La nueva ley revela la voluntad del Gobierno de privatizar el deporte oficial

Hace unas semanas decíamos que estábamos a la espera de que el nuevo presidente del Gobierno diese a conocer el nuevo texto del anteproyecto de ley del deporte, documento que, según dijo José Manuel Franco en el Congreso, entrará en el Parlamento en el otoño próximo.

Por las filtraciones habidas entonces, formulamos una serie de anticipos de lo que estábamos vislumbrando y concluíamos que, si nadie lo remedia, lo esperable es el regreso al pasado.

Pues bien, lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. El nuevo anteproyecto de Uribes y de Franco, ha caído en el gran error de intentar demoler todo un sistema que ha funcionado razonablemente bien desde 1990, no por convicción (ninguno de los dos proceden del deporte), sino por influencias externas que tienen nombre y apellido.

En el preámbulo, el Gobierno lo admite sin ambages: "Afortunadamente, el modelo federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del Estado".

Como ya dijimos, el texto del anteproyecto divulgado por el Ministerio está lejos de ser coherente con la ideología progresista del actual Gobierno. Se confirma el retroceso de 30 años, una vuelta al modelo que se quiso dejar atrás por obsoleto, arbitrario y que sumía en el más absoluto desamparo a los clubes y deportistas frente a las federaciones. 

Aunque el texto del anteproyecto es largo y algunas cosas buenas tiene, lo grave está en los pilares que lo sustentan, en particular en lo concerniente a las competiciones oficiales y a la justicia deportiva.

Observen cómo regula ambas cuestiones:

Respecto a las competiciones oficiales, el nuevo texto mantiene como función pública su calificación, que sigue en manos de las federaciones deportivas (correcto), pero a continuación dice que su "organización" deja de ser función pública y pasa al siguiente apartado, el de las funciones privadas de las federaciones. Un auténtico disparate.

Dice el artículo 51:

"Funciones a desarrollar bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes

Las federaciones deportivas españolas ejercen, bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

...

b) Calificar las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que no sean profesionales ni profesionalizadas".

Y dice el artículo 52 del anteproyecto:

"Funciones propias de las federaciones deportivas españolas

Son funciones propias de las federaciones deportivas españolas:
...

b) Organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que hayan calificado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 97 de esta ley en relación con las competiciones profesionales y la competencia de las ligas profesionales al respecto".

Al tratarse de una función privada, las decisiones federativas en la organización de las competiciones oficiales ya no podrán recurrirse ante el CSD. 

Luego, en concordancia con ello, surge lo que comentamos esta semana acerca del nuevo régimen disciplinario, en el que empiezan por mutilar al TAD, que se queda como algo meramente decorativo, y empuja a los deportistas y clubes a acudir a los jueces de lo civil cuando sean sancionados por las federaciones, a sabiendas de que la justicia ordinaria en el deporte es inútil. Sus sentencias suelen llegar cuando los afectados están ya jubilados.

Recuérdese que en el Ancien Régime (nos referimos a la época anterior a 1990), el control público sobre la actividad federativa era mínimo, por no decir inexistente. Ello dejaba indefensos a los clubes y deportistas cuando eran objeto de decisiones gravosas, en muchos casos arbitrarias, por parte de las federaciones.

Ante la inacción del poder público, los afectados, pocos pues era y es costoso, se veían abocados a acudir a la justicia ordinaria para impugnar aquellas decisiones, algo que conocían de antemano los dirigentes federativos, lo que les daba alas ya que las decisiones judiciales llegaban en algunos casos cuando el club o el deportista ya no estaban en activo.

Resulta contradictorio que un Gobierno progresista aplique al deporte una lógica opuesta a la que invoca para intervenir en otros ámbitos (género y discapacidad, por ejemplo), al abogar por reducir el alcance o ámbito de la intervención y supervisión pública en el deporte.

Conviene recordar que el modelo de la ley de 1990, que nos ha traído hasta aquí (a nosotros nos parece "el menos malo") y que determinadas 'fuerzas opacas' quieren demoler, fue impulsado por uno de los mejores presidentes que ha tenido el CSD, Javier Gómez Navarro, precisamente del PSOE, un político de raza y con buena cabeza que supo leer la historia y cambiar el rumbo de la intervención pública en el deporte después de recorrerse España y consultar a todos los agentes y expertos posibles.

Como dijimos en el anterior editorial, nos queda la esperanza de que, bien antes de su envío al Parlamento, o durante su tramitación en las cámaras legislativas, el Gobierno se dé cuenta de que le han colado un texto contrario a sus propios postulados.

Se ha confirmado el peor de los augurios. La nueva ley, si se aprueba tal cual, nos haría retroceder a la época preconstitucional, la etapa que el profesor Bassols Coma denominaba como "una situación de no Derecho" donde las federaciones campaban a sus anchas sin que nadie les enmendara la plana.