Se desvela el verdadero 'leitmotiv' de la nueva Ley: los fondos europeos

Ya hemos explicado reiteradamente en IUSPORT que el proyecto de la nueva ley del deporte aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre declara derechos que ya estaban reconocidos y por tanto no necesitan de una nueva ley integral del deporte, como el derecho a la actividad física y el deporte, las distintas figuras de deportistas -profesionales, no profesionales, el alto nivel, alto rendimiento, entre otras, pero sí introduce cambios radicales en cuestiones capitales, como las funciones públicas de las federaciones, que se reducen notablemente, y el régimen disciplinario, en perjuicio de los clubes y deportistas.

En cuanto a las funciones públicas, a partir de la nueva Ley el CSD será un mero espectador de los conflictos que se susciten sobre la organización de las competiciones, pues ya no entrará a revisar las decisiones en esta materia.

Y, por otro lado, privatiza la disciplina deportiva, ya que a partir de la nueva ley tampoco llegarán las reclamaciones al TAD y será "de pago", en contra del modelo que ha tenido España en los últimos cuarenta años.

La vulneración de las reglas del juego y la competición queda en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el TAD "ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-administrativo".

Dicho lo anterior, muchos andarán preguntándose: ¿Por qué de repente le entraron prisas al Gobierno con una ley que llevaba "elaborándose" desde 2019?

Lisa y llanamente, porque vio la oportunidad de justificar ante la Comisión Europea uno de los ejes para captar dinero europeo con el llamado "Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

IUSPORT ha tenido acceso a la Memoria justificativa de la nueva ley, remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados, y ahí saltó la liebre.

Literalmente, la Memoria de la Ley dice lo siguiente:

"1.8 Hito y/u objetivo de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) al que se vincula la actuación.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este Anteproyecto de Ley da cumplimiento al hito CID 367, dentro del referido C26.R1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual se cumplirá con el indicador que hará posible el cumplimiento del hito que, es la publicación de la norma en el «Boletín Oficial del Estado», cumpliendo el calendario establecido que exige dicha publicación, antes de finalizar el cuarto trimestre del año 2022".

"En caso de incumplimiento de la consecución del hito y/o del calendario supondría el no desembolso de los Fondos de la Unión Europea de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

El propio Gobierno reconoce, pues, en la Memoria de forma expresa que si la ley no se aprueba antes de finalizar el año, no se cobrarán los fondos europeos.

Y ante esto, cabe preguntarse: ¿Para percibir esos fondos, unos 300 millones, era necesario desmontar el sistema semipúblico del deporte español, dejando desamparados a los clubes y deportistas, que ya no podrán acudir al CSD ni al TAD contra la arbitrariedad de las federaciones?

Los partidos que sustentan al Gobierno, PSOE y UNIDAS PODEMOS, son los que deberían responder a esta pregunta.

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VER LA LETRA PEQUEÑA DEL PLAN DE RESILIENCIA