Euskadi se desmarca del CSD y refuerza su TAD para amparar a los deportistas

A diferencia de lo que pretende el Gobierno central con la nueva ley del deporte, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno vasco el pasado día 27 no sólo mantiene a su tribunal del deporte (allí llamado Comité Vasco de Justicia Deportiva), sino que lo refuerza.

Mientras el anteproyecto de ley estatal mutila al TAD y lo reduce a su mínima expresión, abocando a los deportistas que participan en competiciones estatales a acudir a los juzgados cuando les impongan una sanción, el proyecto de la nueva Ley del País Vasco va en dirección contraria y no sólo mantiene, sino que refuerza, su tribunal del deporte para dar amparo a sus deportistas.

Y es que la ley vasca no sólo respeta su competencia en los tradicionales supuestos de sanciones, sino que lo apodera para intervenir en los casos de denegación de licencia y en general para revisar el ejercicio de las funciones públicas delegadas en las federaciones, competencia esta última que suelen asumir las administraciones deportivas directamente, bien el CSD o los departamentos de las CCAA.

Tal y como informamos en su momento, el anteproyecto de la ley estatal reduce las competencias del TAD a la mínima expresión, en perjuicio de los clubes y deportistas.

Dice en su preámbulo el anteproyecto estatal: Las federaciones deportivas "… establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas conductas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso administrativo".

En consonancia con este preámbulo, el art. 122 del borrador de la nueva ley estatal dice lo siguiente:

"1. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano colegiado de ámbito estatal que actúa con independencia funcional de la Administración General del Estado, y que asume las siguientes funciones:

a) Decidir en vía administrativa y en última instancia, las cuestiones deportivas de carácter sancionador de su competencia.

b) Tramitar y resolver expedientes sancionadores a instancia del Consejo Superior de Deportes, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 106.2 de la presente Ley, así como conocer de los recursos contra las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas españolas que supongan la privación, revocación o suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia.

c) Velar por la conformidad a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas españolas.

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan en esta Ley o en su normativa reguladora".

No es la primera vez que el Gobierno central dirige sus misiles contra el más alto tribunal administrativo del deporte español. Casi coincidiendo en el tiempo, el anteproyecto de ley antidopaje apartó por completo al TAD de los casos de dopaje y establece que contra las sanciones de la AEPSAD (a través de su nueva comisión disciplinaria) ya no se podrá recurrir al TAD, sino directamente a los tribunales.

Es un secreto a voces que el CSD "se la tiene jurada al TAD", sencillamente porque no es permeable y mantiene a toda costa su independencia.

El día en que el TAD decidió dar amparo y absolver -justamente- al ciclista Ibai Salas, sancionado 4 años por un caso de dopaje carente de pruebas, firmó su sentencia de "muerte". Al CSD, y en especial a la AEPSAD y la AMA, no gustó nada que el tribunal español optase por ser garantista y evitase la tropelía que se había cometido. Un medio de prueba, el pasaporte biológico, basado en puras presunciones, fue el elemento que se utilizó para sancionar a Ibai, quien, afortunadamente, encontró amparo en un TAD al que no podrán acudir los deportistas si las dos nuevas leyes estatales en trámite salen adelante. Decisión, la del TAD, que ha sido avalada por los tribunales, aunque aún está pendiente un recurso de la AMA ante la Audiencia Nacional.

El Gobierno vasco refuerza a su TAD para dar amparo a los deportistas

Por el contrario, de acuerdo con el nuevo proyecto de ley vasca, estas son las amplias competencias del Comité Vasco de Justicia Deportiva, tribunal equivalente al TAD español:

a) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria deportiva.

b) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de las juntas electorales de las federaciones deportivas.

c) El conocimiento  y resolución  de cualesquiera  recursos contra acuerdos federativos relativos a la calificación y autorización de competiciones oficiales.

d) El conocimiento y resolución de cualesquiera recursos relativos a la emisión, denegación, cancelación, suspensión y actos análogos relativos a las licencias federativas.

e) El conocimiento y resolución de los conflictos que se puedan suscitar entre las federaciones en el ejercicio de sus funciones de carácter administrativo.

f) El conocimiento y resolución de cuantas  cuestiones sobre las materias precedentes estime tratar de oficio o a instancia del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente en materia deportiva.

Indefensión de los deportistas a nivel estatal frente a protección de lo vascos

A diferencia de lo que regula la ley vasca, el texto de la nueva ley estatal implicará que los deportistas (salvo que se trate de privación de licencia), y los clubes, tendrán que gastarse los cuartos en pleitos civiles para combatir las sanciones que cada semana imponen los comités de competición de las federaciones (una vez agotada la vía federativa), sabiendo que las sentencias llegarán en la mayoría de los casos cuando ya estén jubilados.

Queremos creer que este intento de demolición en toda regla del sistema instaurado en 1990, creado precisamente por un gobierno del PSOE, con Gómez Navarro al frente del CSD, será detenido en el Congreso de los Diputados cuando se tramite el texto en las Cortes Generales.

Estamos hablando de cosas mayores. No es poca cosa esta pretensión del anteproyecto de ley, influenciado por determinados poderes fácticos a los que el Gobierno sigue plegándose para desgracia del deporte español. Como ya advertimos, nos quieren llevar de regreso al pasado.

No obstante, hay que advertir que el texto vasco también tiene cosas que corregir, como la composición de las asambleas de las federaciones, que nos parecen poco democráticas, pero esto lo dejamos para otro día.