El crédito electoral del PSOE se hunde tras el fiasco 2030 y la ley privatizadora

Tras el fracaso estrepitoso cosechado este pasado domingo por el PSOE en las elecciones de Andalucía, en las que el PP le duplicó en escaños y gobernará con mayoría absoluta, el foco ahora está puesto en los próximos comicios, que se celebrarán el año que viene, concretamente en mayo de 2023, mes en el que se celebran las elecciones municipales, que coincidirán con las autonómicas en algunas regiones, y poco después las generales.

Pues bien, peor no podría irle al PSOE, partido al que el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha señalado como el culpable del fracaso de la candidatura a los JJOO de Invierno de 2030. "Esta candidatura la hemos destrozado nosotros en casa", ha lamentado Blanco, convencido de que esta era "la gran oportunidad de la expansión de los deportes de invierno en España". El presidente ha apuntado directamente a "la negativa del Gobierno de Aragón a respetar el acuerdo técnico".

Si a estos episodios unimos la que se avecina con la privatización de la justicia deportiva, que este gobierno pretende acometer con la nueva ley del deporte, podemos anticipar que el crédito electoral de Pedro Sänchez en el deporte está bajo mínimos.

Y es que pasan las semanas y no se percibe ningún gesto del Gobierno del PSOE (Podemos, en materia de deporte, ni está ni se le espera) que indique una disposición a rectificar en su inexplicado propósito de privatizar la justicia deportiva en la nueva ley del deporte.

Si todo transcurre como está previsto, la nueva ley (que España no necesita) entrará en vigor a finales de este año 2022 o principios de 2023, es decir a pocos meses de las elecciones municipales, autonómicas y generales.

Esto último, si Pedro Sánchez cumple su anuncio de que agotará la legislatura, deseo que tiene cada vez más difícil cumplir. El tiempo corre en contra de sus expectativas electorales, como se está viendo.

En el caso de que se agote la legislatura, las próximas elecciones generales tendrían lugar el próximo mes de noviembre de 2023.

Pues bien, si a las pésimas expectativas generales del PSOE sumamos el fracaso de la candidatura olímpica 2030 y el inevitable rechazo del mundo del deporte a la nueva ley, con la capacidad de movilización que tiene este sector, al superviviente Pedro Sánchez le auguramos un panorama muy negro.

Una vez entre en vigor la nueva ley, el Gobierno va a enterarse de lo que ahora se niega a ver: el gran desgaste que le va a generar las protestas de los clubes y deportistas ante el desamparo en que se verán sumidos por un cambio legal que nadie (salvo una federación) le ha pedido.

El Gobierno va a sufrir, como nunca antes lo ha sentido, los efectos electorales de las protestas del mundo del deporte, que se verá abocado a ir a los juzgados para impugnar una simple sanción de dos partidos.

En este momento, el Gobierno no ha percibido presión desde el mundo del deporte porque el cambio no se ha hecho efectivo y la mayoría de los clubes ni se ha enterado. Por eso, el Gobierno va tanteando el terreno y sigue adelante con el proyecto de ley privatista. Pero cuando llegue la hora de la verdad, el mundo del deporte va a poner el grito en el cielo.

Y es que pasar de un sistema de justicia deportiva público y gratuito (TAD) a otro privado y de pago es algo que los deportistas, entre ellos los votantes del PSOE, nunca aceptarán y le van a pasar la correspondiente factura en las elecciones.

Al tiempo.