
El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente a la que ha tenido acceso IUSPORT, ha confirmado la condena a los principales responsables de una sofisticada trama de estafas fiscales que, entre 2014 y 2016, defraudó más de 6 millones de euros a la Agencia Tributaria mediante la suplantación de identidad de decenas de futbolistas y baloncestistas profesionales extranjeros que habían jugado en España.
Entre los afectados hay exfutbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Valencia y del Mallorca CF, entre otros.
La sentencia pone fin a un largo proceso judicial que ha implicado a varios tribunales y ha destapado uno de los mayores fraudes cometidos contra la Hacienda Pública en el ámbito deportivo.
El modus operandi: suplantación y falsificación masiva
Según los hechos probados, los condenados actuaron de común acuerdo para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de IRPF en nombre de deportistas extranjeros, sin que estos tuvieran conocimiento. Para ello, falsificaron firmas, certificados de residencia y justificantes de retenciones, presentando documentación manipulada que permitía desviar las devoluciones a cuentas bancarias controladas por los acusados o por sociedades administradas por ellos.
La trama afectó a más de un centenar de expedientes, de los cuales al menos 38 se materializaron en pagos fraudulentos. Las cantidades defraudadas se ingresaron en cuentas de los acusados y de unas sociedades, sumando un total de 6.281.078,86 euros.
El papel clave de la funcionaria de la Agencia Tributaria
Entre los condenados destaca una funcionaria de la Agencia Tributaria que accedió de forma irregular a bases de datos internas y facilitó información confidencial a la red, permitiendo la elaboración de las solicitudes fraudulentas. Por este motivo, fue condenada por un delito continuado de utilización de información privilegiada por funcionario público, además de cooperadora necesaria en la estafa.
Condenas y penas impuestas
El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de ocho años de prisión y multas de veinte meses para los acusados, como autores de delitos continuados de estafa, falsedad documental y aprovechamiento de información privilegiada.
La funcionafria ha sido condenada a seis años de prisión y multa de 18 meses, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además, los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con la totalidad de lo defraudado. Las sociedades implicadas han sido declaradas responsables civiles subsidiarias por las cantidades ingresadas en sus cuentas.
El Supremo rechaza los recursos y aclara la responsabilidad penal
La sentencia desestima los recursos de casación presentados por los condenados, rechazando argumentos como la supuesta falta de prueba, la negligencia de la Agencia Tributaria o la ausencia de perjuicio económico. El alto tribunal subraya que la existencia de fallos en los controles de la Administración no exime de responsabilidad penal a los autores del fraude.
El Supremo solo estima parcialmente el recurso de la funcionaria en lo relativo a la responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de la multa, que queda sin efecto por exceder el límite legal para quienes cumplen penas superiores a cinco años de prisión.
La Agencia Tributaria, única perjudicada
El tribunal rechaza que los deportistas suplantados puedan ser considerados perjudicados directos, ya que su derecho a reclamar las devoluciones permanece intacto frente a la Administración. La víctima del delito es la Hacienda Pública, que deberá ser resarcida con las cantidades defraudadas.
Cierre de un caso emblemático
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo cierra un caso emblemático en la lucha contra el fraude fiscal en el deporte profesional, reafirmando la responsabilidad penal de quienes, desde dentro y fuera de la Administración, se aprovechan de los mecanismos tributarios para enriquecerse ilícitamente.



























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