Los colectivos LGTBI y el Ministerio de Montero han mantenido en todo momento que la autodeterminación de género era una línea roja.
El Gobierno ha dado luz verde este martes a la futura ley trans, que permitirá a los mayores de 14 años cambiar de sexo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos, y acaba con los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
El anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI comienza así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del gobierno de coalición y las críticas de un sector del movimiento feminista que cree que esta ley supone el "borrado de las mujeres".
El texto del anteproyecto de ley dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el Registro Civil, mientras que a partir de los 14 años cualquier persona podrá hacerlo con un trámite administrativo, sin pruebas ni testigos.
De esta manera, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, y se acaban así los informes sanitarios y la necesidad de tutelas médicas y legales.
Este fue uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno, que finalmente han acordado permitir el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos.
La portavoz del gobierno, preguntada de forma directa sobre si ella apoya la autodeterminación de género, ha señalado que "es partidaria del texto que ha aprobado el Consejo de Ministros".
La ley establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo.
En este sentido, el ministro de Justicia ha apuntado que la reversión es posible, pero sólo una vez, tras un plazo de al menos seis meses y con una autorización judicial.
La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.
Garantiza a lesbianas, bisexuales y personas trans el acceso a técnicas de reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.
En el caso de los bebés intersexuales, se prohíben las cirugías de modificación genital al nacer y da a los padres un plazo de 12 meses antes de inscribir su sexo en el Registro.
En contra de un informe previo del Ministerio de Justicia
El anteproyecto de ley no tiene en cuenta el informe del ministerio de Justicia, que reconocía la patologización de las personas trans, pero exigía algún tipo de acreditación, no necesariamente acudir a un médico que acreditara su cambio de sexo.
El ministro de Justicia, presente en la rueda de prensa, justificó la eliminación de la exigencia de acreditación que incluía el informe de su departamento. Ha restado importancia a las discrepancias dentro del Gobierno y ha asegurado que Calvo, al cuestionar en su día el cambio de sexo por "mera voluntad o deseo", se hacía eco de la doctrina constitucional, que exige "madurez y estabilidad" para el cambio de sexo.
El proyecto de 'ley trans', uno de los acuerdos de coalición del Gobierno, ha elevado al máximo la tensión entre PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, principal defensora de la ley, ha defendido el reconocimiento de la autodeterminación frente a la oposición de parte de los socialistas, encabezados por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien aseguró que se crearía inseguridad jurídica: "Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad", afirmó en febrero.
El PP presentará enmiendas contra la autodeterminación de género
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que esta ley "invisibiliza a las mujeres" y "genera inseguridad jurídica y desprotección a los menores", por lo que ha anunciado que presentará enmiendas contra la autodeterminación de género durante la tramitación parlamentaria.
No descarta tampoco, al final del proceso legislativo, llevar el texto al Tribunal Constitucional. Gamarra ha asegurado que "esta ley vuelve a mostrar que Pedro Sánchez depende de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa".
Las críticas del PP van en la línea de parte del movimiento feminista, representado por académicas como Amelia Valcárcel o Laura Freixas, que denuncia que introducir la autodeterminación de género menoscaba los derechos logrados por las mujeres.
Por parte de colectivos trans y LGTBI celebran la ley, pero la ven "insuficiente", ya que no contempla a los menores de 14 años, a las personas no binarias y a los migrantes.
El texto se enfrenta ahora a un largo proceso legislativo. Debe pasar por el Congreso y el Senado, donde podrá sufrir modificaciones, y volver al Consejo de Ministros para ser aprobado definitivamente.
Incidencia en el deporte
Como ya hemos explicado, se trata de una ley que, de aprobarse en estos términos, tendrá una incidencia directa en el deporte.
Desde 2015, para el COI la elegibilidad de personas trans en la categoría femenina exige que el atleta tendría que haber declarado que su identidad de género es femenina, sin poder cambiar la declaración durante un mínimo de cuatro años.
Los atletas también tendrían que demostrar que su nivel total de testosterona en suero ha estado por debajo de los 10 nanogramos por litro durante al menos 12 meses antes de su primera competición y durante todo el periodo de elegibilidad deseado para competir en la categoría femenina.
Según el COI, el cumplimiento de estas condiciones puede controlarse mediante pruebas y el incumplimiento conlleva la suspensión de la admisibilidad para competir en eventos durante 12 meses.
Como señaló Carlos Arribas en El País, podría darse el caso de que una persona trans se proclamara campeona de España en un deporte y que, sin embargo, tuviera prohibida su participación en competiciones internacionales, en las que la búsqueda de igualdad entre participantes para garantizar una competición justa es el primer objetivo.
En IUSPORT hemos tenido acceso al texto íntegro del anteproyecto de ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros y una parte de su articulado alude específicamente al deporte.
Sin entrar a valorar el texto desde una perspectiva general, no cabe duda de que se trata de una ley que, de aprobarse en estos términos, podría provocar, al menos en el deporte de competición, un auténtico tsunami.
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EL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO QUE AFECTA AL DEPORTE
EL ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO QUE REGULA EL CAMBIO DE SEXO
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