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El último juicio por revelación de secretos lo ganó el periodismo deportivo

Antonio Aguiar Antonio Aguiar Miércoles, 12 de Diciembre de 2018
Villar, en el momento de ser detenido por la operación SouleVillar, en el momento de ser detenido por la operación Soule

Agentes de la Policía Nacional requisaron ayer los teléfonos móviles de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística.

 

Según han informado fuentes de ambos medios, la Policía ha actuado en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como caso Cursach.

 

Sobre este asunto, Raúl Bellerín se pregunta: ¿Existe "un imperativo preponderante de interés público" para incautar móviles, ordenadores y documentación a algunos de los periodistas que investigan el caso Cursach? En este enlace pueden seguir leyendo la reflexión de Bellerín sobre esta importante cuestión que se ha suscitado.

 

[Img #84543]Ahora nos parece oportuno traer a colación un caso del que informamos en IUSPORT hace un año, en el que otro juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, en la última resolución judicial que conocemos al respecto, falló a favor de la libertad de información.

 

Se trata de la querella que Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar, presentó contra el periodista Joaquín Maroto por publicar en el diario AS los documentos y archivos de la Operación Soulé, entre ellos, en exclusiva, la declaración judicial íntegra de los tres encarcelados preventivos, ahora en libertad bajo fianza, por el magistrado Santiago Pedraz (los investigados Ángel Villar, Gorka Villar y Juan Padrón) y las de María José Claramunt y Juan Luis Larrea, que acudieron a los Juzgados como testigos.

 

El auto de archivo de la juez, que no consideró en absoluto delito los hechos denunciados, fue concluyente. "Se entiende que el conflicto entre el derecho a la intimidad del señor Gorka Villar y el derecho a la libertad de información del señor Joaquín Maroto debe resolverse a favor de este último porque no puede obviarse el interés informativo, que no tiene que ver con la vida privada del denunciante, sino que se enmarca dentro del ámbito de su actividad profesional y la de su padre, Ángel Villar, relacionadas con la Federación Española de Fútbol".

 

Gorka Villar solicitaba que Joaquín Maroto retirase los vídeos de las declaraciones judiciales, algo que también ha desestimado la Justicia, y tras advertir con su intención de sumar a la denuncia a los funcionarios públicos (policías y fiscales) y al resto de los encausados y testigos convocados por el juez Pedraz, finalmente presentó él solo los cargos que ahora se han archivado. "Se estima que el uso que el señor Maroto hizo de la información lícitamente obtenida está encuadrado en el derecho a la libertad de información y legitimado por el objetivo de contribuir a la formación de la opinión pública en cuestiones de actualidad referidas a personas de notoria proyección", dice el fallo judicial.

 

Maroto acudió al Juzgado el pasado día 26 de octubre de 2017 para cumplir con su obligación, y a la entrada a la Plaza de Castilla, un cámara y una fotógrafo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entidad que no tenía nada que ver con la denuncia, le tomaron imágenes y fotografías. El presidente de la propia RFEF se disculpó ante Maroto por este hecho, que Larrea dijo "desconocer y por lo tanto autorizar". Más tarde, el director de Comunicación de la propia Federación, Antonio Bustillo, asumió la "total responsabilidad del acto", que justificó por "un calentón" contra Maroto. "Ha sido una gracieta", llegó a afirmar.

 

En su declaración ante la titular del Juzgado Número 3 de Madrid, Joaquín Maroto invocó el artículo 20 de la Constitución y su derecho al secreto profesional para no revelar la fuente, como pretendía la parte contraria. "Todos tenemos derecho a dar y recibir información veraz, y más si es de interés público como es el caso. En cuanto al origen de la información, voy a acogerme a mi derecho al secreto profesional y no voy revelar la fuente, Señoría", dijo Maroto en sede judicial.

 

El periodista explicó que el interés general "es indudable ya que se trata de los asuntos de la Federación, una organización que ha recibido dinero público, y de la Selección Nacional de Fútbol de España, y por eso la exclusiva de AS fue recogida posteriormente por otros muchos medios. Tres de los declarantes, además, han sido enviados a prisión preventiva, y están ahora en libertad bajo fianza, por orden de un Magistrado de la Audiencia Nacional. Esto es prueba fehaciente del interés público de la información", concluyó Joaquín Maroto.

 

La Magistrada del Juzgado Número 3 de la Plaza de Castilla falló a favor del periodista y en un auto (que publicamos íntegramente) decidió "archivar las diligencias y no atender las medidas cautelares solicitadas por el querellante", con lo que Joaquín Maroto pudo seguir difundiendo la información que obraba en su poder y que obtuvo legítimamente en el ejercicio de su profesión.

 

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LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN AS:

 

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