RFEF, Barça y Real Madrid "derogan" el Real Decreto Ley audiovisual

Como habrán observado, hemos entrecomillado la palabra "derogado", pues es obvio que ninguno de los tres ostenta tal facultad.

Lo que queremos decir es que, de facto, lo que han hecho tres actores tan importantes (RFEF, Barça y Real Madrid), al decidir que el Clásico se dispute el 18-D en contra del parecer del mismísimo organizador, LaLiga, supone en la práctica volver a la época anterior al Real Decreto Ley 5/2015 que tanto costó promulgar y que tanto dinero ha generado para el fútbol español en todas sus categorías y para el conjunto del deporte de este país.

La decisión adoptada por el Comité de Competición, suplantando a LaLiga en la más genuina competencia de un organizador, es un auténtico misil en la línea de flotación de un transatlántico que zarpó en 2015 gracias al Real Decreto Ley.

Hasta la temporada 2015/16, es decir antes de Real decreto Ley, LaLiga aportaba anualmente 20’6 millones a la RFEF para el crecimiento y desarrollo del Fútbol Base y en concepto de inscripciones, licencias y derechos de formación.

En el periodo 2016/19, y gracias al Real Decreto ley, LaLiga aportará más de 182 millones de euros para los conceptos mencionados y para el Fútbol Femenino, formación de entrenadores y de árbitros, Seguridad Social de los clubes de Primera División femenina y Segunda División B (vía CSD).

Asimismo, el Real Decreto ley 5/2105, durante las temporadas 2016/19, ha aportado al fútbol y al resto de los deportes 56 millones de euros. Una cantidad que procede íntegramente de los derechos de televisión de los clubes y SAD.

Pues bien, no debe olvidarse que el Comité de Competición se adentró en el asunto del cambio de fecha del Clásico porque se lo pidió el órgano ejecutivo de la RFEF, no LaLiga.

Repetimos por enésima vez que la patronal se limitó a pedir autorización para modificar puntualmente el calendario a fin de invertir el orden de los Clásicos, de forma que la ida se jugase en el Bernabéu. En ningún momento, LaLiga pidió a la RFEF un cambio de fecha.

Sin embargo, como es sabido, el Comité de Competición, accediendo a la petición de la RFEF, no sólo decretó la suspensión del partido del 26-O, sino que fue más lejos y se atrevió a fijar nueva fecha para el Clásico, que se jugará el 18-D, pese a carecer de competencia. Recuérdese que actuó por delegación del presidente y Luis Rubiales no ostenta esa competencia, por lo que no podía delegarla.

Nos cuesta comprender cómo hemos llegado hasta aquí ante tantas evidencias que hemos relatado en los últimos días.

Salvo la RFEF y los dos grandes clubes españoles, ¿hay alguien más que acepte que el organizador de la competición no sea el competente para fijar la fecha de los partidos?.

Pongamos un ejemplo. Si dos clubes de Segunda B se vieran inmersos en una situación similar y el caso llegara al CSD, ¿aceptaría la RFEF que el organismo estatal tomara la decisión de fijar una fecha para ese partido distinta a la fijada por la Federación?

Pues lo que ha ocurrido con el Clásico es justamente eso. En contra de lo previsto en el Real Decreto Ley, un tercero sin competencia en el asunto (la RFEF), según dictaminó en marzo el CSD, se toma la atribución de suplantar a LaLiga y le dice a los operadores audiovisuales (que contrataron con la patronal) que quien determina las fechas no es LaLiga con la que firmaron, sino ellos, la Federación.

¿Alguien cree que los operadores firmarían los contratos si supieran que puede ocurrir algo así?

Que los dos grandes clubes hagan caso omiso a este razonamiento tiene explicación. Ellos nunca quisieron un reparto justo de los derechos audiovisuales, ya les iba muy bien, y se ocuparon durante decenios de impedir el consenso para la venta conjunta.

Es esa y no otra la razón última de la promulgación del Real decreto Ley de 2015. Fue esta norma (con rango de ley) la que obligó a todos los clubes a ceder los derechos a LaLiga, para que esta procediera a venderlos de forma conjunta, algo en lo que La Premier se inició muchos años antes, de ahí que aún nos supere en ingresos.

Decimos que entendemos (no justificamos) la actitud de Barça y Real Madrid. Ambos viven en otra galaxia y, en verdad, les vendría bien que el Real Decreto Ley fuese derogado oficialmente.

Lo que ya no es entendible es que la entidad madre del fútbol español, organización sin ánimo de lucro y que tiene delegadas por el Estado funciones públicas, haya colaborado con los dos clubes en esa estrategia de poner en peligro un sistema que ha generado cuantiosos ingresos y gracias al cual se alimenta el deporte español.

Es incomprensible, pero así ha sucedido. Algunos se empeñan en decir que Rubiales y Tebas tienen que sentarse y dialogar para que estas cosas no ocurran.

Los que así piensan, mejor que se quiten la venda. Los interlocutores de la RFEF y LaLiga se sentaron y lograron consensuar un nuevo convenio de coordinación que está en vigor. Es decir, se han sentado.

Lo que pasa es que luego no se cumple lo escrito. Hemos explicado hasta la saciedad que, en consonancia con el RDL de 2015 y el dictamen del CSD de marzo, el punto 10 del convenio de coordinación vigente otorga con claridad la competencia en la fijación de horarios a LaLiga. Pero, como se ve, esto tampoco sirve cuando se cruzan otros actores y/o intereses.

Por eso, sólo cabe esperar que el ente que ejerce la tutela sobre ambas organizaciones deportivas, el CSD, tome cartas en el asunto y ponga las cosas en su sitio (otra vez).