LaLiga pide al CSD que expediente a Rubiales por excluir los partidos en viernes y lunes

LaLiga ha presentado una nueva denuncia ante el CSD,  a la que ha tenido acceso IUSPORT, contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, su secretario general y contra los demás miembros de la Comisión Delegada de la RFEF que votaron a favor de la aprobación del contenido de determinadas Normas y Bases de competición 2022-2023 para Primera y Segunda división A.

LaLiga denuncia “diferentes maniobras ilegales realizadas por la RFEF para impedir que LALIGA programara partidos de la competición profesional que organiza en lunes y viernes, a pesar de los pronunciamientos judiciales y del CSD al respecto.

Con fecha 28 de junio de 2022, la Comisión Delegada de la RFEF ha aprobado las Normas y Bases reguladoras de primera y segunda división para la temporada 2022-2023.

De nuevo, afirma LaLiga, la RFEF ha incluido en ellas, “contenido contrario a las Resoluciones de la Presidencia del CSD 47/2020 y de 16 de octubre de 2020, así como a los autos y sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid indicados. A tal fin, y muy en particular, la Base octava”.

Dice LaLiga que “no puede estar todas las temporadas recurriendo al CSD la aprobación de Bases de competición que se apartan de lo que ya ha resuelto el propio CSD en resoluciones administrativas previas, ejecutivas e incluso firmes, y de resoluciones jurisdiccionales”. Por dicho motivo, afirma que se ven obligados a presentar esta denuncia.

Actitud de desafío y rebeldía de la RFEF hacia el CSD y la Justicia

“Es evidente que la RFEF vuelve a desafiar al Consejo Superior de Deportes, a los Tribunales de Justicia y a esta Liga Profesional, por la vía de hecho, y utilizando las Normas y Bases de Competición que no elevan al CSD con carácter torticero para forzar un conflicto innecesario”, dice la denuncia.

“Las disposiciones indicadas en los hechos de las Normas y bases de competición para primera y segunda división 2022-23 constituyen un incumplimiento grave y reiterado de las Resoluciones de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes que han establecido las limitaciones que asisten a la RFEF respecto de programación de partidos de la competición profesional”.

“Introducen inseguridad jurídica respecto de terceros (operadores audiovisuales), siembran dudas en el ofrecimiento de los tender, e implican una actuación competencial extralimitada. Obligan a LALIGA a recurrirlas, al CSD a intervenir cuando todo ya ha sido resuelto expresamente. Es crear conflicto porque sí, como es habitual en la RFEF y en el Sr. Rubiales”, reza la denuncia.

“No cabe duda de que la RFEF no respeta ni al CSD ni a los Tribunales de Justicia que han confirmado sus Resoluciones, y que ello es sancionable en vía disciplinaria deportiva”, añade el escrito presentado en el CSD.

Los hechos denunciados son constitutivos de una infracción muy grave del artículo 76.1.a) de la Ley 10/1990

Recuerda la denuncia que el artículo 76.1.a) de la Ley 10/1990 considera una infracción muy grave los abusos de autoridad. Y dentro de la infracción de abuso de autoridad se encuentra el ejercicio extralimitado y arbitrario de las potestades que asisten a una Autoridad u órgano (en este caso, con responsabilidad para sus integrantes), ejerciéndolas con manifiesto desprecio a la legalidad y normativa aplicable, con consecuencias hacia terceros destinatarios de sus actos.

"No es cuestionable que la aprobación de las Bases de competición en los términos en que se ha hecho representa un ejercicio extralimitado y arbitrario, dada la existencia y conocimiento previo de las resoluciones administrativas y jurisdiccionales que se ha omitido intencionadamente cumplir", alega la patronal en su denuncia.

Máxime, añade, cuando algunos de los integrantes han emitido voto particular sobre el particular. Por tanto, aunque asiste a la Comisión Delegada de la RFEF la facultad para la aprobación de aquéllas, "se ha efectuado abusando de la facultad conferida para generar un acuerdo gravemente antijurídico a través de su contenido", afirma la denuncia.

"El contenido aprobado genera perjuicios directos a LALIGA, a sus clubes, a los operadores audiovisuales y patrocinadores, y a muchos otros terceros", prosigue la denuncia.

LaLiga termina la denuncia solicitando se dé traslado de la denuncia al TAD y que, una vez incoado el procedimiento disciplinario por el Tribunal Administrativo del Deporte, se proceda a convocar a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes para que acuerde la suspensión cautelar de los expedientados.