F. Europa Press
El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha puesto fin al expediente abierto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por presuntamente divulgar información económica del FC Barcelona, acordando no imponer sanción de clase alguna al considerar que no cometió ninguna infracción.
Literalmente, el TAD ha acordado el archivo por no haberse acreditado que la conducta sea imputable al expedientado.
Se le acusaba de la “divulgación pública” a través del comunicado de 2 de abril de 2025 de LaLiga, de la información y los datos que el FC Barcelona remitió a LaLiga en cumplimiento de las Normas para la Elaboración de Presupuestos.
El 20 de octubre de 2025 tuvo entrada en el Tribunal Administrativo del Deporte la petición razonada del presidente del Consejo Superior de Deportes para la incoación de expediente disciplinario tras una denuncia presentada por Miguel Galán.
Sin embargo, el expediente tuvo que ser reiniciado en marzo de 2026 tras haber caducado el inicial, por haber transcurrido más de tres meses desde la incoación. En una resolución de 26 de marzo, el TAD declaró la caducidad del expediente disciplinario y al amparo de los artículos 21.3, 25.1 b) y 95 de la Ley 39/2015, acordó el archivo de ese expediente y la apertura de otro.
El Tribunal entendió entonces que la posible infracción no había prescrito, por tratarse de una presunta infracción muy grave del artículo 76.2.a) de la Ley 10/1990, cuyo plazo de prescripción es de tres años. En consecuencia, decidió abrir un nuevo procedimiento disciplinario, lo que permitió reactivar formalmente la investigación sobre la publicación del comunicado de LaLiga de 2 de abril de 2025.
En cualquier caso, la caducidad dio lugar a que afloraran dudas más que razonables sobre el caso y que expusimos en su día en IUSPORT.
Resultaba difícil sostener la coherencia de un expediente cuando el supuesto perjudicado —el FC Barcelona— no solo no había denunciado los hechos, sino que se había desmarcado expresamente de cualquier acusación. Más aún, su presidente, Joan Laporta, ha llegado a insinuar la existencia de intereses ocultos detrás de la denuncia.
Pero si el origen del expediente ya era discutible, su caducidad lo situaba en un terreno aún más problemático. Revelaba la existencia de un debate interno sobre su viabilidad.
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