Camacho: "Antifraude tilda de acoso procesal la acción de la FCF hacia 30 trabajadores"

Lamentablemente, puede comprobarse una vez más que la ética, la buena gobernanza, la compliance y los valores del deporte no tienen cabida en las mentes de determinadas personas vinculadas a entidades deportivas, que son más noticia por sus conflictos judiciales que por sus méritos deportivos.

No es de extrañar que algunas voces críticas con el sistema deportivo actual se atrevan a decir que los anteriores conceptos no son más que “meras tapaderas” para los desmanes de ciertas personas que podrían estar utilizando el deporte para sus fines personales.

El cruce de declaraciones entre Oriol Camacho, secretario general de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y Joan Soteras, presidente de la misma y miembro de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Pedro Rocha -expedientado en el día de hoy por el Tribunal Administrativo del Deporte y que ha pasado de testigo a investigado en el Juzgado de Majadahonda-, han servido para que se haya destapado la caja de los truenos en la Federación Catalana de Fútbol.

El daño irreparable generado a las instituciones y a la credibilidad del fútbol español y catalán obliga a que las autoridades deportivas, administrativas y judiciales actúen sin mayor dilación antes de que los males puedan ser mayores. Y asimismo los medios de comunicación estamos obligados a coadyuvar para que el deporte sea limpio en su mayor dimensión, denunciando sin cortapisas y complejos actuaciones propias de épocas pretéritas.

El CAOS que se ha generado en las dos federaciones de fútbol punteras de este país (RFEF y FCF) obliga a nuestras autoridades a un serio replanteamiento del problema y de las soluciones aplicables. Ya no hay prórroga, se acabó el partido. Toca actuar irremediablemente y quienes decidan mirar a otro lado deben abandonar sus puestos o dedicarse a otra tarea, sean autoridades deportivas o directivos de una federación. Simplemente por dignidad y para dormir con la conciencia tranquila.

En esta columna analizaremos lo ocurrido este viernes en relación con la FCF. El pasado miércoles Joan Soteras acusó en diversos medios de comunicación al secretario general Oriol Camacho, de cometer presuntas graves irregularidades. La respuesta de este último no se ha hecho esperar y este viernes ha sido entrevistado por Encarna García, de Mundo Deportivo, y por Ricard Ustrell en el programa “El matí de Catalunya Radio”.

Como podremos analizar a continuación, las acusaciones de Oriol Camacho son gravísimas y ponen en tela de juicio las normativas internas de la propia Federación Catalana, así como los controles y supervisión de las mismas.

En concreto, su Código Ético y de Buen Gobierno (Sistema de Compliance Penal) no tolera de ningún modo las actuaciones denunciadas y prevé sanciones disciplinarias para aquellas personas que lo incumplan. Y a pesar de que en esta federación existe una Comisión de Compliance, su presidenta dimitió de su cargo en fechas recientes y cuenta como miembros de la misma con algunos de los trabajadores que están siendo investigados en el procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sabadell, por la presunta comisión de tres delitos: falsedad en documento público, falsedad en documento privado y administración desleal.

Oriol Camacho afirma en la entrevista en Mundo Deportivo que “hay un montón de procedimientos judiciales a nivel laboral, cerca de 30 despidos o incluso puede que más, ya que de todos no tengo información… Hasta donde yo sé, se ha acabado reconociendo la improcedencia prácticamente en la totalidad de todos ellos y abonando (las cantidades) un año o dos más tarde a los trabajadores despedidos. El procedimiento es bastante perjudicial para los trabajadores despedidos … He colaborado muchas veces en la tramitación de los expedientes disciplinarios y ésta es otra de las cosas que me quita el sueño literalmente, pues a estas personas se les despide disciplinariamente, se las tiene un año o dos años sin cobrar absolutamente nada y luego se reconoce la improcedencia dos minutos antes de entrar a juicio”.

