Iceta ve cómo el rugby es víctima del modelo de justicia que él quiere implantar

Este lunes se ha sabido que el Comité de Apelación de World Rugby ha elevado a definitiva la sanción de exclusión a España del Mundial de Rugby.

World Rugby afirma que las "nuevas evidencias presentadas por la FER" no fueron tenidas en cuenta por el Comité de Apelación, toda vez que “contenía acusaciones contra el jugador y otras personas relacionadas con la alteración de una fotocopia de un documento nacional de identidad que estaba sujeto a investigaciones en curso por parte de los organismos competentes correspondientes de la Justicia española”.

Pero no se quedó ahí la Internacional de rugby. Al tiempo que notificaba la resolución a la Federación Española, le advertía de que “es definitiva, obligatoria y sin derecho a apelación”, lo que significa que España no podrá acudir al TAS, como ocurre en la mayoría de los deportes.

Y es que la federación internacional de este deporte no ha aceptado someterse al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), con sede en Lausana.

Solo reconocen a este tribunal arbitral en casos de dopaje y en los que tienen que ver con el programa olímpico, algo a lo que están obligados por la Agencia Mundial Antidopaje y por el Comité Olímpico Internacional respectivamente.

En todo lo demás, que es mucho, se tiene que resolver dentro de los cauces de la propia federación o acudir a la justicia ordinaria británica. Ahí es nada.

Pues bien, este es el modelo que el Gobierno español ha querido que se implante en España y así lo ha incluido en la nueva ley que, como saben, está cerca de aprobarse en el Parlamento español.

Es decir, un sistema, el arbitral que por naturaleza es voluntario, a diferencia del TAD actual, al que están sometidas, ope legis, todas las federaciones españolas. Podría darse perfectamente el caso de que un club español sea sancionado y, al amparo de la nueva ley, la federación de turno se niegue a someterse a la jurisdicción del misterioso tribunal arbitral que algunos ya tienen in mente preparado.

¿Qué alternativa le quedará a los clubes y deportistas? Acudir a los tribunales ordinarios.

¿Sirve eso para algo en el deporte? No. La justicia ordinaria nunca ha sido eficaz en el deporte porque siempre llega tarde, además de que es de pago. En esto último coincide con el tribunal arbitral.

Conclusión: el modelo de justicia deportiva que el PSOE pretende implantar con la nueva ley traslada el siguiente mensaje a las federaciones: "Hagan Vds. lo que les dé la gana".

Ya no habrá un tribunal del Estado que revise la legalidad de las sanciones federativas, salvo los de la justicia ordinaria y ya sabemos lo que pasa.

En fin, llevamos meses explicando lo mismo y, por lo que se ve, el Gobierno sigue mirando para otro lado.