Cómo se permitió que Rubiales se matara solo

Hay sentencias que ordenan un relato. La dictada por la Audiencia Nacional el 19 de diciembre de 2025 es una de ellas. No absuelve conductas, pero desnuda responsabilidades. No señala culpables penales, pero retrata comportamientos políticos. Y, sobre todo, deja en evidencia una manera de ejercer el poder que degradó la función pública y dañó la credibilidad del deporte español.

Durante años, Luis Rubiales convirtió la Real Federación Española de Fútbol en su cortijo. Eso ya no es una opinión: está documentado, investigado y judicializado. Lo verdaderamente grave es que, cuando las denuncias llegaron a quien tenía la obligación legal de actuar, el Estado -a través del Consejo Superior de Deportes- decidió no hacerlo.

Al frente de ese organismo estaba entonces José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte. Y lo que la sentencia confirma es que el CSD utilizó de forma indebida la figura de la prejudicialidad penal para no cumplir su obligación: elevar las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y permitir que se investigaran en sede disciplinaria.

No fue un error. Fue una decisión política.  Meditada.  Orientada a salvar al entonces “hermano” Luis Rubiales. Uno de los “suyos”.

La Audiencia Nacional es clara: la suspensión acordada por el CSD fue injustificada y contraria a Derecho, porque no se acreditó que los hechos denunciados coincidieran plenamente con los investigados en la vía penal. Dicho de otro modo: se metieron denuncias en un cajón sin base jurídica, asumiendo el riesgo -real- de prescripción de posibles infracciones administrativas.

Mientras tanto, Rubiales seguía dirigiendo la RFEF sin más límite que su propia voluntad. Con silencio y complicidad administrativa. Con la tranquilidad que da saber que quien debe vigilarte ha decidido mirar hacia otro lado.

Resulta especialmente revelador que quien, dentro del propio CSD, defendió simplemente el cumplimiento de la Ley -el entonces director general Albert Soler- acabara pagando un alto precio. Fue atacado sin miramientos por el aparato federativo y dejado a su suerte por su presidente, José Manuel Franco. Su salida no fue un accidente ni una discrepancia técnica: fue un mensaje político. En aquel momento se decidió que estorbaba más la legalidad que el abuso. Y como suele ocurrir cuando el sistema se protege a sí mismo, esa anomalía no tuvo castigo, sino recompensa: Franco fue premiado con un escaño en el Senado, donde continúa.

Todo ello se hizo, además, bajo el paraguas político del PSOE y de su secretario general, en un contexto en el que el deporte es siempre tratado como un asunto menor, sacrificable en el altar de otras prioridades.  

El final es conocido. Rubiales no cayó por los Supercopa Files, ni por el piso, ni por los vuelos, ni por los contratos, ni por las grabaciones, ni por los seguimientos, ni por los ejercicios espirituales de Salobreña, ni por las denuncias archivadas… Cayó por su propia torpeza, en el escenario más grande posible, convirtiendo una final mundialista histórica en una vergüenza global. No fue una emboscada. Fue un suicidio público, retransmitido en directo.

El tiempo, como casi siempre, ha puesto las cosas en su sitio. Y esta sentencia no reescribe el pasado, pero impide que se siga falseando. Demuestra que no faltaron instrumentos legales, sino voluntad de usarlos. Que no hubo vacío normativo, sino cálculo político. Y que, cuando el Estado abdica de su función de control, el abuso encuentra terreno fértil.

Quizá el verdadero título de esta historia, parafraseando el título del “libro” del expresidente federativo, ya no sea Matar a Rubiales. Quizá sea otro, más incómodo y más preciso: Cómo se permitió que Rubiales se matara solo.

Y quiénes, pudiendo evitarlo, decidieron no hacerlo.