Hace escasos días, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), que representa a los equipos de fútbol femenino en España, contestaba a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de que esta desautorizara la venta conjunta de los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola iniciada por el organismo del fútbol femenino.
La ACFF recriminaba al ente federativo que excluya a los clubes que compiten en categorías no profesionales, como son la Segunda B y Tercera masculina y la Primera y Segunda Femenina, de la posibilidad de explotar económicamente el contenido audiovisual de sus partidos.
Recordemos que los clubes de LaLiga, es decir, LaLiga Santander y LaLiga 1|2|3, comercializan conjuntamente sus derechos audiovisuales, pero no sucede así en Segunda B y Tercera, donde cada club pacta con la empresa que quiere.
La patronal femenina reiteraba su postura afirmando que los clubes son los "titulares de sus derechos de imagen, y por consiguiente, los titulares de los derechos de comercialización de sus partidos".
Además, recordaba que así lo ratificó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado mes de julio de 2018.
Pues bien, ante la evidencia de que este pleito lo tiene perdido la RFEF frente a la Asociación de clubes femeninos, la Federación se propone instaurar una competición paralela para, según fuentes próximas a la patronal y sindicatos, poder así, merced a un fraude de ley, vender los derechos audiovisuales de la nueva competición .
Las fuentes indicadas no se explican este movimiento de ficha de la RFEF, al que califican de "abuso de poder claro y manifiesto".
Recuerdan que conforme al artículo 33.1 de la vigente ley del deporte, "Las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal. ...". Esto justificaría la intervención del CSD.
Concluyen que, en base a lo expuesto, la nueva competición planeada por la RFEF incurre en fraude de ley, pues supondría una suerte de expropiación de los derechos audiovisuales de los clubes, que son propiedad, tal y como recordó la Comisión Nacional de la Competencia.
Se avecina por tanto una dura batalla judicial entre la RFEF y la Asociación de clubes femeninos, si bien antes es probable que actúe el CSD.
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