La nueva ley, la "madurez" de las federaciones y la inhibición del poder público

A veces hace falta que ocurra un cataclismo para que la sociedad reaccione. En IUSPORT llevamos meses alertando del propósito del Gobierno de privatizar el deporte oficial con la nueva ley, que en estos momentos está en fase de enmiendas.

En la misma línea se han pronunciado organizaciones y colectivos diversos, como los sindicatos y asociaciones de clubes (AFE, ABP, PROLIGA, ACFF, etcétera), que representan a cerca de 4 millones de deportistas y más de 75.000 clubes. Pero el Gobierno, como quien oye llover.

Tras el escándalo desatado con la divulgación de los audios de Rubiales y Piqué por El Confidencial, la pregunta que deberán estar haciéndose en los despachos del CSD y del Ministerio de Iceta en estos momentos es: ¿podemos seguir adelante con el nuevo proyecto de ley tal y como está diseñado?

Después de ser testigos de un claro conflicto de intereses y de cómo se ha puesto en peligro la integridad de las competiciones, ¿sigue creyéndose el Gobierno el argumento que le "vendieron" determinados dirigentes, de que las federaciones han evolucionado y han adquirido la suficiente madurez como para emanciparse del poder público?.

Los audios revelados por El Confidencial demuestran que no. El silencio de las 65 federaciones ante la reforma legal en curso es elocuente. Quieren volver a tiempos pretéritos donde el poder público miraba hacia otro lado ante las constantes arbitrariedades federativas.

Eso y no otra cosa es lo que va a ocurrir con la nueva ley del PSOE. Para los que aún no han tomado nota, les recordamos que el nuevo texto legal califica como "privada" la "organización" de las competiciones oficiales, así como la justicia deportiva (disciplina deportiva) y las mociones de censura a los presidentes federativos.

Es decir, mientras en estos momentos, con la actual ley, el Gobierno tiene la potestad de intervenir, al tratarse de una función pública la organización de las competiciones por la RFEF (ejemplo, la Supercopa), si se aprueba la nueva ley nada podría hacer el Ejecutivo en este ámbito. 

Pero, además, tampoco podrá el Estado, a través del tribunal del deporte adscrito al CSD (TAD), revisar las sanciones que impongan las federaciones a sus clubes y deportistas. 

Tras conocerse la especial relación entre el presidente y Piqué, un conflicto de intereses de libro, con la nueva ley el TAD no podría revisar las decisiones federativas ante una eventual conducta reprobable del jugador. Por ejemplo, unas declaraciones de Piqué cuestionando la honestidad de los árbitros, o una reclamación por alineación indebida del Andorra, equipo del que es dueño.

¿Alguien puede creerse esa falacia de que las federaciones han adquirido la madurez democrática suficiente como para que el poder público se inhiba y las deje campar a sus anchas?

Sí, 65 presidentes de federaciones. No, 4 millones de deportistas y 75.000 clubes. Y ahora, tras el escándalo, tampoco la sociedad civil y la política, que han sido testigos de cómo se las gastan en la trastienda de las federaciones. 

Es más, ¿desde cuándo la madurez de un sector, si es que existe aquella, sirve como cláusula de exclusión del control público?.