
Aunque hace escasos días, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, descartó una eventual intervención de la RFEF, como propusimos en IUSPORT, la evolución de los acontecimientos le han llevado a reconsiderar el asunto.
En sus primeras declaraciones tras el nuevo escándalo, el presidente del CSD se remitió a las actuaciones de los jueces y las fuerzas de seguridad, dando a entender que hasta ahí se extendía la intervención pública sobre la Federación.
En sentido opuesto, el mismo día en el que la Guardia Civil registró la sede de la RFEF y el domicilio de Luis Rubiales, por orden de la juez de Majadahonda en el marco de la causa por los Supercopa Files, publicamos un editorial en el que poníamos de manifiesto que el restablecimiento de la imagen de la Federación pasaba por su intervención pública.
Ahora sabemos que la indecisión de Uribes tenía un motivo concreto: el temor a que la FIFA declarase tal iniciativa como injerencia en una entidad privada afiliada.
Paralelamente, en la Moncloa ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que el órgano de la FIFA que este verano adjudicará el Mundial 2030 deje fuera a España.
En este contexto, desde el CSD se ha producido un acercamiento a la máxima organización mundial del fútbol para abordar conjuntamente una posible intervención de la Federación Española.
“Estamos en conversaciones con la FIFA, que empezamos la semana pasada a iniciativa del CSD y que he continuado yo esta mañana [del lunes] con el secretario general de la FIFA, para ir de la mano en las medidas que se tengan que tomar, si es que hay que tomar algunas”, declaró el secretario de Estado para el Deporte en Valencia, donde acudió a la recepción al Valencia Basket tras su triunfo en la Copa de la Reina, según informó El País.
Tras el escándalo del "piquito" y la sucesión de acontecimientos, el Gobierno parece decidido a asumir que la solución del "problema" no puede quedar exclusivamente en manos privadas. Es necesario restablecer la confianza en la institución, la confianza de los aficionados y de la sociedad, y restaurar nuestra imagen en el exterior.
Las normas deportivas no prevén un sistema de cese o sustitución de los miembros de los órganos de gobierno de las federaciones. Sin embargo, la Ley del Deporte prevé dos medidas que ayudarían a recobrar la confianza. Están previstas en el artículo 62 y se refieren a la inspección de documentos de la Federación y la intervención de los pagos.
Desde IUSPORT nos reafirmamos en que el CSD debería nombrar una o varias personas que no formen parte de la estructura actual de la RFEF y den garantías al Gobierno, a la sociedad y a la instituciones deportivas de todo orden.
En este escenario, el CSD ha planteado a la FIFA una intervención conjunta o, al menos, su visto bueno a una intervención del Gobierno español.













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