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El abogado del club Atlético Osasuna no ha reconocido la petición de reducción de condena realizada por la fiscalía para el exgerente Ángel Vizcay por confesión y colaboración y ha pedido que la cantidad reclamada sea de 900.000 euros en la temporada 2012-2013 y de 1,56 millones en la 2013-2014.
Así lo ha señalado esta tarde en la exposición de conclusiones en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.
El letrado ha considerado que no procede la aplicación del atenuante de condena al establecerse como requisito fundamental que esta confesión tiene que dar inicio a la causa, mientras que en este caso nace de una denuncia interpuesta por parte de Osasuna.
Asimismo, ha explicado, la confesión se hizo ante LaLiga y no ante una autoridad de funcionario público que pueda perseguir delitos, otra de las condiciones fundamentales para poder establecer este atenuante.
No entiende tampoco que la declaración haya sido veraz en lo fundamental, ya que no habla del préstamo de 600.000 euros, un teléfono que aparece en la causa, da una serie de datos que no se corroboran y “ha seguido mintiendo” con afirmaciones como que el contrato de Flefield lo redactó el actual gerente de Osasuna, Ángel Ardanaz, cuando este estaba de vacaciones.
Respecto a las cantidades reclamadas a Vizcay, ha considerado que deben ser 900.000 euros en el caso de la temporada 2012 – 2013, y no 1,2 millones, ya que es “lo que está sin justificar” y lo establecido por los auditores.
Y ha añadido que no ha quedado claro la procedencia de este dinero, aunque no ha sido así con el origen del recibí de los 900.000 euros, al quedar acreditado a su juicio la falsedad documental y más aún cuando los agentes inmobiliarios firmantes, Albert Nolla y Cristina Valencia, la han confirmado.
Según el abogado de Osasuna, en la temporada 2013-2014 quedan sin justificar 1,56 millones de euros y no 1,4, ya que considera que deben tenerse en cuenta también los 125.000 euros que se sacan el 4 julio del 2014 para ser devueltos a José Antonio Osés por el préstamo que realizó al Club.
Respecto a las facturas de Flefield que presuntamente fueron falsificadas para justificar el agujero en la caja del club al final de la temporada, ha añadido a lo ya manifestado por la fiscalía que estas tienen número correlativos en el tiempo, algo sin sentido teniendo en cuenta que tendrían que haberse emitido con meses de antelación.
También ha hecho referencia a la obligación por parte de la Junta Directiva de descubrir cuál ha sido el destino de estos descuadres en la caja de los que eran conocedores.
Por último ha explicado su petición de acusación por administración desleal en aquellos casos en los que no se aprecie el delito de apropiación indebida al entender que, a pesar de tratarse de una sociedad deportiva, “participa de modo continuado en el mercado” de compra y venta de jugadores.
Por su parte, el abogado de La Liga de Fútbol Profesional, que se ha adherido a lo manifestado por el ministerio público, ha considerado que en lo que respecta al amaño de partidos se trata de un “delito continuado de corrupción deportiva” que afecta “al resultado global de la competición” y no solo de los dos partidos enjuiciados.
También ha manifestado que existen sobradas evidencias de la implicación de los tres jugadores del Betis acusados, Jordi Figueras, Xabi Torres y Antonio Amaya, reconociendo incluso varios de ellos que recibieron primas para ganar al Valladolid.
