El COE da otro paso en su afán por reemplazar al CSD: reactiva su tribunal arbitral

En los últimos días estamos asistiendo a un goteo de nombramientos de árbitros para integrar la lista del tribunal arbitral del Comité Olímpico Español, denominado Tribunal Arbitral del Deporte Español. 

Varios de los designados están haciendo público en LinkedIn su agradecimiento al presidente del COE por su nombramiento. Evidentemente, nada tenemos que objetar a los profesionales que reciben las designaciones, algunos de ellos juristas de una reputación incuestionable. No se trata de esto.

Lo que sí es llamativo es por qué se reactiva ahora un tribunal arbitral privado, que llevaba decenios en estado puramente vegetativo, justo cuando está a punto de aprobarse el real decreto que prevé la nueva ley del deporte (art. 119 y Disposición transitoria primera).

El objetivo es evidente: posicionarse en la casilla de salida para que el Gobierno, cuando llegue el momento, proponga su designación oficial como tribunal privado que reemplazará al tribunal público, el TAD, tribunal que, por decisión de este gobierno, secundado a ciegas por sus socios parlamentarios, dejará de estar operativo en unos meses, cuando se promulgue el citado Real decreto.

Es sabido que desde tiempo inmemorial, el COE tiene la obsesión de reemplazar al CSD. No son pocos los intentos desarrollados al respecto, pero hasta ahora no había encontrado los apoyos imprescindibles, tanto en el Gobierno como en el ámbito federativo. Apoyos que por fin ha conseguido, al menos parcialmente. Son públicas y notorias las excelentes relaciones de Alejandro Blanco con el presidente Sánchez y con su "hermano", el presidente actual de la RFEF. 

No vamos a repetir aquí los argumentos que durante meses hemos venido exponiendo acerca de esta decisión política tan nefasta de reemplazar un tribunal público por otro privado. 

Lo que sí queremos subrayar es cómo los hechos han demostrado ya que es falso el principal argumento empleado por el Gobierno en la ley para justificar esta privatización: la pretendida madurez de las federaciones. 

¿Alguien se cree esta falacia tras la explosión del mayor escándalo del deporte español, que apunta a un colectivo arbitral que depende precisamente de la federación más importante?

Es obvio que ni Rubiales ni sus directivos tienen nada que ver con el origen de esta crisis pues llegaron en 2018, pero sí están llamados a su solución. 

Y llegados a este punto no podemos pasar por alto que esta Federación, en 2021, eliminó de su código ético el capítulo dedicado a las infracciones y sanciones, regulación que sí estaba en su código de 2015 y que, de estar vigente ahora, habría permitido a la RFEF actuar contra los presuntos responsables del caso Negreira.