Por ceder a presiones de determinados poderes fácticos, aunque ello implique despreciar a 4 millones de deportistas, el Gobierno estaría dispuesto a reemplazar el actual modelo de justicia deportiva, gratuito y público, por otro privado y de pago para, a continuación, subvencionar a este último. Ahí es nada.
Según hemos sabido en IUSPORT, el Gobierno no descarta, si consigue que se apruebe su lamentable proyecto de ley, conceder subvenciones para que el arbitraje privado sea gratuito o cueste lo mínimo a los litigantes.
Por ejemplo, mediante la firma de un convenio con la organización privada titular del tribunal arbitral (pongamos que hablo del COE) para subvencionar todo o parte del coste que tendría dicho tribunal.
Es decir, el Gobierno pretendería así rebatir uno de los argumentos que hemos esgrimido en IUSPORT, el de la gratuidad del TAD (público) frente a un tribunal arbitral privado de pago.
Si este escenario llegara a materializarse, estaríamos ante un verdadero escándalo. Resulta que, por ceder a presiones de determinados poderes fácticos, el Gobierno estaría dispuesto, aunque ello implique despreciar a 4 millones de deportistas, a reemplazar el actual modelo de justicia deportiva, gratuito y público, por otro privado y de pago para, a continuación, subvencionar a este último. Ahí es nada.
Pero no queda ahí la cosa. Si este plan se consumara, el coste real para el erario (público) podría multiplicarse por "n". Pasaríamos de un coste anual aproximado de unos 200.000 euros, que es lo que cuesta actualmente el TAD (incluidas las dietas de los miembros y el personal auxiliar) a una cantidad que puede llegar a ser astronómica.
Ya hemos informado que, por ejemplo, las tarifas de arbitraje del tribunal arbitral del COE, que es el llamado a reemplazar al TAD, rondan los 10.000 euros por un solo caso cuando este es de cuantía indeterminada.
Teniendo en cuenta que el TAD resuelve entre 200 y 300 asuntos al año en materia disciplinaria, el coste anual del tribunal arbitral para el Estado podría alcanzar los tres millones de euros. Es decir, pasaríamos de un gasto público de 200.000 euros a otro de tres millones. Habría que ver la cara del ministro o del presidente del CSD explicando este incremento.
Lo dicho, si esto se hace realidad sería un auténtico escándalo.
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