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La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias contra la RFEF tras los Supercopa Files

REDACCIÓN IUSPORT Jueves, 19 de Mayo de 2022

La RFEF firmó el 20 de enero de 2020 con la empresa Urcingo SL un contrato por el que asumía el gasto de alquiler de la vivienda en la que pasaría a residir el máximo responsable en la capital de España. Ubicado en la planta 29 de la Torre de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias de investigación por posibles irregularidades en la gestión de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), entre ellas el contrato para la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí y el pago del alquiler de la vivienda en la que residía en el centro de Madrid, según informa Antonio Salvador en El Independiente.

 

El Ministerio Público llevará a cabo las pesquisas, según ha podido saber El Independiente, tras la denuncia que el pasado 19 de abril presentó el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, tras los Supercopa Files, las revelaciones de El Confidencial.

 

Éste apunta a la posible comisión de hasta cinco delitos (corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho) en la operación con los saudíes, de los que acusa a Rubiales y a la RFEF. También al futbolista en activo del FC Barcelona Gerard Piqué y a su empresa Kosmos Global Holding SL, que percibirá una comisión de 24 millones por su intermediación en la operación.

 

Días después, Galán amplió la denuncia al entender que el máximo responsable del fútbol español pudo cometer un delito de corrupción en los negocios al no reunir el requisito básico que la propia Federación estableció décadas antes para que el presidente pudiera disfrutar de vivienda gratis: Rubiales estaba censado en Madrid y esa ayuda estaba prevista para quien tuviera fijada su residencia fuera de la capital.


Como reveló el citado medio, la RFEF firmó el 20 de enero de 2020 con la empresa Urcingo SL un contrato por el que asumía el gasto de alquiler de la vivienda en la que pasaría a residir el máximo responsable en la capital de España. Ubicado en la planta 29 de la Torre de Madrid, en la confluencia de la calle Princesa y la Plaza de España, se trataba de un piso de tres habitaciones y 125 metros cuadrados de superficie por el que la Federación abonaba una renta de 3.100 euros al mes.

 

Según el denunciante, la RFEF «estuvo pagando durante meses de forma presuntamente irregular el alquiler» del piso de Rubiales atendiendo a sus propias instrucciones internas. En su reunión del 24 de julio de 2018, cuando el actual mandamás llevaba dos meses en el cargo, la asamblea federativa mantuvo que se seguiría poniendo a disposición del presidente una vivienda «cuando tuviera su domicilio habitual fuera de la Comunidad de Madrid». Era el criterio que se mantenía desde 1989, al inicio de la etapa de Ángel María Villar.

 

La acción promovida por CENAFE ante la Fiscalía no es la única que se ha dirigido por el momento contra la RFEF.

 

En el plano administrativo, AFE, por el presunto espionaje a su presidente David Aganzo, y el club Dux Internacional, que milita en el grupo 1 de la Primera RFEF, por el tema de la vivienda, han pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) que inste al TAD para que abra un procedimiento disciplinario al presidente federativo y su suspensión cautelar.

 

La jueza rechazó las cautelares contra El Confidencial

 

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Pozuelo de Alarcón rechazó ayer miércoles de plano la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de secuestrar las informaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las múltiples irregularidades de su gestión.

 

La RFEF había solicitado silenciar al periódico durante 12 meses como medida cautelar en el marco de la querella presentada contra los periodistas y el medio de comunicación.

 

Según informa El Confidencial, la magistrada sostiene en su auto que la información "es de interés general", que afecta a "una institución pública" y que en ella se apuntan "hechos de dudosa legalidad".

 

Afirma que no hay indicios de que el periódico o sus redactores participasen en ninguna sustracción de datos y tacha de especulaciones las tesis del hackeo como origen de la información.

 

 

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