El caso del Orihuela que llevó a la Segunda B a tener un grupo de 21 equipos

El Reus Deportiu ha pasado por tres categorías en los últimos nueve meses. Todo ello consecuencia de la expulsión que sufrió a finales de enero por el Juez de Disciplina de LaLiga por los reiterados impagos a su plantilla. El Juez no solo expulsaba al conjunto reusense de Segunda División en mitad de temporada sino que le impedía participar en la competición profesional los próximos tres años.

Ello llevó al nuevo dueño del Reus, Clifton Onolfo, a recurrir la expulsión ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El órgano estatal confirmó la sanción tres meses después. En principio, el Reus iba a competir en el grupo tercero de Segunda División B, junto con el resto de equipos catalanes, valencianos y aragoneses. No obstante, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le denegó la admisión en la categoría de bronce debido a las deudas que todavía mantenía con varios jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Tras volver a descender administrativamente, esta vez a Tercera División, la Federación Catalana de Fútbol (FCF) excluyó al conjunto tarraconense del grupo V de la Tercera División por el impago de una deuda mantenida con la RFEF, así como por la comparecencia del equipo en los dos primeros partidos de la competición. Esta situación de inestabilidad deportiva también afectó al filial, que a principios de octubre fue excluido de la Primera Catalana, quinta categoría del fútbol español.

Pero este lunes saltó la sorpresa. El TAD falló a favor del recurso del Reus Deportiu contra la resolución por la que la RFEF lo expulsaba de Segunda B el pasado mes de agosto. Una decisión que trastoca por completo el calendario de la categoría de bronce y, todavía mucho más, los planes del Reus, que vagabundea entre el abandono y la desistencia de sus dueños.

¿Y ahora qué?, cabe preguntarse. Por lo pronto, si la RFEF está conforme con la resolución debe buscar la fórmula para incluir al conjunto reusense en el grupo tercero de Segunda B, que pasaría a tener 21 clubes, puesto que la vacante del Reus fue adquirida en su día por el Andorra. También habría que tener en cuanta las posibilidades del Reus de formar una plantilla mínimamente decente para competir, por lo que, a priori, parece una resolución de difícil cumplimiento. Si la RFEF no estuviera conforme con la resolución del TAD siempre puede acudir a la justicia ordinaria y esperar que le den la razón. 

Sin embargo, hay un precedente relativamente reciente que avala que uno de los grupos de Segunda División B tenga 21 equipos por motivos extradeportivos o judiciales. Es el caso del Orihuela en septiembre de 2012, que terminó en la justicia ordinaria.

El conjunto oriolano se encontraba en concurso de acreedores en julio del año 2012, por lo que no pudo depositar el aval de 200.000 euros que exigía la RFEF para ser inscrito en Segunda División B. La RFEF, presidida por aquel entonces por Ángel María Villar, descendió al conjunto alicantino a Tercera División y la directiva inició un proceso judicial contra la Federación.

El Orihuela alegó que no habían depositado dicho aval porque la Ley Concursal se lo impedía. A principios de septiembre, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante falló en favor del Orihuela y ordenó a la RFEF a readmitir al conjunto alicantino en Segunda B.

A los pocos días de conocerse la resolución judicial, la RFEF publicó un nuevo calendario incluyendo al Orihuela. El conjunto alicantino comenzó la temporada en la jornada cuatro en un primer partido contra l'Hospitalet. Prácticamente un año después, en septiembre de 2013 la Audiencia de Alicante falló a favor de la RFEF en el 'caso Orihuela'. No obstante, dicha resolución apenas tuvo efectos, puesto que la temporada pasada ya había concluido y el Orihuela había descendido deportivamente a Tercera División tras competir en el grupo tercero de Segunda B, en el que cohabitaron 21 equipos.

En el caso del Reus falta por saber si la RFEF llevará la resolución del TAD a la justicia ordinaria para defender su proceder este pasado verano. De no hacerlo o si no le dieran la razón, hay un claro precedente, el del Orihuela en 2012, que obligaría a la RFEF a que por motivos extradeportivos, alguno de los grupos de Segunda B tenga 21 equipos. También se tendrá que tener en cuenta la capacidad para rehacerse de un Reus que lleva meses desaparecido del mapa futbolístico nacional.