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José Luis Pérez Triviño y Eva Cañizares
22 de mayo de 2016

Las esteladas en el fútbol: política, deporte y debate racional

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José Luis Pérez Triviño y Eva Cañizares

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LAS ESTELADAS EN EL FÚTBOL: POLÍTICA DEPORTE Y DEBATE RACIONAL

 

"El deporte en general y el fútbol en particular no tienen que convertirse en escenarios de confrontación política". Este es, básicamente, el motivo argumentado por Delegación del Gobierno para no permitir la entrada de esteladas en el Vicente Calderón con motivo de la Final de la Copa del Rey entre el Sevilla FC y el FC Barcelona. Vuelve a repetirse la nada inocente polémica generada en años anteriores, a propósito de las pitadas al himno de España en sendas finales de la Copa del Rey, ya que este tipo de escenarios y eventos deportivos, seguidos por millones de personas, se presta para ejercer protestas y reivindicaciones de corte político dada la enorme repercusión que las mismas consiguen. En lo que sigue llevaremos un breve análisis de los problemas jurídicos y socio-políticos que se generan cuando se mezclan cuestiones deportivas, jurídicas y políticas, centrando nuestro examen en el caso de las esteladas.

 

Respecto del primer ámbito, la cuestión inicial que suscita este nuevo caso es si el hecho de portar esteladas se puede revestir de ese traje llamado libertad de expresión o si, por el contrario, debe ser considerado como una conducta violenta o que incita a la violencia, tal y como argumenta la Delegación del Gobierno. Pues bien, para ello debemos remitirnos a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico al respecto y, en primer lugar, a la Constitución Española que, en sus artículos 16.1 y 20.1.a, protege los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, en los que, en nuestra opinión, se puede enmarcar, en principio y con ciertos matices, cualquier manifestación de carácter político, incluyendo el hecho de portar esteladas, bandera por cierto reconocida como legal por el Parlament de Catalunya. En efecto, a instancias de Esquerra Republicana (ERC), el Parlamento Catalán reconoció en 2014 la estelada como símbolo que representa un anhelo y una reivindicación democrática, legítima y no violenta (Resolución 497/X del Parlament de Catalunya). El propósito de la resolución era, precisamente, garantizar «que los aficionados catalanes no sean impedidos ni sancionados por el hecho de exhibir esteladas en otros campos de fútbol del Estado».

 

En segundo lugar, no existe precepto alguno que prohíba y sancione la introducción de banderas no oficiales o todo tipo de manifestación de corte política en la Ley del Deporte, ni en la novedosa Ley de Seguridad Ciudadana, que, asimismo, se remite, en su art. 8.2, a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en todo lo relativo a los espectáculos deportivos. 

 

En tercer lugar, los artículos 1, 2 y 6 de esta última fijan los objetos y ámbitos de aplicación de dicha ley, la definición de actos o conductas violentas o que inciten a la violencia y la prohibición de éstas, respectivamente. Entre dichas prohibiciones no se encuentran manifestaciones políticas de ningún tipo, ya sean verbales, banderas, pancartas, etc. a diferencia de lo que sí dispone la normativa de una organización deportiva como es la UEFA que lo veta expresamente en su Código Disciplinario. En particular, la Ley 19/2007 en su artículo 6.1, dispone que se prohíbe “introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia (…)”, definiendo en su artículo 2.1.b) como conductas violentas o que incitan a la violencia, entre otras, aquellas “que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen inciten a la violencia, (…) o que constituyan un desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo y, expresamente, sanciona aquellas que sean violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el deporte. En el mismo sentido se establece en el Código Disciplinario de la RFEF, organizador de la competición.

 

Como puede observarse, este otro tipo de justificación es muy distinta a la anterior para prohibir las esteladas, ya que como tal no se centra en el carácter político de la misma sino que exige mostrar de alguna manera que la exhibición de las banderas en cuestión es causa real o potencial de incitación a la violencia. Como es el caso de que no sería la primera vez que los aficionados llevan esas banderas, no se puede afirmar que en el pasado hayan sido causa de algún incidente violento antes, durante y tras los partidos. Por lo tanto, la seguridad pública no parece que esté en peligro, salvo que los cuerpos de seguridad encargados de mantener el orden público tuvieran alguna información adicional que no hayan revelado. De este modo, en principio, y por esta vía no habría base legal para justificar la adopción de la medida de prohibición de portar esteladas en la final de Copa adoptada por la Delegación del Gobierno.

 

Sobre estas cuestiones ha habido en estos días dos pronunciamientos judiciales en respuesta a sendos recursos contencioso-administrativos por el Procedimiento Especial de Protección de los Derechos Fundamentales. En el primero de los casos, el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid (1), en el que se tramita el recurso de la Asociación “Drets”, ha levantado cautelarmente la prohibición alegando que, en principio, portar esteladas en el interior del estadio que albergará la Final no está prohibido expresamente en la legislación aplicable ni es un acto violento ni que incite a la violencia. En concreto, señala que “El valor del pluralismo político comporta la libertad para pensar y expresarse… [la democracia] ampara la discrepancia y las formas en las que esta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea a su vez respetuosa con los derechos de los demás”. Habrá que ver si mantiene dicha postura en la resolución que ponga fin al procedimiento.

