La fiscalía ha mantenido las acusaciones a todos los implicados en el Caso Osasuna y ha considerado como probados los hechos planteados, manteniendo la petición de cárcel para todos ellos a excepción del exgerente, Ángel Vizcay, por su colaboración, como ya anunció el viernes.
La fiscal ha presentado este lunes sus conclusiones en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.
La fiscal ha considerado que existe un delito de corrupción deportiva en la temporada 2013 -2014, distinguiendo una participación activa como corruptores en los exdirectivos de Osasuna, Vizcay y el director de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, por ser quienes buscaron estos amaños y pasiva por parte de los exbéticos Jordi Figueras, Xabier Torres y Antonio Amaya.
Ha considerado probada la implicación de los exbéticos, siendo confirmada la prima por ganar al Valladolid por parte de dos jugadores y quedando probado el amaño del Osasuna – Betis por el testimonio de Vizcay y distintas llamadas telefónicas entre un teléfono de Vizcay y otro atribuido a Xabi Torres por sus geolocalizaciones.
La fiscal ha mostrado su sorpresa por el hecho de que se pagase más al Betis por ganar al Valladolid que por perder contra Osasuna al parecerle más antideportivo el segundo hecho, concluyendo de esto que el pacto con los jugadores del equipo sevillano fue global por ambos encuentros.
Respecto al amaño pactado con el Espanyol al que hizo referencia Vizcay, pero que no entra dentro de la causa, ha reconocido que no ha sido posible articular pruebas que demuestren este hecho.
Así mismo, ha asegurado que todos los miembros de la Junta Directiva de Osasuna conocían para qué era ese dinero extraído de las cuentas del club y que el exgerente Ángel Vizcay siempre actuaba cumpliendo sus órdenes, en particular del entonces presidente, Miguel Archanco.
La fiscal ha destacado el comportamiento y actitud de Vizcay, que “le han hecho merecedor de atenuante de confesión y colaboración con las autoridades”, destacando que sin su colaboración no habría sido posible conocer todos los hechos, hacer una acusación tan grave ni acusar a tantas personas.
Esto, ha indicado, no se ha producido en el resto de los acusados, cuyas declaraciones ha considerado que tienen “nulo valor probatorio” ya que no han respondido a todas las partes procesales y son testimonios “preparados”, “parciales” e “interesados”.
A su juicio, Vizcay ha contado “todo lo que pasó” a excepción de la no asunción de responsabilidad sobre el contrato ni las facturas de Flefield, señalando a este respecto la fiscal que él fue su “autor intelectual y material”, ya que las facturas fueron creadas en su ordenador y el contrato solo ha aparecido escaneado en este.
Ha indicado que “es evidente” que estos documentos “son falsos” y “fueron elaborado ex profeso para justificar las salidas de caja”, ya que no hay evidencia alguna de que la empresa portuguesa ofreciese los servicios que figuran en ambos documentos, si bien ha reconocido que no se ha podido demostrar quién falsificó la firma de Archanco en este contrato.
Respecto al recibí de 900.000 euros, ha recordado que los dos firmantes, los agentes inmobiliarios Albert Nolla y Cristina Valencia, reconocieron que no se realizaron los trabajos que justificarían este recibí y que firmaron este documento a cambio de 30.000 euros que les fueron entregados en pequeñas cantidades.
Así mismo, ha comentado, Tomás López aseguró en su declaración que Vizcay le entregó este recibí después de salir del despacho del presidente “y se le obligó a contabilizarlo”, considerando por tanto que Archanco era conocedor de esto.
No ha dado por válidas algunas de las justificaciones de salida de dinero en efectivo del club como el adelanto de la ficha de Roberto Torres y Oriol Riera por haber asegurado estos que los adelantos que pidieron se entregaron mediante transferencia y por el hecho de que posteriormente se les descontó.
Así mismo, ha señalado que no existe nada que pruebe que se pagasen 90.000 euros al Sporting por el traspaso de Miguel de las Cuevas ni 60.000 euros para la Universidad de Chile por el fichaje de Gato Silva.
A pesar de no formar parte de la causa, la fiscal ha considerado que a la junta directiva de Javier Zabaleta cabría imputarles ignorancia deliberada, ya que “estaba claro que sabían que el dinero había desaparecido y no había justificación” pero “no quisieron saber qué había pasado con el dinero ni qué iba a hacer Vizcay para justificarlo” a pesar de que tuvieron oportunidad de saberlo.
