Lamentable la justificación de Franco sobre la reforma de la justicia deportiva

El presidente del CSD, que tiene rango de secretario de Estado, José Manuel Franco, fue esta noche del martes el invitado especial de El Partidazo de COPE.

Tras comentar diversos temas, como la reciente victoria de Rafa Nadal o el desagradable incidente con el técnico del Rayo Vallecano femenino, Franco respondió a preguntas relativas al proyecto de la nueva ley del deporte, que en estos momentos se tramita en el Congreso de los Diputados.

Preguntado por el vaciamiento de competencias del TAD, Franco reconoció que los clubes y deportistas sancionados ya no podrán acudir al tribunal pero quiso quitarle importancia al afirmar que ello no implicará "indefensión" pues, dijo, el TAD seguirá teniendo competencias "en materia organizativa o de competición" y que "se podrá recurrir ante la Federación, ante la sección de arbitraje que se va a crear" y, por último, "ante la justicia ordinaria".

Y terminó desvelando el motivo (creíamos que eran los fondos europeos) del destrozo que se va a perpetrar: "Es para adecuar la legislación española a lo que está sucediendo en el resto de países de la Unión Europea".

Al final de la entrevista, consciente del tsunami que esto va a ocasionar en el deporte español, dijo que el proyecto aún puede ser modificado en el Parlamento, "en cualquier aspecto, también en este".

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Argumentación lamentable del presidente del CSD

Nos parece lamentable la justificación ofrecida por el presidente del CSD y también su falta de valentía para mantener su voluntad de reforma al decir que la ley está expuesta a cambios en el Parlamento. O no cree en la reforma o sencillamente se la han impuesto.

En primer lugar, no es cierto que el TAD mantenga competencias en el orden organizativo. Nunca las tuvo y tampoco las va a tener.

En segundo lugar, cuando habla del arbitraje en las federaciones está reconociendo que no habrá una instancia independiente a dónde acudir precisamente contra las sanciones de las federaciones.

Y cuando reconoce que está abierta la vía de la justicia ordinaria, omitió añadir que esa vía ya existía pero después del TAD, no en lugar del TAD.

El Tribunal Administrativo del Deporte es un comité adscrito al CSD que viene funcionando desde la ley de 1980, aunque ha cambiado de nombre (primero fue Comité Superior de Disciplina Deportiva, luego Comité Español de Disciplina Deportiva y desde 2014 TAD).

Es decir, llevamos 41 años en los que los clubes y deportistas federados han tenido una instancia pública, especializada y gratuita a la que pedir amparo contra las sanciones que cada semana ponen los comités de las federaciones.

Se trata de un sistema que han aceptado tanto el PSOE, que fue el que hizo el diseño actual en 1990, y el PP, una de las pocas cosas en las que ha habido consenso entre los dos grandes partidos.

Según el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados y que ahora está en periodo de enmiendas, los clubes y deportistas ya no podrán acudir al TAD, excepto en un solo supuesto, en el caso extremo de que una federación sancione con la retirada de la licencia. Ni siquiera en el caso de suspensión de la licencia, que podría ser de varios años, el deportista afectado podrá pedir el amparo del TAD.

De acuerdo al proyecto de la nueva ley, los clubes y deportistas sancionados tendrán que ir a la justicia ordinaria, sabiendo todo el mundo que ello conlleva gastos y una cosa peor: las sentencias de los tribunales son inútiles en el deporte porque siempre llegan tarde.

Paralelamente, la nueva ley dice que las federaciones podrán crear un sistema arbitral para evitar tener que ir a la justicia ordinaria, sistema, el arbitral, que, como es sabido, es voluntario y además es privado y de pago.

Las grandes preguntas que el Gobierno no ha respondido 

La cruda realidad es que el Gobierno aún no ha dado una respuesta convicente a estas preguntas:

- ¿Por qué razón ha decidido vaciar de competencias al TAD y remitir a los clubes y deportistas a la justicia ordinaria o, alternativamente a un sistema arbitral privado y de pago?.

- ¿Por qué se cambia un modelo de justicia deportiva que lleva funcionando 40 años sin que se conozcan quejas sobre su idoneidad?

- Cuando aduce que se trata de adecuarnos a otros países europeos, ¿quiere decir que en España llevamos 40 años equivocados?

- ¿Si otros países han optado por no implementar un tribunal administrativo para el deporte como el nuestro, es decir, por no dar amparo a los clubes y deportistas, debemos nosotros emularlos a ellos?

- Según un medio de comunicación, fuentes del CSD han dado a entender que el TAD está saturado de asuntos y por eso han optado por quitarle competencias. La pregunta aquí es: ¿en lugar de vaciarlo de funciones, por qué no se le dota de más medios humanos, como un cuerpo de letrados?

- Por último, en la nueva ley se mantiene la competencia del TAD en materia electoral con el argumento de que así se evita judicializar los conflictos deportivos (así consta en su preámbulo). ¿Por qué no se aplica el mismo argumento a la materia disciplinaria para mantener esta competencia al tribunal?

- O al revés, ¿por qué en materia electoral no nos "adecuamos" a esos otros países europeos y sí le mantienen la competencia al TAD?

Lo dicho, es lamentable la justificación dada por José Manuel Franco y lo peor es que el cambio en ciernes tendrá graves consecuencias. 

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