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José Miguel Fraguela
José Miguel Fraguela Viernes, 01 de Diciembre de 2017

El Gobierno quiere poner fin cuanto antes al conflicto de la RFEF

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Varios son los altos cargos, incluidos los de Presidencia, que no se cansan de pedirle a Íñigo Méndez de Vigo que ponga punto final cuanto antes al eterno conflicto de la RFEF.

 

Le recuerdan que el año 2016, tanto el Gobierno como la marca España ya sufrieron un profundo desgaste con el retraso de las elecciones de la RFEF y la imagen de debilidad del Gobierno, junto a la intransigencia del entonces presidente del CSD, Miguel Cardenal, al menos a los ojos de Villar. Cardenal repitió hasta la saciedad que no tenía nada personal con Villar y que se limitaba a aplicar la ley, pero lo cierto es que la comunicación entre ambos se rompió desde el momento en que el CSD exigió a la RFEF la justificación de determinadas subvenciones. Después de esto hubo varios desencuentros.

 

Un Cardenal que pasó de "amigo" de Villar, con quien cooperó en los comités jurídicos de la RFEF, a enemigo acérrimo (aunque él no lo quisiera) del hasta ahora todopoderoso presidente federativo.

 

Aunque nunca lo haya reconocido, el Gobierno reemplazó a Cardenal por José Ramón Lete, no porque este estuviera mejor preparado académica e intelectualmente, para llevar el CSD, sino porque hacía falta alguien que, con similar solvencia técnica, afrontara las relaciones con los poderes fácticos del deporte, del fútbol en especial, con más "mano izquierda". 

 

Y es cierto que José Ramón Lete posee todas esas cualidades. Preparación y experiencia le sobran. Conocimientos generales y específicos del deporte, también. Pero, sobre todas las cualidades, es un señor y con una inteligencia emocional a prueba de bomba.

 

Pero ni al Gobierno ni a Lete se le ocurrió prever que cuando el conflicto parecía reconducido, gracias precisamente al consenso entre Lete y Villar en torno al reglamento electoral, de repente un juez iba a poner todo patas arriba.

 

Ante este hecho sobrevenido, el Gobierno español sintió como si hubiésemos retornado a la casilla de salida. Y se puso manos a la obra.

 

Lo primero fue ordenar se denunciara a Villar ante el TAD y, acto seguido, se procediera a su suspensión cautelar (que no es sinónimo de inhabilitación), como así se hizo.

 

Pero ni la estancia en prisión durante largos y eternos días, ni la "pena de telediario", impulsaron a Villar a dimitir.

 

Aquí se produjo otro nudo que generó más tensión en el Gobierno. Recuérdese que Rajoy colocó en el CSD precisamente a uno de sus cercanos ayudantes, el actual Director General de Deportes González Castaño, para que le mantuviese informado de este asunto.

 

Y como el mal tiempo no amainaba, dio una nueva vuelta de tuerca: ordenó al CSD que interpusiera un recurso extraordinario de revisión, aunque su legitimación esté sostenida con palillos. Como es sabido, se trata, como su nombre indica, de un recurso verdaderamente excepcional, que pocas veces se utiliza y menos aún prospera.

 

Pero llega la resolución del TAD el pasado viernes, ofrecida por IUSPORT en primicia el sábado a primera hora, favorable a las tesis del Gobierno, al declarar nulas las elecciones, si bien tal pronunciamiento tiene la condición de propuesta de resolución, pues ha de esperar al dictamen del Consejo de Estado.

 

Nuevo contratiempo en el camino. Cuando el Gobierno se las prometía felices, ya solo le falta el informe favorable del alto órgano consultivo del Estado, va Luis Rubiales y lleva a cabo lo que hace tiempo era un secreto a voces: presenta la moción de censura, moción que ya tiene fecha, el 16 de enero.

 

Pero tampoco acaban ahí los contratiempos. Rubiales anunció el viernes que impugnaría la convocatoria de la Asamblea General por entender que "cercena el voto de muchos asambleístas".

 

Dos procesos paralelos

 

Si el Consejo de Estado informa a favor de la propuesta del TAD antes de la Asamblea General, la moción de censura quedará en papel mojado, no se podrá tramitar, al declararse la nulidad de todo el proceso electoral. Ello significará que se disuelve la Asamblea General de la RFEF, desactivándose por completo la moción, opción que es la preferida por el Gobierno y a la que dedica sus mayores esfuerzos.

 

Pero, como ya hemos comentado en IUSPORT, ¿qué pasaría si la moción de censura llega antes que el TAD?

 

Pues en el fondo casi lo mismo, pero con más ruido mediático y más desgaste para la marca España.

 

El Gobierno lo que quiere es que se repitan las elecciones desde el comienzo, con todas las garantías. Sólo eso, entiende, restaurará nuestra imagen, muy dañada.

 

En este segundo supuesto, al provenir la investidura de Rubiales de una Asamblea General elegida en unas elecciones declaradas nulas, y estando dentro del mismo mandato iniciado por Villar, las consecuencias serían  similares:  nuevas elecciones.

 

Por puro efecto dominó, anuladas las elecciones, queda disuelta la Asamblea General y, por consiguiente, serían nulos todos los actos basados en esa asamblea. Ello implicaría el cese de todos los titulares de los órganos dimanantes de aquellas elecciones declaradas nulas.

 

El paso siguiente sería convocar nuevas elecciones desde el principio, conforme a las normas y plazos que establece el reglamento electoral de la RFEF.

 

Pero en este último supuesto, y de ahí lo del ruido mediático, sí puede darse una variación. Una vez investido Rubiales presidente con la moción de censura, y una vez disuelta la asamblea, podría reclamar el ejercicio de la presidencia de la Comisión Gestora, al haber sido investido, mientras se sustancia el proceso electoral en su primera fase, la de elección de la asamblea.

 

Como es sabido, si Rubiales concurre a estas nuevas elecciones, no necesitaría dimitir como presidente de esa eventual Comisión Gestora hasta el comienzo de la segunda fase, la destinada a la elección del presidente, pero ya con la asamblea electa.

 

De ninguna manera quiere el Gobierno llegar al Mundial de Rusia sin cerrar este asunto.

 

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