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Iceta y Franco comparecen este martes en el Congreso por los 'Supercopa Files'

IUSPORT IUSPORT Domingo, 06 de Noviembre de 2022

El pasado 19 de abril los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos, Vox, Compromis, Ciudadanos y En Comú solicitaron la comparecencia de Franco e Iceta en el Congreso tras la publicación de diversas informaciones en El Confidencial sobre la gestión del presidente de la RFEF y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué para la organización de la competición.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, comparecerán este martes 8 en el Congreso, donde responderán a preguntas de los grupos sobre la celebración de la Supercopa de fútbol en Arabia, el Mundial de Qatar y la candidatura española a los Juegos de Invierno 2030, entre otras, tras las revelaciones publicadas por El Confidencial. 


Iceta intervendrá por la tarde en la Comisión de Cultura y Deporte de la cámara Baja y entre las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios figuran varias relativas a la Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la publicación por El Confidencial de varios audios de su presidente, Luis Rubiales, sobre el contrato con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa y grabaciones de este a representantes del ministerio y el CSD.

 

En una nota remitida por la RFEF a IUSPORT este domingo, niega que Rubiales haya sido el autor de grabación alguna y afirma que el autor de las mismas ya se ha dado a conocer. También ha negado que Rubiales haya sido citado por el Congreso de los Diputados.

 

En cuanto al Ministro, es previsible que le pregunten por qué razón no hizo acto de presencia en el Congreso el pasado jueves, cuando se debatió y aprobó la nueva y polémica ley del deporte. 

 

El pasado 19 de abril los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos, Vox, Compromis, Ciudadanos y En Comú solicitaron la comparecencia de Franco y de Iceta en el Congreso tras la publicación de diversas informaciones en El Confidencial sobre la gestión del presidente de la RFEF y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué para la organización de la competición.

 

Aquellos documentos indicaron que el contrato firmado para seis ejercicios con la compañía pública saudí, Sela, aseguró la cantidad de 40 millones de euros por cada edición a la RFEF y 4 para Kosmos, empresa de la que Piqué es copropietario.


La RFEF, en la nota remitida este domingo, ha negado que Rubiales haya vetado ningún informe del Comité de Ética de la propia Federación. Los miembros de este comité dimitieron en enero de 2020, después de conocerse que la Supercopa se celebraría en Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos.

 

Los grupos también han cuestionado al Gobierno sobre sus actuaciones en relación a la candidatura española a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y la falta de acuerdo entre Aragón y Cataluña y, a petición del grupo Republicano, sobre las medidas que tomará el Ejecutivo "para proteger y asegurar los derechos fundamentales y la libertad de expresión de los deportistas y espectadores del Mundial de Fútbol 2022 de Qatar, y especialmente a los pertenecientes al colectivo LGTBIQ+".
 

Franco, la RFEF y el TAD 

 

El presidente del CSD, José Manuel Franco, comparecerá en la comisión en la sesión matinal y responderá igualmente a preguntas relacionadas con la RFEF, al conflicto entre esta y la Liga Profesional femenina, así como a la distribución de los fondos europeos y las líneas de actuación del organismo.
 

El caso reciente en la Federación Española de Caza podría ser también objeto de preguntas. Es el segundo, en pocos meses, en el que el presidente del CSD invoca una causa no prevista en la ley para ignorar al TAD y dejar impunes hechos graves que al menos de forma indiciaria son constitutivos de alguna de las infracciones a las que se refiere el artículo 76 de la Ley del Deporte.

 

La primera fue cuando se apoyó en la existencia de causa penal para no dar traslado al TAD de las denuncias contra Rubiales.

 

Y la segunda, la actual, cuando se basa en la inexistencia de denuncia previa para no enviar al TAD las presuntas amenazas de los dirigentes de la Federación Española de Caza a un alto cargo del Gobierno.

 

Es previsible que el presidente del CSD sea interrogado también por estas cuestiones.

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