Franco vuelve a escudarse en la causa penal para inhibirse en el caso Rubiales

El presidente del CSD, José Manuel Franco, ha vuelto este martes a escudarse en la existencia de una causa penal para no trasladar al TAD las denuncias presentadas contra el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Así lo manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, a la que asistió a raíz de diversas peticiones de los grupos parlamentarios, en especial por los Supercopa Files desvelados por El Confidencial.

Dijo Franco, en relación con las denuncias que recibió contra Rubiales: "En ese momento entró en juego la regla de la subordinación de la administración a la jurisdicción, un precepto que a veces se ignora. Como consecuencia, el CSD dictó una resolución de suspensión de las actuaciones previas desarrolladas en relación con esas denuncias".

Según el secretario de Estado, esa suspensión no era "potestativa o voluntaria, sino una regla de necesaria aplicación", pero se equivoca claramente. No es de su incumbencia.

El pasado 8 de julio, el presidente del CSD dictó resolución en la que acordó que "en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas en relación con la formulación de petición razonada al TAD, suspender las actuaciones previas mientras la Autoridad judicial no se pronuncie sobre los mencionados hechos".

El CSD se apoyó incorrectamente en el hecho de que el 27 de junio de 2022 el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda, mediante Auto de la misma fecha, acordó incoar las Diligencias Previas por presuntos delitos de Administración desleal y corrupción en los negocios.

Lo dijimos en julio: lo que hizo el presidente del CSD era una aberración jurídica. La incoación de diligencias penales por parte de un juzgado de Majadahonda contra Rubiales (y Piqué) no eximia al CSD de trasladar al TAD las denuncias que le habían presentado contra el presidente de la RFEF.
 

Es al TAD, no al CSD, al que compete hacer una valoración global de los hechos puestos de manifiesto en el expediente y decidir si, en el caso de que incoara, suspende el expediente totalmente o sólo en relación a aquellos hechos en los que pudiera concurrir la “identidad de sujeto, hecho y fundamento” con la causa penal, conforme al artículo 83 de la Ley del Deporte.

La prueba definitiva de que está equivocado está en que la decisión de no dar traslado al TAD de las denuncias favorece que siga corriendo el reloj de la prescripción y, por tanto, que las presuntas infracciones administrativas que pudiese haber cometido quedarían impunes.

El PP y VOX han acusado al Gobierno de proteger a Rubiales al meter en el cajón las denuncias presentadas contra él en lugar de elevarlas al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD): “¿Por qué le protegen, de quién es amigo el señor Rubiales?”.

Así lo denunciaron Javier Merino, portavoz del PP, y la diputada de VOX Mireia Borrás en la Comisión, y así lo denunció también recientemente el diario ABC al afirmar que "El acuerdo de Rubiales y Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, clave principal de este escándalo, se consumó el 11 de septiembre de 2019. Es decir, hace un mes ya habrían prescrito las presuntas  irregularidades denunciadas ante el CSD sin que éste las hubiera trasladado a su Tribunal del Deporte".

“Ha metido las denuncias en un cajón y ha mirado para otro lado. ¿Qué más tiene que pasar? Por menos han invitado a presidentes de federaciones a dimitir. ¿Por qué favorecen desde su Gobierno al presidente de la Federación?”, le ha espetado el portavoz de VOX, Rafael Fernández-Lomana, al tiempo que le ha afeado que la nueva Ley del Deporte limita el margen de actuación del TAD. En ese punto, el diputado le ha recordado a Franco el audio difundido por El Confidencial en el que Rubiales mostraba su enfrentamiento con esta institución administrativa. “Ustedes lo han quitado de enmedio”, le ha reprochado.

Efectivamente, como adelantamos en IUSPORT en julio, es decir, antes de que se consumara la prescripción, solo una suspensión decretada por el TAD (previa apertura de expediente) podría interrumpir el plazo de prescripción, no cuando la suspensión la acuerda el CSD.

El portavoz del PP fue contundente al dirigirse a Franco: “¿Por qué ha decidido paralizar la situación y no lo trasladó al TAD? ¿Cuál es la razón? La consecuencia puede ser que prescriban las actuaciones del señor Rubiales. Al mundo del deporte le aterra que usted se ponga de perfil”, le ha reprochado el diputado popular Javier Merino.