Lo que los españoles esperan del Gobierno tras el caso Negreira

En el mes y medio que llevamos desde el estallido del caso Negreira, la práctica totalidad de los dirigentes y medios deportivos, excepto los del Barça, han reprobado que este club abonara durante 17 años un total de 7,5 millones al vicepresidente del CTA con fines aún no aclarados pero en ningún caso justificados ni justificables.

Ya sabemos que el asunto está en un juzgado de lo penal de Barcelona y que la UEFA ha abierto una investigación. Como hemos explicado, somos el hazmerreír de Europa porque nuestra legislación deportiva, que contempla una prescripción de 10 años para los casos de dopaje, sólo prevé tres para los de corrupción.

Por este motivo, los órganos disciplinarios de la RFEF no han abierto expediente, a diferencia de la UEFA, cuyo reglamento disciplinario no fija plazo de prescripción para escándalos de esta naturaleza.

Tal es la situación, que es altamente probable que el asunto termine con condenas a nivel penal y de la UEFA mientras los órganos de la justicia deportiva española asisten como meros espectadores.

Dicho esto, no todos los 'actores' tienen la misma capacidad de intervención para regenerar el sistema con vistas al futuro. Del principal alto cargo del Gobierno, José Manuel Franco, los españoles, no solo el mundo del deporte, esperan algo más que un reproche moral a los que han protagonizado este desaguisado. En su mano tiene recursos que los otros agentes concurrentes no poseen para impulsar esa regeneración.

Nos referimos a cambios legales en el deporte federado español, sin los cuales la ciudadanía nunca pasará página. Cada vez que comentamos el caso Negreira en nuestra vida diaria, el interlocutor nos dice que sin una catarsis nadie va a creer que haya una auténtica voluntad de hacer borrón y cuenta nueva en un sistema cuya reputación está gravemente dañada tras este escándalo, el más grave jamás conocido en el fútbol según el presidente de la UEFA.

Volviendo al CSD, lo que se espera de José Manuel Franco es que asuma el protagonismo que le corresponde ante la magnitud del problema y ponga sobre la mesa cambios legislativos  inaplazables, aunque la nueva ley sólo lleve tres meses de vida.

Entre estos cambios destacaríamos los siguientes:

-    Modificar el sistema electoral de las federaciones deportivas. Es inaplazable implementar otro que haga imposible la continuidad del modelo clientelar actual, donde los presidentes de las federaciones territoriales y el presidente de la federación nacional respectiva se retroalimentan recíprocamente para perpetuarse en el poder.

-    Restaurar la disciplina deportiva pública, reforzando el TAD a nivel competencial y en dotación de medios humanos y materiales.

-    Integrar los códigos éticos en la disciplina deportiva. España también es el hazmerreír del mundo porque el código ético de la RFEF vigente carece de un régimen sancionador. Sí lo tenían el de 2019 y el de 2015. Si estos últimos no se hubiesen derogado, ahora podría sancionarse deportivamente el caso Negreira. 

-    Ampliar a diez años, como mínimo, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves.

-    Regular los supuestos de conflictos de intereses, estableciendo las causas de incompatibilidad, las infracciones y las sanciones.

-    Establecer un sistema que regule la profesionalización y garantice la independencia de los árbitros en las federaciones con ligas profesionales, de manera que puedan actuar con autonomía real respecto de los dirigentes de las federaciones y de las ligas.

Esto es lo que los españoles esperan del Gobierno, empezando por el presidente del CSD, José Manuel Franco. 

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