 

Por su parte, el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid (2), con relación al recurso del FC Barcelona, ha resuelto inadmitir el mismo alegando que la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno no constituye acto administrativo recurrible así como alega la falta de legitimación activa del FC Barcelona al considerar que las personas jurídicas o Asociaciones no tiene legitimación para presentar recursos por vulneración de derechos fundamentales. Esta postura podría parecer, en principio, que difiere de la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 251/2007 y 85/2008) que considera que al conceder el artículo 24.1 de la CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud esta legitimación, y en concreto respecto de las Asociaciones que actúen supuestamente en defensa de los intereses que constituyen sus fines estatutarios al apreciar que, en estos casos, existe una relación directa entre dichos fines y el motivo en el que se fundamenta la impugnación del acto administrativo recurrido.

 

Si analizamos los Estatutos del FC Barcelona, vemos que en su artículo 4º detalla las finalidades del Club entre las que no hay referencia alguna a la defensa de la bandera independentista ni a cualquier otra cuestión de carácter político que pudiera afectarles. Por tanto, dado que la prohibición de la estelada no es un tema que afecte a sus intereses estatutarios, el FC Barcelona no está legitimado para interponer el recurso, tal y como establece el juez al inadmitir, por este motivo, la interposición del mismo. Además, hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión es personalísimo.

 

En cualquier caso, esta resolución judicial no afecta a la decisión tomada por el primer Juzgado de levantar la prohibición establecida por la Delegación del Gobierno de Madrid (3), pues si nos encontrásemos ante un conflicto jurisdiccional, es decir, si el Magistrado-Juez del Juzgado número 15 hubiera resuelto en sentido contrario al Magistrado-Juez del Juzgado número 11, el Auto del juez del 15 carecería de efectos pues en sede de medidas cautelares prevalece la resolución positiva sobre una negativa.

 

Junto a los problemas interpretativos recién mencionados, la adopción de medidas sobre expresiones de esta naturaleza presenta aristas políticas nada desdeñables que deberían tomarse en cuenta. Y es que, junto a los criterios interpretativos de carácter formal que hemos examinado hasta el momento, cualquier interpretación de una norma debe tener en consideración las consecuencias que se pueden derivar, especialmente, como sucede en este supuesto donde están en juego intereses políticos insoslayables. Así las cosas, la opción de interpretar que exhibir esteladas se encuentra entre los contenidos que la Ley Antiviolencia prohíbe, sin acreditar el ánimo de ofender o de incitar a la violencia del que la porta, generaría los siguientes efectos negativos:

 

1. El destinatario de la prohibición establecida en la norma percibiría su aplicación no como un acto de justicia sino como fruto de la arbitrariedad. En especial cuando en el pasado no ha sido objeto de ilegalización.

 

2. Dada la naturaleza política del conflicto subyacente, la imprecisión de la norma aplicada invierte la percepción que suele tenerse del infractor y de la autoridad. El primero es visto por los demás que comparten su actitud como el héroe frente a la autoridad, a la que se considera su verdugo. Y se supone que el ordenamiento jurídico lo que debe transmitir es la sensación de confianza y respeto por las leyes, no lo contrario.

 

3. A estos efectos negativos habría que añadir la sensación generalizada de que la aplicación arbitraria de esa norma no sería fruto de una conciencia social tendente a evitar la generación de conflictos y situaciones de violencia en el deporte, sino que buscaría más bien favorecer un determinado interés político.

 

Estas consideraciones tienen relevancia por cuanto que la decisión de la Administración (y eventualmente, la judicial) podría agravar el conflicto político subyacente, encrespando más los ánimos contrapuestos y, en definitiva, contradiciendo el espíritu de la Ley Antiviolencia. En este sentido, debería constituirse como un principio general de la Administración el de rehuir de decisiones arbitrarias tendentes a favorecer ciertos intereses políticos y que aquellas que adopte hayan de acreditar el interés en la seguridad ciudadana tratando, de este modo, de evitar la generación de situaciones de violencia y conflictividad innecesarias en el deporte.

 

Por otro lado, hemos de suponer que la defensa de la libertad de expresión para amparar la introducción de esteladas en el estadio que han enarbolado las asociaciones que presentaron el recurso contra la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid, así como han coreado los miles de aficionados culés ofendidos por dicha medida, será coherente y no la cuestionarán cuando otros aficionados hagan lo mismo con la bandera española y demás símbolos que representen a los españoles en estadios deportivos catalanes y no catalanes. Lo mismo cabría decir del FC Barcelona, que también ha presentado el otro recurso sustanciado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 en defensa de la libertad de expresión política de sus aficionados, pero que, curiosamente, en su normativa interna (reglas básicas del Estadio del FC Barcelona) regula qué objetos pueden entrar en el Nou Camp, estableciendo en su artículo 6.1b que: “Los espectadores tienen prohibido traer los siguientes objetos al Estadio: La publicidad, los artículos comerciales, políticos o religiosos de cualquier tipo, como por ejemplo pancartas, carteles, símbolos y opúsculos”. ¿Acaso no son las esteladas que se ven cada partido en el Nou Camp, símbolos políticos? ¿No atenta esta prohibición al derecho a la libertad de expresión de los demás que tanto reclaman cuando se les prohíbe a ellos la estelada?

