La Confederación de Federaciones Deportivas Españolas (COFEDE), que agrupa a todas las federaciones olímpicas, se reunió la tarde de este lunes para analizar las conclusiones del dictamen jurídico solicitado por el Comité Olímpico Español (COE) sobre la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas.
En el citado informe, según informaron a EFE fuentes de COFEDE, además de detallar la “naturaleza jurídica y funciones propias de las federaciones deportivas”, se analizan los distintos escenarios abiertos sobre la celebración de las elecciones federativas, tras el aplazamiento de los Juegos de Tokio al año 2021,
Durante la reunión, los miembros de COFEDE aprobaron por "unanimidad" el citado informe y acordaron solicitar una reunión con la secretaria de Estado para el Deporte para ponerle en conocimiento de las conclusiones del dictamen.
¿Por qué surge este debate?
Desde IUSPORT alertamos del asunto el pasado 18 de abril cuando dimos cuenta de un sorprendente informe del CSD.
La naturaleza jurídica de las federaciones deportivas ha sido objeto de amplia discusión desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial durante décadas, y sobre ello han corrido ríos de tinta de grandes especialistas en derecho deportivo [1].
El debate parecía cerrado, con contadas salvedades, tras la STC 67/1985, de 24 de mayo, que marcaba un punto de inflexión al reconocerlas como asociaciones de segundo grado, de configuración legal y de naturaleza privada que, en ocasiones, ejercen funciones públicas, y con la posterior incorporación de dicho modelo a la vigente Ley del Deporte de 1990, así como a las respectivas leyes de las comunidades autónomas.
La Ley del Deporte definiría en 1990 a las federaciones deportivas en su art. 30 como entidades privadas, con personalidad jurídica propia, las cuales ejercen además, por delegación, determinadas funciones públicas, en cuyos supuestos actúan como agentes colaboradores de la Administración Pública.
Hasta aquí lo que sabíamos, o creíamos saber, hasta ahora. Hasta ahora, porque el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Interior han dado un inesperado giro a la que considerábamos una consolidada doctrina.
Sendos informes de ambos organismos afirmaron que las federaciones son entidades vinculadas o dependientes a una Administración Pública y, en consecuencia, son parte del sector público institucional.
Lógicamente, esto encendió la luz de alarma entre las federaciones, las cuales acudieron al COE en petición de amparo.
El COE encargó a un prestigioso despacho un informe cuya conclusión es contundente: las federaciones eran y siguen siendo entidades privadas.
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