Por qué en Canarias es la Administración y no el 'TAD' quien suspende una convocatoria electoral

Muchos juristas se han preguntado por qué en Canarias es la Administración General y no el 'TAD' de la Comunidad,  la Junta Canaria de Garantías Electorales, la que revisa las convocatorias electorales de las federaciones. 

La clave está en qué acto se recurre, quién lo dicta y en qué momento se produce. Esa es la explicación que ofrece el fundamento de derecho primero de la resolución relativa a la convocatoria electoral de la Federación Canaria de Surf de la que dimos cuenta en IUSPORT el pasado viernes: no es lo mismo impugnar la decisión de la presidencia de convocar elecciones que recurrir los acuerdos adoptados por la Junta Electoral federativa durante su desarrollo.

Desde esa distinción, la resolución justifica que sea la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias la que conozca del recurso contra la convocatoria y decida sobre su suspensión cautelar, sin asumir por ello las competencias que corresponden a la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte, órgano equivalente en parte al TAD a nivel estatal. 

Una regla general que necesita una precisión

El punto de partida puede generar dudas. El fundamento primero recoge el artículo 78.1.c) de la Ley 1/2019, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, según el cual las decisiones referentes a los procesos electorales federativos son recurribles ante la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte. Sin embargo, la resolución explica que esa previsión no implica que cualquier acto relacionado con unas elecciones deba ser revisado por dicho órgano. La propia Junta ha venido declarándose incompetente para resolver las impugnaciones de los acuerdos de convocatoria.

La resolución cita precedentes relativos a las federaciones canarias de Colombofilia y Atletismo, de 2016, y de Natación y Automovilismo, de 2023. Según el criterio que atribuye a esas resoluciones, las reclamaciones contra la convocatoria no se dirigen contra acuerdos de la Junta Electoral ni constituyen, en ese sentido competencial, una controversia sobre la validez del proceso electoral: lo recurrido es un acto de la Presidencia de la federación.

La convocatoria y el proceso electoral no se confunden

La convocatoria se considera un acto previo al propio proceso electoral. Esta es la premisa interpretativa sobre la que descansa el reparto de competencias explicado en la resolución. Para sostenerla, el fundamento primero distingue entre el acto de convocar, regulado en el artículo 8 de la Orden de 4 de octubre de 2001, y la publicación de la convocatoria, que su artículo 9 sitúa como primer acto formal del procedimiento electoral.

Añade otro argumento: la legitimación para recurrir ante la Junta Canaria, conforme al artículo 42 del Decreto 51/1992 que cita la resolución, se vincula a condiciones como ser candidato, miembro de la Asamblea o estar incluido en el censo electoral. Son presupuestos que, según ese razonamiento, exigen un procedimiento electoral ya en tramitación.

La presidencia federativa no es la administración electoral

La resolución lo expresa de manera directa: la Presidencia de la Federación Canaria de Surf no es administración electoral por sí misma. Por tanto, el recurso contra su decisión de convocar elecciones no sigue la misma vía que un recurso contra un acuerdo de la Junta Electoral.

Además, el fundamento primero señala que el acto de la Presidencia agota la vía federativa, de acuerdo con el artículo 78.2.c) de la Ley 1/2019. A partir de esa calificación, y de las disposiciones organizativas que enumera, concluye que corresponde a la Dirección General revisar la convocatoria. El documento indica que ese mismo centro directivo ya había mantenido este criterio en resoluciones de 2026 relativas a las federaciones de Fútbol e Hípica. 

Quien revisa la convocatoria decide sobre su suspensión

La consecuencia es que la competencia para revisar la convocatoria comprende también la decisión sobre la solicitud de suspensión cautelar de su ejecución. Así lo afirma expresamente el cierre del fundamento primero: la Dirección General es competente para revisar el acto recurrido, incluida la petición de la medida cautelar.

La suspensión no se presenta, por tanto, como una intervención de la Dirección General en sustitución de la Junta Canaria, sino como una decisión vinculada al recurso del que aquella conoce. El elemento determinante no es que la medida afecte a unas elecciones, sino que recae sobre una convocatoria cuya revisión corresponde a la Dirección General.

La Junta Canaria conserva sus competencias

Este razonamiento tiene un límite expreso. La Dirección General circunscribe su actuación a la convocatoria y a los actos preelectorales que constituyen su presupuesto. Los acuerdos que adopte la Junta Electoral una vez iniciado el proceso —en materia de censo, tabla de distribución o proclamación de candidaturas— mantienen su cauce propio de reclamación ante la Junta Electoral y de recurso ante la Junta Canaria de Garantías Electorales del Deporte.

Suspender la convocatoria no equivale a resolver los recursos contra los acuerdos de la Junta Electoral. La resolución advierte que no se pronuncia sobre esos acuerdos, aunque puedan verse afectados por la suspensión de la convocatoria de la que proceden.

En definitiva, según el fundamento primero, la Dirección General suspende la convocatoria porque es el órgano competente para revisar ese acto de la Presidencia federativa; la Junta Canaria conserva la revisión electoral que corresponde a su ámbito. No se trata de desplazar al órgano de garantías, sino de distinguir dos objetos de control: la legalidad del acto que convoca las elecciones y las decisiones electorales adoptadas durante su desarrollo.