Añade Camacho que “esto es lo que la Oficina Antifraude de la Generalitat denomina como “acoso procesal” hacia una persona que ha querido informar o que, de alguna manera, no está en la sintonía, en relación a cosas que se le han solicitado. SE LES ACOSA JUDICIALMENTE HASTA, por decirlo así, ARRUINARLOS ECONÓMICAMENTE o CONSEGUIR QUE ENTREN EN UN ESTADO DE SALUD PREOCUPANTE. No sólo les ha pasado a los trabajadores sino también a muchos directivos críticos que han sido cesados o que han abandonado la federación por discrepancias y que también están siendo objeto de querellas y demandas permanentes buscando este efecto. Con lo cual la situación es bastante preocupante”.

Oriol Camacho actualmente es testigo protegido por la Oficina Antifraude de la Generalitat de Catalunya tras las denuncias presentadas y las declaraciones efectuadas en los Juzgados de Primera Instancia núm. 2 de Sabadell y núm. 7 de Barcelona. En las citadas denuncias Camacho ha explicado algunas de las actuaciones presuntamente llevadas a cabo por el presidente Joan Soteras, el director general José Miguel Calle y determinados trabajadores y ejecutivos de la entidad federativa para favorecer a la candidatura de Soteras en el último proceso electoral.

Camacho inicia su intervención indicando que se encuentra en una situación muy complicada a nivel emocional. Aclara Camacho que en la investigación sobre el último proceso electoral participa en calidad de testigo, no en la de denunciante, ya que las diligencias abiertas son consecuencia de las denuncias de diversos clubes sobre la presunta falsificación de firmas en las actas notariales que permitirían votar a los clubes.

Oriol Camacho fue citado a declarar por la Unidad Investigadora, que es el Área Central de Anticorrupción de Mossos d’Esquadra, unidad altamente especializada del cuerpo policial en la investigación de delitos de corrupción. Camacho reconoce, visiblemente emocionado, que en un momento del interrogatorio “se rompe” y se ve "con la conciencia y la necesidad de explicar todo lo que ha pasado en el proceso electoral, todo lo que está pasando y todo lo que he visto, de lo que he sido testigo y de explicar la realidad de lo que ha vivido”.

Ricard Ustrell le pregunta “¿pero, qué es lo que ha vivido?”. Camacho responde que los procesos electorales en la FCF se han ido desarrollando de una manera determinada con unas normas muy claras, con un reglamento electoral muy claro que se cumplía de forma escrupulosa y en estas elecciones se han producido una serie de irregularidades desde el primer momento”.

Señala el secretario general que las elecciones del 22 de mayo de 2022 fueron anuladas por el Tribunal Catalán del Deporte y se tuvieron que repetir el 13 de febrero de 2023. Dice Camacho que “desde aquella repetición se tramó una estrategia por parte del propio Sr. Soteras y los profesionales que le dan soporte, su director general y algunas personas más, para intentar favorecerle en multitud de actuaciones coordinadas y con una trama”.

El periodista recuerda a Camacho que Soteras manifestó en su entrevista que se trataba de “las elecciones más legales que se habían celebrado en la FCF y que no se habían falsificado actas notariales”. Camacho niega estas afirmaciones y responde que efectivamente se produjeron irregularidades y que será la justicia quien determine si se falsificaron o no las actas notariales.

Camacho no se considera como colaborador necesario de estos presuntos delitos, sino que reconoce que ha participado en algunas actuaciones, pero en ningún caso en la falsificación de las actas notariales, de la que existen indicios que se están investigando. Afirma que “yo en algunas cosas he podido participar, que era en la parte de dar cobertura jurídica a determinadas cosas que eran irregulares”.

Ricard Ustrell comenta a Oriol Camacho que ha realizado unas acusaciones muy graves contra el Sr. Soteras. Así lo reconoce, señalando que todo está perfectamente documentado. Camacho reconoce que debido a la gran trascendencia de los hechos se ha visto obligado a denunciar todo lo ocurrido ante la Generalitat de Cataluña. Afirma que, también como secretario de la Junta Electoral, durante el proceso electoral había remitido informes redactados por él mismo al Tribunal Catalán del Deporte intentando dar cobertura jurídica a una serie de irregularidades y que, por tanto, ha querido dar traslado al Gobierno de la Generalitat para que se valore si esto se ha de revisar o no, o qué se ha de hacer.

