Graves acusaciones del secretario general de la FCF contra Soteras ante el juez

El secretario general de la Federación Catalana de Fútbol, Oriol Camacho, ha acusado ante el Juez a Joan Soteras, presidente de la entidad y miembro de la Comisión Gestora de la RFEF, a José Miguel Calle, director general de la FCF, y a algunos trabajadores, de cometer presuntas irregularidades en el proceso electoral en su propio beneficio, según ha informado Futbolcatalunya.com

El citado medio añade que Oriol Camacho ha manifestado que se trataría de una “trama orquestada” por las dos citadas personas, en colaboración con algunos empleados, existiendo actas notariales fraudulentas y presunta falsificación de firmas en el reciente proceso electoral que dio la victoria a Joan Soteras frente a Juanjo Isern.

Camacho ha declarado en calidad de testigo protegido y ha afirmado que no ha denunciado antes por temor a posibles represalias si decía la verdad, pues algunos compañeros ya habían visto peligrar sus puestos de trabajo. Como manifestó el ex miembro de la Comisión de Ética, José Luis Pérez Triviño, han sido despedidos y cesados más de 25 trabajadores y directivos, hecho totalmente insólito en una federación deportiva.

Oriol Camacho fue citado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, por la representación legal del presidente Joan Soteras. En este caso, se trata de una querella que había presentado Joan Soteras contra el candidato Juanjo Isern, por unas declaraciones de este último en Mundo Deportivo señalando que “las elecciones del 13 de febrero de 2023 fueron fraudulentas y que hubo una presunta falsificación de actas notariales”. Proceso electoral que ha resultado ser extraordinariamente convulso, pues el Tribunal Catalán del Deporte ya se vio obligado a declarar la nulidad de las votaciones del mes de mayo de 2022 que también ganó la candidatura de Joan Soteras y ordenó la repetición de las mismas.

El pasado 5 de marzo, 30 unidades de la Policía de la Generalitat de Cataluña, junto con la jueza y secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell se presentaron en la sede de Barcelona de la Federación Catalana de Fútbol para efectuar su registro durante 12 horas seguidas y se incautaron diversos dispositivos móviles de directivos y ejecutivos, entre los cuales figuraban Joan Soteras y José Miguel Calle y diversos trabajadores. Los presuntos delitos cometidos son administración desleal (art. 252 CP, castigados con pena máxima de prisión de hasta 6 años y multa de 6 a 12 meses), falsedad en documento público (art. 392 CP, pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses) y falsedad en documento privado (art. 395 CP, pena de prisión de 6 meses a 2 años).

El registro tuvo su origen en el citado proceso electoral y, en particular, en las numerosas actas notariales que fueron protocolizadas en una notaría de Sabadell, ciudad originaria de Joan Soteras, de modo que este último representaba a más de 170 clubes de toda Cataluña. En las elecciones de las federaciones deportivas catalanas, todos aquellos clubes que no tengan las juntas directivas inscritas o actualizadas en el registro de entidades deportivas de la Generalitat de Cataluña solo pueden ejercer su derecho a voto si presentan un instrumento notarial que acredite quienes son los legales representantes de los clubes.

Las reacciones no se han hecho esperar y Miguel Galán, presidente de CENAFE, que acaba de presentar una denuncia en el Consejo Superior de Deportes solicitando que el Tribunal Administrativo del Deporte inhabilite al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y a todos los miembros de su Comisión Gestora, ha informado en sus redes sociales que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte que él mismo preside, se personará como acusación popular en el procedimiento. Esta Asociación también se ha presentado estos días como acusación popular en el caso de las elecciones a presidente de la Federación Murciana de Fútbol.

La TV catalana habla de "crisis total"

La Televisión Pública de Catalunya califica los hechos así: “Se abre la caja de los truenos en la Federación Catalana de Fútbol. Crisis total”.

En declaraciones a la televisión pública catalana, el candidato Juanjo Isern ha afirmado que “me siento presidente electo y me he visto privado de ser presidente de la FCF por la manipulación de actas notariales, que ha sido confirmada por Oriol Camacho en su declaración ante el juez”, que, además de secretario general de la FCF, también fue secretario de la junta electoral.

Según Mundo Deportivo, Oriol Camacho ha declarado que el 12 de febrero de 2023, un día antes de las votaciones, “el Director General de la FCF reunió a un miembro de cada mesa electoral y dejó claro que solo debían aceptar las actas notariales que procediesen de la candidatura de Joan Soteras. Si llegaban de otras candidaturas, se debían escanear y enviar a una cuenta de incidencias y él mismo resolvería si era válida o no. Esta recomendación se hizo a unos miembros de mesa que, por primera vez en unas elecciones de la FCF, no eran los juristas de los comités de competición, si no trabajadores federativos”.

Asimismo sigue tramitándose otro procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo) que resuelve el recurso que interpuso Juanjo Isern solicitando la exclusión de la candidatura de Joan Soteras por haber incurrido en inelegibilidad sobrevenida. Los miembros de la candidatura de Soteras decidieron continuar en su doble condición de candidatos y directivos de la federación a pesar de que el Tribunal Catalán del Deporte había declarado el 12 de enero de 2023 la nulidad de las votaciones de mayo de 2022 y que la normativa electoral prohíbe dicha actuación. El mismo Tribunal que en su resolución de 30 de mayo de 2023 reconoció que se había producido un “ejercicio ilegítimo de sus cargos” y que la actuación de la junta electoral federativa no fue neutral sino parcial en detrimento de otros candidatos.

Se da la importante circunstancia de que en este recurso, la Administración demandada (la Generalitat de Cataluña) se ha allanado a las pretensiones del recurrente Juanjo Isern, solicitando asimismo la exclusión de la candidatura de Soteras y declarando que todos sus miembros han cometido una infracción muy grave por desobediencia a las resoluciones del Tribunal Catalán, y que, según el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Generalitat, derivará en la posible inhabilitación a perpetuidad o temporal de todos los integrantes de dicha candidatura, una vez resuelto el correspondiente expediente sancionador.

Como se ha dicho en Iusport en reiteradas ocasiones, las autoridades públicas deben intervenir en los procesos electorales de las federaciones autonómicas y estatales y no deben excusarse en la teórica naturaleza privada de las entidades federativas, pues sus funciones de tutela asignadas por las correspondientes leyes del deporte les obligan a una actuación más activa.

La imagen que se está dando es penosa para el deporte español y para el fútbol en particular. En este momento, además de los conflictos con las “no” elecciones de la RFEF, se han producido diversas impugnaciones en los procesos de la federación catalana, andaluza, murciana, castellano-manchega, riojana, madrileña y aragonesa. Y no hay más, seguramente porque no se han puesto en marcha más procesos electorales.

En consecuencia, los gobiernos respectivos deben prevenir antes que curar. En estos últimos días el deporte español está siendo noticia en los medios de comunicación internacionales, pero no precisamente por sus éxitos, sino por los sonoros fracasos en los controles de su gestión. Cierto, no se puede generalizar en todas las federaciones, pero debe actuarse sin más dilación y le corresponde a quien tiene las competencias para ello.