El Ministerio de Justicia exige una acreditación en el proyecto de "ley trans"

En febrero informamos del borrador la futura ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, "ley trans", que regula también la participación de éstas en competiciones deportivas.

Como punto clave del proyecto destacamos que, según el mismo, "se realizará atendiendo a su sexo registral, sin que en ningún caso puedan realizarse pruebas de verificación del sexo".

El borrador inicial del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero (Podemos) regulaba el derecho a la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de aportar diagnóstico médico o psicológico alguno, y dedica su capítulo VI, artículo 39, a las medidas a adoptar en el ámbito deportivo.

Estas medidas prevén la participación en competiciones deportivas atendiendo al sexo registral de las personas, sin la realización en ningún caso de pruebas de verificación del sexo, y que en las instalaciones deportivas segregadas por sexo se garantizará a las personas trans el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su identidad de género.

A los pocos días, fuentes de Moncloa (PSOE) advertían de que “Es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos” y añadían: “el Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado”.

Fuentes de la parte socialista del Gobierno indicaron que el documento necesitaba más debate para garantizar la “seguridad jurídica” porque “añade otros elementos de enorme complejidad y suscita muchas dudas”.

Por otro lado, los sectores contrarios a esta ley aplaudieron el giro dado por el PSOE. 

Pues bien, según informa este martes El País, el informe emitido por el Ministerio de Justicia, que encabeza Juan Carlos Campos (PSOE) considera que eliminar la necesidad de presentar informes es congruente con lo que piden la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, pero, añade, esa concepción “no patologizante” de las personas trans obliga a buscar “otros mecanismos” para acreditar una situación “estable y persistente” de la transexualidad.

En medio de este pulso PSOE-UP, este martes llega al Congreso una propuesta alternativa, un proyecto de ley presentado por Esquerra, que también defiende la libre autodeterminación de género.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado varias veces que correspondía al Ministerio de Justicia garantizar la seguridad jurídica de esa ley para que “los nuevos derechos no supongan una merma” de otros ya existentes.

El informe de Justicia ahonda en esa idea y pide “alguna garantía jurídica adicional” que asegure una “situación estable de transexualidad”.

“Los trascendentales efectos jurídicos y sociales que tiene una toma de decisión de esta naturaleza reclaman que haya una acreditación de la realidad que se pretende inscribir”, según el informe, que recoge que el registro civil “es un registro de actos y de hechos pero no de meras declaraciones de voluntad”.

Y pone como ejemplo que los nacimientos, las defunciones o los matrimonios “han de ser acreditados documentalmente, sin que sea suficiente que alguien declare un hecho o un acto para que este sea inscrito”.

Como recuerda El País, elaborar una ley trans es uno de los puntos del acuerdo de Gobierno que firmaron los dos partidos, que por el momento han acordado fusionarla con otra propuesta que también iba en el programa conjunto, una ley LGTBI.

Esta polémica norma ha despertado también los recelos de gran parte del movimiento feminista, que la ve como un caballo de Troya para mermar los derechos conseguidos por las mujeres y alerta de posibles fraudes a cuenta de la ley.

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TEXTO ÍNTEGRO DEL BORRADOR INICIAL DE LA "LEY TRANS"