Ustrell recuerda a Oriol Camacho que se puede negar a realizar una actuación si considera que es ilegal o irregular. El secretario general reconoce que así es, pero alega que en la FCF ha habido aproximadamente 30 despidos y, además, con una actitud hacia los trabajadores despedidos muy agresiva. Se ha reconocido la improcedencia de los despidos disciplinarios en muchos casos al cabo de uno o dos años y, por tanto, no se veía con las herramientas necesarias de protección ante una actitud de “acoso procesal”.

Reconoce Oriol Camacho que “callaba y no decía nada sobre lo que estaba ocurriendo por temor a represalias” y de que siguieran haciendo con él la política de “acoso procesal” que habían hecho con los trabajadores despedidos.

Se arrepiente de no haber hablado antes

Camacho se arrepiente de no haber hablado antes porque la situación ha llegado demasiado lejos. “Ojalá me hubiera visto con el coraje, con las herramientas y con la protección necesaria mucho antes para haber prevenido todo esto. Por la parte que me toca, pido personalmente perdón y creo que se debería pedir perdón a todos los clubes catalanes, a toda la sociedad y, sobre todo, a todas las instituciones de Cataluña a las que tanto se les ha faltado el respeto, a la propia Federación Catalana de Fútbol por muchas actuaciones que, en cierta manera, yo me he visto forzado a hacer de las cuales no estoy nada orgulloso y me gustaría que este arrepentimiento y esta conciencia que estoy demostrando también la tuvieran los dirigentes actuales de la FCF y pidan perdón por todas las cosas que se han hecho mal”.

El secretario general manifiesta que el Sr. Soteras miente en sus acusaciones sobre un posible complot orquestado por el propio Camacho contra las instituciones catalanas y recuerda que, dentro de las pruebas que ha aportado a la Generalitat, Soteras considera que la Honorable Consellera Laura Vilagrà y la Secretaria General del Deporte catalán, Anna Caula, son una “colla de imbécilas del Govern” y califica al Molt Honorable Presidente de Catalunya, Pere Aragonés, como “el menut” (el pequeño).

Situación actual 

Como ha podido apreciarse en las dos entrevistas, la gravedad de la situación es inusitada y las autoridades deben actuar de forma inmediata para regenerar la imagen del fútbol y del deporte en general, así como la credibilidad de los dirigentes y trabajadores de una federación deportiva.

Si bien no puede olvidarse que uno de los orígenes de esta situación, sin perjuicio de determinadas actuaciones personales, viene ocasionado por una sorprendente e insólita resolución del Tribunal Catalán del Deporte, que en Iusport nos aventuramos a calificar como “resolución metajurídica”; pues francamente es difícil de entender que la máxima autoridad administrativa del deporte catalán reconociera expresamente en su resolución de 30 de mayo de 2023, por un lado,

1. que el Sr. Soteras y los miembros de su candidatura habían ejercido ilegítimamente su cargo durante un periodo de tiempo determinado (16 días de los 30 permitidos para convocar las nuevas votaciones);
2. que tuvieron que ser requeridos bajo apercibimiento disciplinario para que abandonaran sus cargos ilegales en la junta directiva;
3. que habían realizado actos de campaña electoral prohibidos siendo directivos; y
4. que la junta electoral federativa había favorecido a su candidatura en perjuicio de la igualdad entre candidatos;
5. pero, por otro lado, no consideraron de aplicación ningún reproche jurídico a los presuntos infractores y permitieron expresamente, ante semejantes irregularidades, la continuidad de la junta del Sr. Soteras ante la incredulidad del sector del Derecho deportivo estatal y catalán.

Y la prueba más evidente de su gran error es que la propia Generalitat de Cataluña se ha allanado a la demanda contencioso administrativa planteada por el candidato Juanjo Isern en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como recurso contra la citada resolución administrativa, para sonrojo ajeno solicitando expresamente su revocación por nulidad de pleno derecho. Como se dice coloquialmente, “de aquellos polvos vienen estos lodos”.