El Gobierno vuelve a dar largas a la calificación del fútbol sala como profesional

El Gobierno ha vuelto a dar largas a la calificación del fútbol sala como profesional, alineándose con los postulados de la RFEF, siempre remisa a la creación de las ligas profesionales, como ya hiciera sin éxito con la liga femenina. En aquella ocasión, sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso y siguió adelante consiguiendo que España esté en la vanguardia de las ligas profesionales femeninas.

El CSD dice que "la RFEF fue requerida por el CSD, con fecha 20 de junio de 2020, para que presentase alegaciones en relación con la petición formulada para la calificación de la competición de fútbol sala como profesional. La RFEF presentó su escrito de alegaciones con las razones por las que desaprueba completamente la posibilidad de que se pueda calificar como de competición profesional”.

También dice tener constancia de que la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS) y el Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF están "en contra de esta petición".

Tras el revés del mes pasado en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso, ahora, en una respuesta a una pregunta del grupo parlamentario VOX, el Gobierno informa que el Consejo Superior de Deportes "está analizando el asunto referido, con la realización de una valoración completa de la existencia de los requisitos legales para que esta competición sea declarada profesional".

Sin embargo, advierte de que "si bien no se descarta en el futuro la profesionalización" de este deporte, considera que a día de hoy "se presentan algunos elementos que reflejan la falta de madurez y de estabilidad económica de la competición y la ausencia de estructuras laborales sólidas".

Para justificar su posición, el Gobierno aduce que "la inexistencia de convenio colectivo y la falta de sostenibilidad económica de la competición, que son aspectos necesarios establecidos por el artículo 83 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte”, argumentos que han sido rebatidos por la LNFS.

En su respuesta, el Gobierno también alega que "ningún club que participa en la competición, ni sus jugadores, han solicitado esta cuestión al CSD. Sin embargo, hay constancia de que los principales clubes de la competición, que son aquellos que participan en las competiciones europeas, están totalmente en contra de esta petición".

Finalmente, el Gobierno también se apoya en que "el 40 por ciento" de los entrenadores de Primera División no tiene "contrato de trabajo", una cifra que aumenta al "60 por ciento" en la Segunda División. En cuanto a los jugadores, los que tienen licencia profesional, "el 90 por ciento" en la máxima categoría, "tienen un contrato inferior a 10 meses", mientras que en Segunda División "se trataría del cien por cien".