La herencia envenenada que deja Uribes a Iceta en el Ministerio

Dejando a salvo la nueva liga profesional femenina, que no es mérito suyo, sino de Irene Lozano y Carmen Calvo, el anteproyecto de ley del deporte que le deja Uribes al nuevo ministro Miquel Iceta es una auténtica herencia envenenada.

El nuevo anteproyecto de Ley anunciado por Uribes ha caído en el gran 'error' (es un decir) de intentar demoler todo un sistema que ha funcionado razonablemente bien desde 1990.

En el preámbulo, el Gobierno lo admite sin ambages: "Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del Estado".

Como ya dijimos, el texto del anteproyecto divulgado por el Ministerio está lejos de ser coherente con la ideología progresista del actual Gobierno. Se confirma el retroceso de 30 años, una vuelta al modelo que se quiso dejar atrás por obsoleto, arbitrario y que sumía en el más absoluto desamparo a los clubes y deportistas frente a las federaciones. 

Aunque hay muchas cosas opinables sobre el texto del anteproyecto, lo realmente grave está en los pilares que lo sustentan, en particular lo concerniente a las competiciones oficiales y la justicia deportiva.

Respecto a las competiciones oficiales, el nuevo texto mantiene como función pública su calificación, que sigue en manos de las federaciones deportivas (correcto), pero a continuación dice que su "organización" deja de ser función pública y pasa al siguiente apartado, el de las funciones privadas de las federaciones. Un auténtico disparate.

En concordancia con ello, surge lo que hemos comentado ya en IUSPORT acerca del nuevo régimen disciplinario, en el que empiezan por mutilar al TAD, que se queda como algo meramente decorativo, y terminan por "condenar" a los deportistas y clubes a acudir a los jueces de lo civil cuando sean sancionados por las federaciones, a sabiendas de que la justicia ordinaria en el deporte sencillamente no es útil. Sus sentencias suelen llegar cuando los afectados están ya jubilados.

Recuérdese que en el Ancien Régime (nos referimos a la época anterior a 1990), el control público sobre la actividad federativa era mínimo. Ello dejaba indefensos a los clubes y deportistas cuando eran objeto de decisiones gravosas, en muchos casos arbitrarias, por parte de las federaciones.

Ante la inacción del poder público, los afectados, pocos pues es costoso, se veían abocados a acudir a la justicia ordinaria para impugnar aquellas decisiones, algo que conocían de antemano los dirigentes federativos, lo que les daba alas ya que las decisiones judiciales llegaban en algunos casos cuando el club o el deportista ya no estaban en activo.

Resulta contradictorio que un Gobierno progresista aplique al deporte una lógica opuesta a la que invoca para intervenir en otros ámbitos (género y discapacidad, por ejemplo), al abogar por reducir el alcance o ámbito de la intervención y supervisión pública en el deporte.

Conviene recordar que el modelo de la ley de 1990, que nos ha traído hasta aquí (a nosotros nos parece "el menos malo") y que determinadas 'fuerzas opacas' quieren demoler, fue impulsado por uno de los mejores presidentes que ha tenido el CSD, Javier Gómez Navarro, precisamente del PSOE, un político de raza y con buena cabeza que supo leer la historia y cambiar el rumbo de la intervención pública en el deporte después de recorrerse España y consultar a todos los agentes y expertos posibles.

Dicho esto, tenemos serias esperanzas en Miquel Iceta en este punto, porque sí ha mostrado siempre ser poseedor de una ideología progresista.

Así pues, los deportistas y clubes, todos sin excepcón, esperan que el nuevo ministro arregle este desaguisado y elimine del anteproyecto todo el contenido que huele a otra época que creíamos haber superado. Aún está a tiempo porque el texto está en fase de información pública durante este mes de julio.

Nueva Ley antidopaje

Uribes también "lega" a Iceta un anteproyecto de Ley antidopaje, que está más avanzada y ya va camino del Parlamento, texto al que también hemos dedicado más de un comentario y no precisamente positivo.

IUSPORT ha tenido acceso al texto íntegro del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de nueva Ley antidopaje que aprobó el Gobierno y que ahora inicia su andadura parlamentaria.

Ya comentamos en IUSPORT un aspecto esencial que había indicado el órgano consultivo, el carácter no vinculante que tiene el Código Mundial Antidopaje de la AMA en nuestro país.

Pues bien, hay otro punto del dictamen que consideramos muy relevante: el pasaporte biológico. En IUSPORT ya habíamos publicado varios artículos advirtiendo que no podía darse fuerza probatoria  indubitada a una prueba basada en presunciones, como efectivamente acontece con el pasaporte biológico.

Precisamente ese fue el caballo de batalla del caso de Ibai Salas, que fue sancionado por la AEPSAD y luego absuelto, con toda la lógica del mundo, por el TAD. Pues bien, el Consejo de Estado ha venido a ratificar la tesis del TAD.

Tribunal este, por cierto, que en la nueva ley ha sido apartado totalmente del dopaje. Si la ley se aprueba como está, las decisiones de la nueva comisión disciplinaria creada en el seno de la AEPSAD se impugnarán directamente en los tribunales, sin pasar por el TAD, otro error de la ley.

También tiene tiempo el nuevo ministro de corregir este texto.

Liga femenina profesional

Por último, retomando el tema de la liga femenina, Uribes le deja a Iceta un asunto inacabado, ya que pese a haber sido calificada oficialmente como profesional, de facto la RFEF sigue actuando como si ello no hubiese ocurrido.

El nuevo ministro también debería intervenir en este asunto, ordenando al CSD que proceda a  reconducirlo conforme a la ley.