La RFEF aprobará este martes las cuentas sin provisionar los 8M exigidos por LaLiga

La Federación Española de Fútbol (RFEF) someterá este martes a la aprobación de la asamblea las cuentas correspondientes a 2021 sin provisionar los 7,99 millones aportados por LaLiga para el pago de los honorarios de los árbitros y que, según los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se destinaron a fines ajenos a los estipulados en los convenios firmados por ambas partes.

Así figura en un reportaje que firma Antonio Salvador en El Independiente. La RFEF tenía previsto dar luz verde a las cuentas del citado ejercicio el pasado 30 de mayo en el curso de la asamblea ordinaria, pero, accediendo a la petición que le hicieron los auditores, acordó posponerlo para que aquéllos tuvieran más tiempo de analizar el impacto que podría tener en las conclusiones de su trabajo el requerimiento formulado por la patronal del fútbol a fin de que la Federación justificara el destino y empleo de 267,28 millones de euros que le transfirió entre los años 2009 y 2017.

La petición se producía tras conocerse el contenido del informe elaborado por la IGAE en el marco del caso Soule, procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional desde hace casi cinco años. En opinión de los peritos interventores, 267.288.368,42 euros entregados por LaLiga no fueron «justificados adecuadamente» durante la última etapa de Ángel María Villar como presidente federativo

La RFEF ha convocado este martes una asamblea extraordinaria telemática con la «aprobación de las cuentas anuales del año 2021 y cierre del presupuesto 2021» como principal punto en el orden del día. Tras ingresar un 60,33 % más que en 2020 (de 230,65 a 369,8 millones), la entidad que preside Luis Rubiales presentará un superávit de 32,81 millones de euros, lejos de las pérdidas de 4,17 millones registradas durante el ejercicio anterior (el primero de la pandemia).

Las fuentes consultadas por El Independiente aseguran que las cuentas que se someterán a votación no incluyen la provisión para responder por los 7,99 millones de euros presuntamente desviados en caso de que el juez termine declarando a la RFEF responsable civil subsidiaria, como LaLiga -acusación particular en el procedimiento- pidió al instructor en un escrito presentado el pasado mes de abril. La Federación interpreta.

El juez pide a los peritos que aclaren si las aportaciones de LaLiga son «fondos públicos» por proceder de las quinielas

La patronal del fútbol mantiene que, «sin su conocimiento» ni su «consentimiento», la Federación destinó parte de esos fondos finalistas para el pago de los árbitros «al beneficio de terceros y de la propia RFEF» -como sufragar desplazamientos y estancias de la junta directiva del Comité Técnico de Árbitros (CTA), compra de trajes para los árbitros de Segunda División A y B, el mantenimiento de intercomunicadores, el abono de honorarios de un coach profesional, la manutención de la mujer e hija de un directivo arbitral, entre otros- en lugar de reintegrarle los remanentes que se fueron generando en dicho periodo. Sólo le devolvieron el dinero no gastado en dos temporadas: 861.395,08 euros en la 2018/2019 y 910.879,90 euros en la 2019/2020.

La eventual declaración de responsable civil de la Federación es una de las peticiones que el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver, así como la eventual imputación de Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó (ex presidente y ex secretario del CTA, respectivamente). Con toda probabilidad no lo hará hasta que los peritos de la IGAE aporten la ampliación al informe que les ha requerido por medio de una providencia dictada el pasado 22 de junio con la que pretende aclarar la naturaleza del dinero que LaLiga ponía a disposición de la RFEF temporada tras temporada para costear los honorarios arbitrales.

Accediendo a la diligencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Alejandro Abascal quiere que la Intervención General de la Administración del Estado determine ahora si los fondos aportados por LaLiga a la RFEF para dichos fines son públicos por proceder del 45,50 % de la recaudación de las quinielas que le corresponde a la patronal, el porcentaje que establece la disposición adicional tercera de la Ley de regulación del juego.

A juicio de la fiscal Inmaculada Violán, discernir esta cuestión es «de sumo interés para la investigación», puesto que, en caso de que se acreditara el origen público del dinero, ello conllevaría el «sometimiento» a la normativa reguladora de las subvenciones. «Entre otras, la obligación de aplicar los fondos a los fines previsto, su justificación y obligación de devolución o reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención», detalla.

En su informe, los peritos de la IGAE sostienen que las cantidades entregadas por LaLiga a la Federación son «fondos privados» en virtud de los acuerdos pactados por las partes, si bien concluyen que las aportaciones para costear las percepciones económicas de los árbitros tienen carácter finalista. Ello impediría destinar los remanentes a sufragar otros gastos no previstos en los convenios específicos firmados en 2006, 2010 y 2014.

Justificación de la subvención

Sea como fuere, Anticorrupción no pasa por alto que los gastos arbitrales tienen que ser aportados en el procedimiento de comprobación de la justificación de la subvención que el Consejo Superior de Deportes (CSD) concede a LaLiga con cargo a la recaudación de las quinielas, como consta en los certificados incorporados a las actuaciones judiciales. «Siendo así, resulta preciso que los peritos aclaren y amplíen el informe sobre estos extremos», razona la fiscal.

El juez considera pertinente esta diligencia y ha pedido ya a la unidad de auxilio judicial de la IGAE que, «a la mayor brevedad posible», complete el informe a fin de analizar la naturaleza de los tres convenios de coordinación rubricados por la RFEF y LaLiga en el periodo objeto de investigación y la procedencia de los fondos.

La urgencia del magistrado del caso Soule en disponer de esa pericial completa obedece al hecho de que el próximo 29 de julio expira la última prórroga de tres meses para la instrucción, un plazo cuya ampliación volverá a solicitar con toda seguridad alguna de las partes personadas en el supuesto de que no concluyan algunas de las diligencias pendientes.

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*Publicado por Antonio Salvador en El Independiente