 

Asimismo, es de suponer que la suspensión de la ejecutividad de la prohibición, al considerarse que la estelada no incita a la violencia, sirva a los más radicales independentistas para evitar eventuales conflictos omitiendo llevar a cabo otros comportamientos (abucheos o pitadas al himno español), dando, de esta manera, la razón al juez que ha adoptado dicha medida, y así dejar sin estos argumentos a la autoridad competente en futuros enfrentamientos deportivos de estas características, demostrando a todos aquellos que ven en sus actitudes una provocación que están equivocados.

 

En nuestra opinión, la exhibición de esteladas en la Final de la Copa entra dentro del derecho a la libertad de expresión, y por lo tanto, no hay razones para su prohibición. Pero sería oportuno distinguir entre libertad de expresión y el contenido de lo que se expresa. Porque, desde otros puntos de vista que no son el jurídico, insistimos, ese contenido podría llegar a ser cuestionable en determinadas circunstancias. Por más que objetivamente la exhibición de esteladas no sea considerado un gesto provocador o incitador a la violencia, puede ser un gesto que, en un contexto y tiempo determinado y si va acompañado de abucheos al Rey o al himno español, pueda ser considerado irrespetuoso y poco deportivo por los aficionados que no comparten el ideario independentista y que, en cambio, se ven representados por esos símbolos. Porque el escenario en esta ocasión no es el mismo que en las finales de Copa del Rey de 2009 y 2015, cuando la afición contraria compartía simpatías con los independentistas catalanes. Ahora el FC Barcelona juega contra el Sevilla FC y en Madrid. Al respecto, vale señalar que una asociación españolista va a repartir banderas españolas en los aledaños del estadio Vicente Calderón (4) como respuesta a lo que entienden que es una provocación con las esteladas. En este sentido, las reacciones políticas pueden en determinados contextos provocar episodios de violencia, los cuales pueden ser más difíciles de controlar en un espacio cerrado como es un estadio, y de ahí, que, aunque la bandera española tampoco es contraria a la libertad de expresión, lógicamente, esta reacción como respuesta a la pretendida provocación de las esteladas si pueda contribuir a crear un clima aún más hostil. Demasiados episodios de violencia se han suscitado en los campos de fútbol teniendo como base un conflicto político. No podemos ser, en este sentido, ingenuos. Todos estos supuestos, no pueden ser calificados de forma general, sino caso por caso, según las circunstancias concretas que se den.

 

Para terminar, y como ya hicimos en otro artículo a raíz de las pitadas al himno español (5), hacemos un llamamiento tanto a los aficionados de una bancada como de la otra a considerar que el motivo de la convocatoria es un partido de fútbol. Nada más. Y que si hay discrepancias políticas, existen otros escenarios más propicios para un debate racional que están al alcance de todos los implicados porque, afortunadamente, vivimos en un sistema político que no prohíbe la coexistencia de visiones políticas contrapuestas, así como su expresión pública. Ondear banderas es, en la mayoría de los casos, una invocación a los instintos más primarios, como también lo son los abucheos y las pitadas, y no una forma adecuada para resolver conflictos. Respecto a las autoridades competentes les recordamos la imperiosa necesidad de que sean más rigurosos a la hora de adoptar medidas como la examinada en este artículo porque, en más ocasiones de las deseadas, dichas medidas pudieran ser contrarias a lo dispuesto en el ya mencionado artículo 2.1.e de la Ley 19/2007, que señala como posible delito o falta las declaraciones con ocasión de la celebración próxima de una competición que contribuyan significativamente a la creación de un clima hostil. Y, aunque sería improbable la aplicación de este precepto a la adopción de la prohibición de las esteladas, dada la dificultad en probar que la misma no persiga el loable objetivo de evitar la inseguridad de los aficionados que acudirán al estadio y, por tanto, la conexión entre la misma y el clima hostil, sí que se les puede atribuir una cierta responsabilidad moral por alimentar ese ambiente que no contribuye en nada a que los aficionados de distintos territorios de España mantengan una convivencia pacífica y armónica, al menos, más de lo que es en la actualidad.

 

José Luis Pérez Triviño

Profesor Titular de Filosofía del Derecho (UPF). Director de “Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte”.

 

Eva Cañizares Rivas.

Abogada experta en Derecho y Gestión Deportiva. Directora del BNFit Fundición. Grupo Santagadea

 

 

 

© José Luis Pérez Triviño y Eva Cañizares Rivas (Autores)

© Iusport (Editor). 1997-2016

 


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