidenta del CSD obligará a los miembros del TAD a autocensurarse en sus manifestaciones por temor a las filtraciones de sus conversaciones.

Por otro lado, ¿cómo va a intervenir como secretario en aquellos asuntos que el tribunal sustancia precisamente en virtud de iniciativas de la subdirección general de régimen jurídico del CSD?

Aunque parezca extraño, Garrido, recientemente nombrado como subdirector general de régimen jurídico, carece de experiencia específica en derecho deportivo, como lo demuestran varios pronunciamientos recientes del CSD, entre los que destaca la concepción de las federaciones como entes integrantes del sector público institucional, tema este que también hemos desarrollado en IUSPORT. 

Lo dicho, una sucesión de acontecimientos, nada casual, que denigra a un tribunal imprescindible para el deporte español.