Parece evidente que nadie dentro del Gobierno le advirtió a Terreros de su grave error, quizá porque no es el único alto cargo que ha incurrido en tan flagrante desprecio a la división de poderes.
El pasado 2 de diciembre, el director de la Agencia Española Comisión Nacional Antidopaje (CELAD, antes conocida como AEPSAD), José Luis Terreros, afirmó en un desayuno de Europa Press que los jueces españoles son un obstáculo en la lucha antidopaje porque no están suficientemente informados de las leyes que regulan esta materia.
El Director de la Agencia puede discrepar de las resoluciones de los jueces españoles. Está en su derecho. Pero inducir a la sociedad a considerar que carecen de preparación y son un obstáculo en la lucha contra el dopaje es una falta de respeto institucional que no es admisible.
De hecho, también lo sería en el supuesto contrario. No nos gustaría ver a los jueces exponiendo su criterio sobre los conocimientos jurídicos del Director de la Agencia, que es médico.
Sin embargo, por lo que ahora vamos a contar, parece evidente que nadie dentro del Gobierno le advirtió a Terreros de su grave error, quizá porque no es el único alto cargo que ha incurrido en tan flagrante desprecio a la división de poderes. Casi coincidiendo en el tiempo, la ministra de Igualdad y su segunda acusaron a los jueces de no saber derecho penal cuando comenzó el goteo de sentencias que rebajaron las penas a condenados por agresiones sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
Efectivamente, según publica Relevo este sábado 11 de febrero, José Luis Terreros, director de la CELAD, dice que entiende las quejas por las absoluciones en materia de dopaje, refiriéndose al caso Ibai Salas, pero, al igual que ocurriera con la Ley del sí es sí, lejos de admitir su error al sancionarle sin pruebas, centra de nuevo el origen del problema en la Justicia española.
"La sentencia de la Audiencia Nacional parece extraña, habla de 'irrefutabilidad' cuando nada en la ciencia es 100% irrefutable.... Está claro que es un fallo que obstaculiza nuestro trabajo", apuntó Terreros en una conversación telefónica con Relevo.
Lo que no dice Terreros (para esto no hace falta ser jurista) es que la justicia española le ha enmendado la plana, tanto a él como a la AMA y al TAS, dos organizaciones internacionales privadas, al declarar que un resultado adverso en el pasaporte biológico "no goza de presunción de veracidad".
Terreros sigue obviando la verdadera naturaleza del pasaporte biológico, una prueba basada en meras presunciones.
Así se pronunciaron sobre la sanción de 4 años al ciclista Ibai Salas el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 y recientemente la Audiencia Nacional, un destacado deportista español cuya carrera arruinaron la AEPSAD y la AMA sin pruebas.
La sentencia de dicho juzgado, ratificada por la Audiencia Nacional, señaló que la AMA pretende dar al pasaporte biológico un valor de prueba que "vulneraría el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que ha de regir en el procedimiento administrativo sancionador" y lesiona el artículo 24 de la Constitución.
Pues bien, a pesar de la contundencia de la Audiencia Nacional, el director de la CELAD reincide y vuelve a acusar a los tribunales de justicia de falta de conocimiento sobre la materia y de representar un obstáculo en la lucha contra el dopaje en España.
Antes de criticar a la justicia ordinaria emprendió una cruzada contra el TAD hasta conseguir que la nueva ley antidopaje despojara a este tribunal de la potestad para revisar las sanciones en materia de dopaje, un verdadero 'sacrilegio' que, lógicamente, nunca logrará perpetrar con los tribunales ordinarios. No solo eso, también logró que la nueva ley desoyera al Consejo de Estado y avalara el pasaporte biológico, pese a lo cual, en contra de lo que viene afirmando, estamos convencidos de que los tribunales volverán a anular cualquier sanción que se base exclusivamente en esta prueba meramente indiciaria.
¿Puede un representante del poder ejecutivo decir algo así del poder judicial de forma reiterada y seguir en el cargo?
En España sí. La ministra de igualdad, Irene Montero, tampoco ha sido cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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