El Defensor del Pueblo atiende a la petición de ProLiga y exige a la Dirección General del Juego un informe sobre las medidas concretas para determinar el porcentaje destinado al deporte de los ingresos por las Apuestas Deportivas.
El Defensor del Pueblo ha estimado la petición de ProLiga y exige a la Dirección General del Juego un informe sobre las medidas concretas para determinar el porcentaje destinado al deporte de los ingresos por las Apuestas Deportivas.
Se trata de un informe confuso de la DGJ sobre la Ley de 2011, cuyas consideraciones son contrarias a las declaraciones emanadas desde el Congreso, que sí se ajustan a las reclamaciones que lidera ProLiga.
Las apuestas deportivas son un próspero negocio para las empresas que se dedican a su explotación. También utilizan el nombre, los símbolos de los clubes y muchos de los datos de sus partidos de competición.
Una Ley del año 2011 que prevé el retorno de un porcentaje de los ingresos que genera esta actividad a nuestro deporte, se debería de haber desarrollado hace 8 años, y a día de hoy sigue pendiente.
Con estos antecedentes, ProLiga lleva meses tratando de reactivar el mencionado desarrollo de la Ley, con el fin de conseguir que nuestros clubes puedan beneficiarse del mismo, y para ello se ha dirigido en dos ocasiones al Defensor del Pueblo, el cual está actuando con una diligencia digna de destacar, solicitando a los estamentos oportunos toda la información sobre la situación del asunto.
Una vez analizado el Informe de la Dirección General del Juego, desde ProLiga se considera, y así lo ha transmitido por escrito al Defensor del Pueblo, que “En relación al informe, permítanos calificarlo, sea dicho con el debido respeto, como oscuro, nada claro, de difícil entendimiento, lleno de manifestaciones totalmente subjetivas y gratuitas y lo que es más grave, contrario a lo que en los dos últimos años se ha tratado y ha sido apoyado en el Congreso de los Diputados por los distintos Grupos Parlamentarios”.
ProLiga entiende que el informe de la Dirección General del Juego que se nos ha transmitido yerra en todos y cada uno de los puntos, y muy concretamente cuando indica “que el retorno debe ser meramente testimonial”, además de señalar que “no es vinculante la obligatoriedad de la Disposición Final Segunda de adoptar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, las disposiciones correspondientes para el desarrollo e implementación de lo previsto en la misma”.
Y, desde luego, y "lo que más nos preocupa es que dicho organismo no quiera ver la realidad, como es el latente riesgo de amaños de partidos en las categorías Segunda División B y Tercera División".
ProLiga denunció en su día la ausencia de desarrollo de la disposición que tiene que determinar el porcentaje objeto de retorno al Deporte de la recaudación, siendo asunto de debate de manera reciente en el Congreso de los Diputados.
Y en este sentido, destacamos la intervención de D. Rodrigo Gómez García del Grupo Parlamentario Ciudadanos: “(…) lo que estamos pidiendo es que cumpla con la disposición adicional sexta de la Ley del Juego, que dice que reglamentariamente se fijará el equivalente del porcentaje aplicable a la recaudación obtenida de las apuestas “ “(…) la otra parte de la recaudación debería ir al deporte, porque, si hay un negocio que se lucra de él, creemos que es justo, como dice la propia Ley del juego en su disposición adicional sexta, que una parte vaya al mismo. Y hay estimaciones que calculan que esa parte que podría retornar podría suponer unos 50 millones de euros (…)” (sic).
También desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, destacó la intervención de Doña María Teresa Arévalo Carballo: “Nadie en el Gobierno ha explicado los motivos por los que no se ha desarrollado reglamentariamente el derecho que tiene el deporte a un porcentaje de los ingresos de las apuestas deportivas, algo que parece de justicia por el uso que hace esta industria (…)”. Y la del Grupo Socialista, quien mediante la intervención de Don Javier Anton Cacho, manifestó: “(…) Se debe recordar, sobre todo al sector de las apuestas, que sin competición, sin federaciones y sin deporte base es imposible hacer apuestas deportivas (…)” (sic).
ProLiga ha vuelto a insistir en su respuesta al Defensor del Pueblo que el reparto al fútbol NO Profesional de un porcentaje de las Apuestas que se realizan utilizando los nombres de los clubes de Segunda B y Tercera permitiría a estos clubes mejorar las condiciones económicas de sus deportistas, podrían implementar programa de integridad, reforzar sus estructuras y repercutiría en beneficio de las categorías inferiores o fútbol base vinculadas a los clubes de estas categorías.
Esta Asociación se mantiene firme en la defensa de los derechos e intereses de nuestros clubes afiliados, por lo que ha vuelto a solicitar el que, “de una vez por todas” se desarrolle la disposición adicional sexta de 2011, con el objeto de que:
"Se reparta el porcentaje correspondiente de las apuestas deportivas en Segunda B y Tercera división.
Parte de la recaudación vaya destinada a la lucha contra los posibles amaños de partidos en estas dos categorías.
Parte de los ingresos de las apuestas retornen al fútbol base formativo".
