El presidente del Barça, Joan Laporta, se despachó a gusto en una entrevista con Mundo Deportivo, en la que denunció una presunta liga adulterada, a sabiendas de que no es verdad pero siendo consciente, al mismo tiempo, de que el coste para él en términos disciplinarios es ínfimo y queda bien con su 'parroquia'.
Laporta afirmó, entre otras cosas, que "ya son una serie de puntos" que ha conseguido el Real Madrid "beneficiándose de decisiones arbitrales" como, a su entender, sucedió contra el Almería.
Pues bien, entre 600 y 3000 euros es la única sanción que prevé el código disciplinario de la RFEF para los casos en los que un directivo cuestione públicamente la honestidad de los árbitros.
Luis Rubiales, bajo cuyo mandato se reformó el código disciplinario en 2022, tuvo la oportunidad de implementar sanciones verdaderamente disuasorias respecto de este tipo de declaraciones
y no lo hizo.
Este es el tenor literal del artículo 106 del código que Laporta conoce perfectamente:
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