José Manuel Franco, un senador con responsabilidades políticas pendientes

Hay decisiones administrativas que no solo retratan a quien las firma, sino que dejan una huella duradera en la credibilidad de las instituciones. La resolución adoptada en 2022 por José Manuel Franco, entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), pertenece a esa categoría: una decisión políticamente dócil y jurídicamente insostenible que terminó facilitando la prescripción de graves infracciones presuntamente cometidas por Luis Rubiales cuando presidía la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional no deja lugar a dudas. La suspensión del envío al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de las denuncias presentadas por LaLiga fue contraria a derecho. El argumento esgrimido por Franco —la existencia de diligencias penales abiertas— no se sostenía porque nunca se acreditó la identidad de hechos entre esas diligencias y las infracciones administrativas denunciadas. Es decir, el CSD paralizó indebidamente su actuación, incumpliendo su obligación legal de impulsar el procedimiento disciplinario.

Las consecuencias de esa inacción fueron demoledoras: el TAD no pudo abrir expediente sancionador y, con el paso del tiempo, las presuntas infracciones prescribieron. No hablamos de cuestiones menores. Las denuncias incluían presuntas irregularidades en la Supercopa de España en Arabia Saudí, el pago del alquiler de la vivienda del presidente de la RFEF, viajes, contratación de detectives o decisiones deportivas que beneficiaban a intereses concretos. Todo ello quedó sepultado no por falta de indicios, sino por una decisión política disfrazada de prudencia jurídica.

Conviene recordar, además, que este episodio provocó la renuncia de Albert Soler como Director General del CSD. Soler fue el único alto cargo que defendió lo que parecía obvio: trasladar las denuncias al TAD para que este hiciera su trabajo. Su criterio chocó frontalmente con el de José Manuel Franco, con el de su sucesor Víctor Francos y con el del entonces ministro Miquel Iceta. Una cadena de mando que, según se ha sabido, actuó siguiendo instrucciones de la Moncloa. El resultado fue el sacrificio del único responsable que quiso cumplir con la ley y la protección política de un dirigente deportivo que el Gobierno de Pedro Sánchez consideraba, en aquel momento, intocable.

Hoy, con la Audiencia Nacional desmontando aquella coartada administrativa, José Manuel Franco no puede refugiarse en el silencio ni en el olvido. Su actuación no fue un simple error técnico: fue una decisión que favoreció objetivamente la impunidad y dañó la confianza en el sistema de control del deporte español. Asumir responsabilidades no es una opción retórica, es una exigencia democrática.

Porque cuando las infracciones prescriben no es solo el tiempo el que pasa: es la justicia la que se pierde. Y alguien tiene que responder por ello.

José Manuel Franco fue elegido senador tras dejar la presidencia del Consejo Superior de Deportes en junio de 2023 para encabezar la lista del PSOE al Senado, y continúa en ese cargo parlamentario. Además, dentro del Senado, ha sido nombrado portavoz del grupo socialista en la Comisión de Interior, lo que confirma su continuidad como senador en la Cámara Alta.

¿Debería dimitir?