La jueza propina un tirón de orejas a la RFEF tras intentar acallar otra vez a El Confidencial en una petición de medidas cautelares. En el auto que las desestima le acusa de haber omitido "quien podría ser el autor de los hechos y sobre quien tenían esas sospechas, algo que revela una absoluta mala fe procesal”.
El pasado 18 de mayo dábamos cuenta en IUSPORT del auto del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Pozuelo de Alarcón que rechazó de plano la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de secuestrar las informaciones de El Confidencial conocidas como Supercopa Files.
La RFEF había solicitado silenciar al periódico durante 12 meses como medida cautelar en el marco de la querella presentada contra los periodistas y el medio de comunicación.
La magistrada sostuvo en su auto que la información "es de interés general", que afecta a "una institución pública" y que en ella se apuntan "hechos de dudosa legalidad".
Y concluía que "la difusión o publicación de noticias de relevancia pública en relación con hechos noticiables se encontraría amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información", y que su petición de secuestrar las noticias que les afectan “se opone frontalmente al derecho a la libertad de información y de prensa".
Pues bien, tras ese auto, la RFEF no sólo interpuso recurso ante la Audiencia Provincial, derecho que le asiste sin lugar a dudas, sino que presentó una segunda petición de medidas cautelares ante el mismo juzgado con un desenlace igualmente desestimatorio que podríamos calificar de ‘tirón de orejas’.
La RFEF solicitó nuevamente como medidas cautelares la de secuestro de las publicaciones relatadas en la querella y las llevadas a cabo con posterioridad a la misma por EL CONFIDENCIAL y la de prohibición de difundir o ceder los archivos ilícitamente sustraídos o hacer uso de ellos de cualquier otra manera, alegando un cambio de las circunstancias existentes en el momento en que solicitaron las medidas cautelares, esto es, junto a la querella.
La RFEF fundó la nueva solicitud de medidas cautelares en el art.736.2 de la LEC, alegando que se han producido circunstancias nuevas desde se solicitaron inicialmente las medidas cautelares y también desde que se dictó el auto de 18 de mayo de 2022.
Nuevo auto
Sin embargo, para la jueza, en un nuevo auto al que hemos tenido acceso en IUSPORT, la publicación de estos nuevos artículos no suponen cambio alguno de las circunstancias existentes en el momento en que se dictó el auto de 18 de mayo de 2022, ya que se limita (la RFEF) a relacionar los nuevos artículos publicados por EL CONFIDENCIAL.
No sólo eso, la jueza muestra su extrañeza por el hecho de que la RFEF, acto seguido, cuestione en todas sus partes o argumentos el auto dictado por el propio Juzgado el 18 de mayo de 2022, cuando lo cierto es que frente a este auto ya se ha interpuesto recurso de apelación, siendo que deberá ser la Audiencia Provincial de Madrid la que deberá pronunciarse.
La jueza señala que la publicación de nuevos artículos no supone un cambio de las circunstancias per se, pues lo es que “ningún indicio existe en este momento de que fueran los querellados [EL CONFIDENCIAL] los que accedieran de modo ilícito a los terminales y ordenadores” de La RFEF ni de forma directa ni de forma indirecta.
Para la titulad del juzgado, los periodistas de EL CONFIDENCIAL “se limitaron, en el ejercicio de su profesión, a la difusión o publicación de noticias con relevancia informativa en relación a hechos noticiables de interés público relacionados con el destino, las relaciones existentes con los destinatarios y la cuantía de los recursos públicos que gestiona la entidad presidida por el Sr. Rubiales, cobros de comisiones, pagos de viajes de placer con fondos de la RFEF, etc., información que se encuentra amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información (art.20 CE)”.
El tirón de orejas
Pero no se quedó ahí la magistrada. Tras desestimar los motivos aducidos por la RFEF para la adopción de las medidas cautelares, la jueza propina un tirón de orejas a los representantes de la Federación, señalando que, tras la interposición de la querella, resulta que se ha interpuesto otra querella por la RFEF frente a otras dos personas vinculadas laboralmente a la misma [omitimos los nombres por protección de datos] por presuntos delitos de apoderamiento ilícito del secreto empresarial, de difusión, revelación y cesión del secreto empresarial y de descubrimiento y revelación de secretos, y que la RFEF, al sospechar, en abril de 2022 contrató un detective.
La jueza subraya que estos hechos tienen lugar antes de que por la RFEF se interpusiera la querella y, sin embargo, en esta querella (presentada en mayo de 2022) “nada se dice sobre ello y se relatan unos hechos propios de una película de espionaje, haciendo referencia a intentos de hackeos en el teléfono del Sr. Rubiales Béjar desde Rusia, a la instalación de PEGASUS, robo de ordenadores de un vehículo …, etc., omitiendo realmente quien podría ser el autor de los hechos y sobre quien tenían esas sospechas, algo que revela una absoluta mala fe procesal”.
Por todo lo expuesto, el auto termina denegando las nuevas medidas cautelares solicitadas por segunda vez contra EL CONFIDENCIAL.
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