AFE advierte a la RFEF que la normativa no le faculta para el plan de cierre

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en relación a las propuestas acordadas este miércoles por la Comisión de Presidentes Territoriales, presidida por Luis Rubiales, sobre la finalización de las competiciones no profesionales, considera que las mismas deben "estar amparadas en un reglamento, que, en la actualidad no ha sido modificado", lamenta que no se haya contado con los futbolistas y pide se busque "una solución más justa para todos".

El sindicato muestra sus dudas legales, al considerar que "el reglamento de la RFEF no prevé la modificación de las reglas del juego que se pretende ejecutar".

AFE menciona el único precepto que toca tangencialmente este tipo de situaciones, perop entiende que no da cobertura para lo que se pretende. De trata del artículo 188 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, que establece que "en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno".

AFE añade que la insuficiencia de ese precepto no puede considerarse subsanada por la resolución del CSD del pasado lunes, que sólo contiene recomendaciones. "A pesar de tener la RFEF la aquiescencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) para decidir sobre la competición, esta decisión debe de estar amparada en un reglamento que, en la actualidad no ha sido modificado. Es una aquiescencia que no da cobertura legal a esta decisión", recalca.

Luchar por la legalidad

AFE también afirma que "se compromete a luchar por esa legalidad". "Aún más, teniendo en cuenta lo que queda claro en el artículo 3.1 a) del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre sobre federaciones deportivas españolas, que especifica que se trata de una competencia de delegación pública", se añade, adjuntando el citado artículo.

"Ante esta situación, si es necesario, trasladaremos esta cuestión a los grupos parlamentarios, porque este derecho a la ocupación efectiva no puede ser ninguneado, ni siquiera por el hecho de una resolución del CSD sobre unas competiciones que, insistimos, son de delegación pública", concluye el comunicado de la AFE.

Lo advertimos en IUSPORT

Desde IUSPORT venimos advirtiendo desde hace varios días que hacía falta una cobertura del Gobierno, preferentemente vía decreto-ley, para que las federaciones pudiesen abordar con garantías de legalidad este cierre anticipado de la temporada, sobre todo en cuanto atañe al cambio del sistema de competición.

El martes alertábamos de cómo el el Gobierno aprobaba un nuevo Real Decreto-Ley con diversas medidas para el deporte, todas ellas bien recibidas por cierto, pero en el que les daaba la espalda a las federaciones en la cuestión más acuciante que ahora tienen delante: una cobertura con rango de ley para el cierre de la temporada.

El BOE de este miércoles publicó el referido Real Decreto-ley pero nada dice de esta grave cuestión que venimos comentando.

¿Qué ha conseguido el Gobierno al pasar de las federaciones?

Generar inseguridad jurídica en el deporte de competición en el momento que más necesitaba de su ayuda.

Bastaba una disposición de cuatro líneas como esta:

"Ante la grave crisis generada por el COVID-19, durante la actual temporada deportiva 2019-2020, de forma excepcional, los órganos competentes de las federaciones deportivas podrán anticipar su terminación o modificar el sistema de competición, adoptando los acuerdos que estimen procedentes a tal fin, con independencia de lo que establezcan los estatutos, reglamentos y bases de competición".

Ya hemos explicado que no sería la primera norma con ese rango que el Gobierno aprobaría durante la crisis para el deporte. Lo hizo al comienzo de la crisis.

Recordemos que el art 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableció, entre otras cosas que "Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia …"

¿Ofrece garantías suficientes a las federaciones la "cobertura" ofrecida por el CSD?

El lunes lo explicamos en IUSPORT. La resolución del CSD, pensada para dar cobertura a las federaciones para que estas decidan lo que consideren más adecuado en cuanto al cierre de esta temporada, no disfruta del rango legal suficiente. Ni siquiera una Orden ministerial o un Real Decreto ostentan ese rango.

Pero el CSD, lejos de proponer al Gobierno un Real Decreto-Ley, se limitó a formular recomendaciones a las federaciones.

En definitiva, lo que ha hecho el CSD es una especie de Guía o manual de actuación urgente para las federaciones, para que por parte de sus comisiones delegadas se tomen los acuerdos que correspondan, pero, ojo, que correspondan de acuerdo a los reglamentos vigentes.

Las federaciones están preocupadas pues entienden que el CSD se ha quitado el problema de encima y se los ha devuelto, incumpliendo así la promesa hecha por su presidenta de darles cobertura jurídica en un momento tan difícil. Pero ya verán el efecto boomerang.

A partir de ahora, como hemos expuesto, las federaciones están abocadas a un "sálvese quien pueda". Teniendo en cuenta que los acuerdos que se tomen por las comisiones delegadas que alteren el calendario y el formato de competición requerirían de una modificación previa de los reglamentos y bases de competición respectivos; y los primeros tendrían que pasar por la comisión directiva del CSD antes de poderse aplicar, no vemos tiempo material suficiente para hacerlo conforme a la Ley.  

Un verdadero caos el que se avecina. Un caos que se hubiese podido evitar con esas cuatro líneas que el Gobierno no consideró oportuno incluir en el Real Decreto-Ley aprobado este martes.