Según Franco, cambiar al TAD por un tribunal arbitral no es privatizar la justicia

El presidente del CSD, José Manuel Franco, intervino este jueves en los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde hizo un repaso a la actualidad deportiva española en un acto conducido -con la maestría que le caracteriza- por Gaspar Díez, Redactor-Jefe de deportes de dicha agencia.

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Tras una exposición inicial, el secretario de Estado se sometió a las preguntas de Gaspar y de los distintos medios que hicieron acto de presencia o las remitieron telemáticamente.

Una de las preguntas fue la formulada por el director de IUSPORT, Antonio Aguiar, quien le interrogó a Franco en estos términos:

"Sr. Franco, la nueva ley del deporte privatiza la justicia deportiva. ¿Cómo explica un gobierno de izquierda un proyecto de ley que retira la principal competencia al Tribunal Administrativo del Deporte y obligará a los deportistas y clubes a acudir a un juzgado o a un tribunal arbitral privado, de pago, si es sancionado?"

José Manuel Franco respondió a la pregunta con dos argumentos antagónicos: dijo que el texto aún no está cerrado, pues está aún en proceso de enmiendas, dando a entender que el Gobierno está abierto a su revisión ("todo es mejorable, ya veremos qué pasa en el Congreso y el Senado"), pero a continuación dijo que con la nueva ley no se privatiza la justicia, que hay varias vías a las que acudir antes de ir a la justicia ordinaria: hay arbitraje, las propias federaciones tienen sus propios órganos para juzgar y nos ponemos a tono con los países de nuestro entorno.

Es decir, un tribunal arbitral dependiente de una entidad privada (pongamos que hablo del COE), voluntario (al que por tanto no están obligados a acudir los clubes), de pago, y sin las garantías que ofrece el Estado, no es justicia privada, según el presidente del CSD.

Por mucho que pretenda anestesiar a los clubes y deportistas, diciéndoles que es un mero proyecto susceptible de variación, la respuesta del presidente del CSD revela que el Gobierno no tiene intención alguna de cambiar la hoja de ruta en este tema.

La insistencia de Franco en que el nuevo modelo "no crea indefensión" y que con el cambio nos equiparamos a Europa (argumentos, falso el primero e irrisorio el segundo) demuestra que el TAD, el más alto tribunal del deporte creado precisamente para revisar las sanciones de las federaciones, tiene los días contados.

Por otro lado, si realmente quieren alinearse con los países de nuestro entorno, deberían empezar por suprimir el CSD, ya que según su tesis ese modelo, el de esos países en los que, salvo Italia, no existe un órgamo público equivalente al CSD, es el bueno.

Ya hemos explicado en varios idiomas lo que ello llevará consigo y no queremos ser pesados. Le corresponde ahora a los verdaderamente afectados, los clubes y deportistas, recoger el testigo, si lo consideran oportuno, y hacerle llegar al Gobierno su posición al respecto, pero no con un simple escrito, cosa que ya han hecho, sino de otra forma. Ellos sabrán cómo.

Hoy confirmó Franco que la nueva ley podría entrar en vigor a finales de año o comienzos de 2023, así que poco margen les queda a las organizaciones deportivas para movilizarse.

Si no consiguen que el Gobierno rectifique, sólo les quedará llorar cuando la ley entre en vigor, o protestar pero ya será tarde.

Eso sí, el Gobierno podrá observar el gran desgaste que le van a generar las quejas y críticas de clubes y deportistas ante el desamparo en que se verán sumidos por un cambio legal que nadie (salvo una federación) le ha pedido.

Sorprende esta cerrazón del Gobierno ya que, tras el batacazo de la candidatura a los JJOO de 2030, lo que peor le viene es un conflicto a gran escala por dejar en la cuneta a los deportistas.

Y es que pasar de un sistema de justicia deportiva público y gratuito (TAD) a otro privado y de pago es algo que los deportistas, entre ellos los votantes del PSOE, difícilmente podrán asimilar y le van a pasar la correspondiente factura en las elecciones.