El PSOE vasco también se desmarca y mantiene la justicia pública en la nueva ley

La nueva ley vasca del deporte, que acaba de pasar el trámite de la Comisión de Cultura del Parlamento vasco con el apoyo del PSOE y que está a punto de aprobarse por el pleno, es la tercera que se tramita, después de la aberrante nueva ley estatal, que se aparta totalmente de la nueva línea privatista emprendida por el PSOE a nivel central.

Primero fue la Ley de Asturias, en julio de 2022, luego fue la de Baleares en febrero de este año 2023. Dos leyes aprobadas por CCAA con gobiernos presididos por el PSOE, los cuales, conociendo los nuevos derroteros de la ley estatal, se desmarcaron totalmente y en sus nuevas leyes autonómicas mantuvieron el modelo de justicia público y gratuito de siempre, pensando, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, en seguir dando amparo desde el poder público a los deportistas frente a las potenciales arbitrariedades de las federaciones.

En julio de 2022 se publicó en el BOE la nueva Ley del Deporte de Asturias. Esta ley, propuesta por un gobierno presidido por Adrián Barbón, del PSOE, se apartaba radicalmente del entonces proyecto de nueva ley estatal propuesto por otro gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, y no sólo mantuvo el modelo de justicia deportiva pública y gratuita, sino que potenció su tribunal administrativo del deporte, allí denominado Comité Asturiano de Justicia Deportiva.

En febrero de 2023, el Parlament de las Islas Baleares, a propuesta de otro gobierno presidido por el PSOE, con Francina Armengol al frente, se apartaba igualmente de la línea seguida por el gobierno de Sánchez, aprobando una nueva ley del deporte (‘Ley de actividad física y el deporte’), en la que, fiel al modelo semipúblico vigente en España desde hace más de 30 años, apostaba de nuevo por la justicia deportiva pública y gratuita, lo contrario de lo aprobado por la nueva ley estatal, que impide a los clubes y deportistas acudir al TAD cuando sean sancionados y les obliga a acudir a un tribunal arbitral privado (sin garantías) y de pago, así como a la justicia ordinaria, no útil para el deporte, por lenta, y también de pago.

Pues bien, el miércoles de esta semana, la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco aprobó el dictamen del Proyecto de Ley de la Actividad Física y del Deporte tras el acuerdo cerrado por los grupos parlamentarios de PNV, PSE-EE y EH Bildu en torno a esta norma.

Otra vez, un legislador autonómico, conociendo perfectamente la orientación privatizadora de la nueva ley estatal, se desmarca por completo de la misma y mantiene el sistema tradicional español de justicia deportiva pública y gratuita.

No sólo eso. En la nueva ley territorial, después de ratificar las competencias del TAD vasco, allí denominado "Comité Vasco de Justicia Deportiva", en materia disciplinaria, lo refuerza atribuyéndole otras como las electorales o las competicionales, lo cual nos parece un acierto total.

Dice el artículo 153 del proyecto de ley vasca a punto de aprobarse:

"Son competencias del Comité Vasco de Justicia Deportiva las siguientes:

a) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de los órganos deportivos titulares de la potestad disciplinaria deportiva.

b) El conocimiento y resolución de los recursos que se deduzcan contra los acuerdos de las juntas electorales de las federaciones deportivas.

c) El conocimiento y resolución de cualesquiera recursos contra acuerdos federativos relativos a la calificación y autorización de competiciones oficiales.

d) El conocimiento y resolución de cualesquiera recursos relativos a la emisión, denegación, cancelación, suspensión y actos análogos relativos a las licencias federativas.

e) El conocimiento y resolución de los conflictos que se puedan suscitar entre las federaciones en el ejercicio de sus funciones de carácter administrativo.

f) El conocimiento y resolución de cuantas cuestiones sobre las materias precedentes estime tratar de oficio o a instancia del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma competente en materia deportiva.

Lo relatado nos reafirma en todo cuanto hemos venido sosteniendo en IUSPORT acerca del grave daño que la nueva ley estatal va a causar a nuestro deporte federado y profesional.

El mapa que ya estaba dibujado, y el que ahora se va ratificando con las nuevas leyes de las CCAA, presenta una situación kafkiana en la que los deportistas que compitan a nivel autonómico seguirán contando con el amparo del poder público frente a los atropellos de las federaciones, mientras que los que participen en competiciones estatales tendrán que acudir a un juzgado o a un tribunal arbitral privado, carente por tanto de las garantías que ofrece un tribunal público como el TAD.

Por cierto, un tribunal arbitral que ya se vislumbra con toda claridad en el horizonte. Para quienes no lo sepan, es un tribunal que estará controlado por las mismas personas que "convencieron" al Gobierno para cargarse el TAD y cambiar de modelo.

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TEXTO ÍNTEGRO DEL PROYECTO DE LEY VASCO